Consejo de Ministros
El Gobierno permitirá destinar el superávit de los presupuestos a proyectos y no solo a la deuda
Las iniciativas a ejecutar deberán ser Inversiones Financieramente Sostenibles

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / MANUEL MURILLO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el que se permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales, en este caso al Ayuntamiento de Córdoba, poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027. Según ha informado el Gobierno, lo que se pretende es «favorecer la actividad inversora» de estas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchas de ellas les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años.
En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, cerró sus presupuestos del 2024 con un superávit de 38,3 millones de euros de un presupuesto que alcanzó los 409,5 millones de euros. Y a esa cantidad del superávit de 2024 de la matriz municipal habría que sumar los más de nueve millones de remanentes con los que los organismos autónomos municipales cerraron el ejercicio.
¿Qué tipo de proyectos podrán hacerse?
Hasta ahora, el dinero que no se gastaba del presupuesto se destinaba a pagar la deuda, que era lo que permitía el Ejecutivo. Sin embargo, a partir del año que viene se podrán plantear proyectos a cubrir con ese superávit. El Gobierno determinar que esos proyectos que se podrán ejecutar deberán ser Inversiones Financieramente Sostenibles, es decir, aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las entidades locales y comunidades autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
Eso sí, para poder beneficiarse de esta regla, las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.
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