«En discapacidad, el reto hoy es el laboral, hay que respetar la reserva de plazas»

Lleva muchos años al pie del cañón y su vocación de fiscal está intacta. Asegura que tiene suerte porque su jefe muy implicado con esta sección. Arrastra la frustración por los reclusos con enfermedad mental o discapacidad psíquica que acaban en la cárcel por falta de recursos sociosanitarios y aunque muchas personas acuden a su despacho a pedirle soluciones para problemas que deberían arreglar otros, la puerta sigue abierta. Atiende a todo el colectivo, pero son las personas con discapacidad psíquica, demencia y enfermedad mental quienes requieren una mayor atención, ya que su capacidad intelectual está alterada y eso los hace más vulnerables.

-Lleva siendo fiscal de esta sección desde 1990. ¿Han cambiado mucho las cosas en este tiempo?

-Los que llevamos muchos años solemos decir: «Hay que ver cómo ha mejorado esto». Para empezar, hoy se llama sección de apoyo porque la Convención de la ONU cambió completamente el enfoque: ya no se incapacita a nadie; se prestan apoyos para que la persona, poniendo lo que pueda de su parte, pueda llegar. Los apoyos son como mis gafas: si me las quito, tengo dificultades, pero no hace falta incapacitarme; basta con que me dé las gafas y sigo solo. Esa es la idea.

-¿Cómo ha cambiado la vida de las personas con discapacidad?

-Cuando llegué, existía la «realidad de la ocultación»: personas muy queridas, pero ocultas en sus casas. Recuerdo visitarles en habitaciones, con la televisión puesta, pero sin vida social. Eso ha cambiado. Primero se incorporaron laboralmente en algunos oficios; luego llegó el ocio, el deporte, los campamentos… Siempre con el valor de los padres, que aunque sintieron miedo, apostaron por permitir que sus hijos participaran. Otros no pudieron, pero quienes lo hicieron, vieron que funcionaba bien. Cuando se ha dado oportunidad, las personas con discapacidad han respondido muchísimo mejor de lo que imaginábamos. Y al final se ha demostrado que pueden disfrutar: eso ha generado una reflexión mundial que culmina en la Convención de la ONU. La convención se basa en tres palabras: voluntad, deseos y preferencias. Si a cualquiera nos expropian la voluntad, deseos y preferencias, nuestra vida sería muy mala. El cambio es pasar del modelo asistencial a un modelo de derechos humanos. Esto lo han impulsado las entidades, que llevan desde finales de los 60 reivindicando dignidad. Para mí, como fiscal, ver este cambio ha sido glorioso. Y la sociedad ha acompañado. La película Campeones, por ejemplo, también ayudó. Personas que antes estaban destinadas a la ocultación, hoy están en la vida, en el ocio, en la sociedad.

-La Ley 8/2021 elimina la incapacitación. ¿Qué valoración hace del resultado?

-La valoración la hacen ellos. Yo suelo explicar esto con la metáfora de la fiebre: fiebre es fiebre, pero no es igual 37 que 40, hay distintos niveles. En afectaciones muy severas, la autonomía está muy limitada y siempre necesitarán apoyos muy intensos. Pero todos tienen deseos y preferencias, incluso quienes no pueden elaborar un discurso intelectual. Eso se detecta con sensibilidad. En casos como el síndrome Down, ha habido un avance enorme. Hoy una persona con síndrome de Down puede tener un trabajo, un puesto en la sociedad. Es un horror pensar en incapacitar plenamente a alguien que, con pequeños apoyos, puede vivir su vida. Ellos mismos pueden decidir quién les apoya y llevar las riendas de su vida. Que te dejen hacer aporta felicidad, les dignifica como personas aunque también existe resistencia familiar, y una perspectiva de género: ellas lo tienen más difícil.

Las leyes son una oportunidad, pero si nadie las mueve, quedan en letra muerta

-¿Diría que las personas con discapacidad conocen sus derechos?

-Sí. En la franja de discapacidad leve y moderada, los conocen y los reivindican. Solo en afectaciones muy profundas no lo hacen. Ha habido un movimiento de afirmación. Las leyes son una oportunidad, pero si nadie las mueve, quedan en letra muerta. Estas personas tienen conciencia de lo que son y de sus carencias; plantean con normalidad que quieren vivir en pareja, por ejemplo. Hubo casos judiciales llamativos: jóvenes judicialmente incapaces por motivos nimios que querían que se les quitara la incapacitación porque tenían pareja, porque su familia no les dejaba vivir juntos… Yo, cuando veía que era posible, presentaba demandas de recapacitación y algunos padres me tachaban de irresponsable. Hoy todo eso está normalizado. La evolución ha sido muy grande gracias también a la aceptación social.

«Yo eliminaría los juicios rápidos para los delitos de violencia familiar y resistencia a la autoridad»

-¿Cuál es el reto actual para las personas con discapacidad hoy, después de tanta evolución?

-El gran reto es el laboral. Hay que respetar las reservas de plazas y no pasarlas al turno libre. Las quejas son frecuentes: se reservan, pero no se cubren, y luego se transfieren al turno libre. Eso no puede ser: deben mantenerse y, si no se cubren, pasar al siguiente ejercicio. Además, hay un problema nuevo: Cuando consiguen trabajo, nómina y tarjeta de crédito, son carne de cañón para los estafadores, también las personas mayores. Yo llevo discapacidad y defensa de consumidores. Hay un vacío legal porque no se contempla la vulnerabilidad y esto es gravísimo. No puede ser que se concedan préstamos a golpe de clic a estas personas. También están las llamadas telefónicas. Venden ordenadores a personas que no lo necesitan aprovechando que están solos o no son conscientes de lo que están haciendo. Estafar a una persona con discapacidad psíquica debería considerarse agravante. Y estamos trabajando para que lo sea. Muchos entran en páginas raras sin ser conscientes, la policía detecta el tráfico en webs de pornografía o incluso vinculadas al terrorismo y acaban detenidos.

«Mi gran fracaso ha sido la enfermedad mental, donde ya me encuentro prácticamente solo»

-La terminología en discapacidad ha cambiado mucho. ¿Es realmente útil o es solo corrección política?

-Sí, ayuda. La batalla por las palabras es esencial. A veces se han cometido excesos, pero en este campo ha sido certero. Cuando yo entré aquí, se usaba el término «subnormal». Hoy nos sorprende y avergüenza. Luego se pasó a «personas con discapacidad». De incapacitación, hemos pasado a medidas de apoyo. Antes era como coger a la persona en brazos y llevarla donde tú querías. Ahora se le dice: «Apóyate aquí, yo te doy la mano, y tú camina». Las personas con discapacidad valoran mucho que se les dé la oportunidad de ganar autonomía.

-Dice que en su despacho es donde más se llora por metro cuadrado. ¿Lo dice por las personas con discapacidad?

-No, en ese caso, hablo de la enfermedad mental, ese ha sido mi gran fracaso. A diferencia de la discapacidad, en salud mental, donde me encuentro prácticamente solo. Cuando se hizo la reforma psiquiátrica había profesionales de la psiquiatría muy comprometidos, asociaciones, familias súper volcadas, estaba la administración. Desde 2005, no hay nadie. Ya me gustaría que hubiese la quinta parte en enfermedad mental de lo que hay en discapacidad intelectual. La discapacidad psíquica es algo estable desde el nacimiento. Pero en la salud mental, una persona con 27 años, ingeniero, con hijos, puede debutar con una esquizofrenia, muchas veces inducida por consumo de drogas. Es el cerebro el que «salta por los aires». Y no tenemos recursos suficientes. Ya no existe el psiquiátrico ni tiene por qué existir, existe la atención comunitaria, pero los recursos públicos son escasos y el dolor lo soportan las familias, que llegan destrozadas. Me preguntan: «¿No hay herramientas jurídicas?». Pero lo que faltan son recursos asistenciales y sociosanitarios. La atención comunitaria consiste en que vayan al centro médico a recibir medicación cada tres meses, pero la mitad no acude, porque no tiene conciencia de enfermedad. Por eso, acaban en la calle o en las casas sin tratamiento. Las familias sufren y vienen aquí buscando una solución que no tengo. Si una persona está enferma, el que tiene que responder es el sistema sanitario, no el judicial.

-Cuando vienen aquí desesperados, ¿qué esperan de usted?

-Vienen porque llevo 35 años aquí y saben que les atendemos. Muchos vienen derivados por trabajadores sociales; otros por lo que han oído; algunos desde el juzgado de guardia. Pero no vienen a denunciar: vienen pidiendo alivio o una solución. Yo les escucho, pero no tengo instrumentos sanitarios. A veces discrepo de los informes médicos, pero no puedo contradecirlos: igual que ellos discrepan de informes jurídicos, pero no pueden invalidarlos. La capacidad de una persona para decidir no es objetivable: no hay radiografía ni placa que lo determine. Por eso entramos en debates eternos: si un médico dice que tiene capacidad, yo no puedo decir lo contrario.

Me gustaría que se entendiese que no es misión de la Fiscalía ni de los jueces organizar la política sociosanitaria

-La Junta habla de récord de personas atendidas en Dependencia, pero se estima que más de 5.000 han muerto esperando prestación en Andalucía. ¿Contra eso se puede hacer algo desde la Fiscalía?

-Desconozco la cifra de personas que fallecieron esperando que concluyera su expediente. A Fiscalía llegaron unas pocas comunicaciones de particulares y, sobre todo, en octubre de 2024, un Manifiesto del Consejo Andaluz de Trabajo Social que se exigía que la Junta adoptase medidas urgentes ante el colapso del sistema. Yo convoqué inmediatamente a la delegada de Inclusión Social y a la responsable del Área de Dependencia y me señalaron los años 2022 y 2023 como aquellos con mayor lista de espera, lo que había motivado un Decreto (Decreto Ley 3/2024 de 6 de febrero) con medidas de simplificación y racionalización administrativa para aliviar el problema y solucionarlo a medio plazo. También me contaron los problemas de aplicación de este Decreto. Entretanto, algunos particulares acudieron a los Juzgados reclamando indemnizaciones por funcionamiento anormal de los servicios públicos, obteniendo en general sentencias favorables. Me gustaría que se entendiese que no es misión de la Fiscalía ni de los jueces organizar la política sociosanitaria. Ni el fiscal ni el juez tiene competencias para conceder o distribuir plazas o recursos ni para modificar listas de espera. Si existe alguna infracción, los juzgados atenderán las denuncias y dictarán las sentencias correspondientes. Más allá, están las responsabilidades políticas, pero este es terreno ajeno a lo judicial.

-En la pandemia se puso el foco en las residencias de mayores, por las que ustedes velan. ¿Se han mantenido los estándares?

-Este es el colectivo del que quizá menos hablamos: las demencias. Nosotros tenemos obligación de visitar residencias. Ha habido un movimiento de «ir y venir». En el verano de 2020, tuvimos la ilusión de que el covid se había acabado: tras marzo, abril y mayo tan duros, el calor pareció frenarlo, pero luego volvió. La Consejería de Salud impulsó programas enormes: avituallamiento de medios, entrenamiento… Fue un antes y un después. La conmoción fue tan grande que se instauraron protocolos sólidos, y eso ha quedado. Hay experiencia, hay entrenamiento, y a nivel de emergencia todo funciona bien. Pero el día a día depende de quién tengas al lado: Si la persona es vocacional y te quiere, tu vida será buena. Si está solo para cobrar un sueldo, no tanto. La Fiscalía no puede intervenir ahí.

Una parte importante de las personas que antes estaban en el psiquiátrico ahora están en prisión

-Si pudiera impulsar una reforma para mejorar la atención a las personas con discapacidad desde el ámbito jurídico, ¿cuál sería?

-Lo más urgente, lo que más me duele, es la presencia de personas con discapacidad psíquica en prisión. Una parte importante de las personas que antes estaban en el psiquiátrico ahora están en prisión. Eso me quita la paz, es una cosa tremenda, la estadística habla de un 18% de población reclusa con discapacidad o problemas de salud mental y va a peor. Llegan ahí porque en momentos de agitación, cometen algún hecho y acaban en el juzgado de guardia, donde hay una cosa terrible que son los juicios rápidos. Ahí no hay manera de reflexionar nada. Con un mecanismo de conformidad, son condenadas, muchas sin haber visto ni al juez ni al fiscal. Esto es gordo.

-¿Qué habría que modificar?

-Yo eliminaría los juicios rápidos para dos delitos: Violencia familiar y atentado o resistencia a la autoridad. Esos dos delitos suponen el 83% de los casos que llevan a personas con discapacidad psíquica a prisión. Si no fuesen por juicio rápido, se podrían analizar con calma, valorar la discapacidad, parar el proceso, estudiar medidas alternativas… Además, la Consejería de Justicia está trabajando en una experiencia piloto para desarrollar la figura del facilitador que contempla la ley 8/21, del derecho de entender y ser entendido, hablamos de una persona que en casos de discapacidad intelectual o enfermedad mental haga de intérprete con el juez para que conozca su estado y lo que hay detrás de lo ocurrido.

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