Una familia de Córdoba denuncia que lleva "más de 15 meses" esperando la revisión del grado de dependencia de una mujer mayor

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la que pone de manifiesto "el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de los plazos legales establecidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia", asegura esta asociación de consumidores en una nota de prensa.

María Rosa E. P., vecina de Córdoba capital, "lleva esperando más de 15 meses una solicitud revisión del grado de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA), cuando el artículo 30 de la citada ley establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de seis meses", asegura Facua.

La afectada, una mujer de avanzada edad diagnosticada con Alzheimer, solicitó en julio de 2024 la revisión de su grado de dependencia -de nivel II (dependencia severa) a nivel III (gran dependencia)-, así como la modificación de su prestación, pasando del centro de día a la prestación vinculada al servicio, con el fin de poder costear una plaza en una residencia especializada.

Sin respuesta

Transcurridos 15 meses, afirma Facua, "María Rosa todavía no ha recibido respuesta ni resolución alguna". A pesar de haber presentado varias reclamaciones formales, "las contestaciones de la Administración autonómica se limitan a evasivas y a la confirmación de que los expedientes están en cola", continúa la nota de la organización de consumidores.

Para Facua Córdoba, este caso "evidencia el colapso del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, y lamenta que ningún responsable asuma las consecuencias de estos incumplimientos".

Retrasos

La asociación advierte además de que "no se trata de un caso aislado". "Diversas asociaciones de familiares y plataformas de personas dependientes llevan años alertando de los retrasos crónicos y la falta de recursos en la gestión de la dependencia. Sin embargo, la Junta de Andalucía continúa incumpliendo los plazos legales, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo", garantiza Facua.

Finalmente, esta entidad insiste en que este caso pretende "visibilizar un problema estructural que afecta a todo el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza". La asociación recuerda que "la ciudadanía no pide favores a la Administración, sino el cumplimiento de la ley vigente".

Este periódico ha contactado con la Junta de Andalucía para conocer su versión del caso denunciado, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.