Proyectos tractores para potenciar la industria de defensa

La ventana de oportunidad que abre la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) para potenciar y expandir la industria cordobesa es amplia y se encuentra en un punto de desarrollo ideal. El momento lo expresó y sintetizó el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, en Los Desayunos de CÓRDOBA, el pasado mes de septiembre. «Tenemos que conocer la capacidad de los parques industriales, adaptar los polígonos a la logística, centros muy dinámicos que pueden encajar en las necesidades de las empresas», que verán expandirse su actividad gracias al «gran tractor que tenemos» en la BLET. Y por si quedaban dudas, resumió su intervención en esta jornada, centrada en el desarrollo industrial de Córdoba al calor de la base del Ejército, de este modo: «Tenemos una oportunidad histórica para industrializarnos y el deber de intentar crear las condiciones para que el talento que tenemos despegue y se coma el mundo».

Geopolítica y defensa

El momento es el idóneo por varios motivos. En primer lugar, la dinámica internacional, tanto europea como en los Estados Unidos, la OTAN en su conjunto y el resto del planeta. El sector de la defensa está en claro auge, espoleado por los acuerdos alcanzados en la Cumbre de la Haya (2025), que la OTAN celebró en esta ciudad de los Países Bajos. Hace escasos meses, allí se decidió que todos los países de la Organización Atlántica llegasen al 5% del PIB de inversión en defensa y seguridad con el horizonte en 2035, con un cronograma por cada nación de los esfuerzos inversores necesarios para llegar a este punto en los próximos 10 años. España, según fuentes oficiales tras la cumbre, alcanzó un consenso de mínimos con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que limitaba al 3,5% el gasto del PIB en defensa de nuestro país en dicho horizonte. En 2025, la cifra llega ya al 2%, según las previsiones más optimistas y en crecimiento, por lo que el esfuerzo en España debe ser aún muy importante para alcanzar los compromisos internacionales alcanzados.

Tanto en Alemania como en Francia y en buena parte de Europa, el gasto en defensa se considera vital, al margen de la amenaza bélica, para tratar de reanimar unas economías que no han logrado índices de crecimiento económico destacables desde la crisis del covid, y que no despegan frente al auge de China y la fuerte apuesta de los EEUU de Donald Trump por mejorar su economía a base de reindustrialización y aranceles.

Industrialización acelerada

En España, esta industrialización de la mano de la defensa y la seguridad puede erigir a Indra en un tractor estratégico de la industria de defensa. Esta empresa se encuentra, precisamente, en conversaciones con Escribano Mechanical&Engineering (EM&M), potente firma que tiene ya presencia en Córdoba como resultado de la progresiva implantación de la Base Logística del Ejército. Actualmente, la SEPI, una empresa de participación industrial pública española, tiene el 28% de sus acciones, seguida de la propia Escribano (14,3%), SAPA, Amber Capita y otros inversores.

Pero, aún con la absorción, no sería la única gran empresa de defensa y seguridad de España. Tal y como analiza el Catálogo de la Industria Española de Defensa, elaborado por el Ministerio de Defensa y publicado este año, un contexto geopolítico «cada vez más afectado por tensiones, inestabilidad, amenazas híbridas y conflictos armados» lleva al país al «incremento del presupuesto en defensa» con el objetivo de «adquirir capacidades que garanticen la seguridad de nuestros ciudadanos». Dentro de ese objetivo, Defensa considera «fundamental» la participación del Gobierno y de la industria privada en «programas de cooperación industrial en armamento y material (…) en iniciativas tanto europeas como de la OTAN», implementando un «fuerte apoyo institucional» para mantener y mejorar la posición de la industria de defensa española.

Precisamente, este catálogo recoge cuáles son las principales industrias del sector en nuestro país. Son cientos las empresas, tanto de escala internacional como pymes, las que participan del desarrollo industrial en defensa y seguridad, siendo este documento clave para entender las sinergias. No obstante, a nivel nacional, hay que destacar, además de a Indra y Escribano M&E, a otras como Airbus (consorcio europeo aeroespacial con fuerte implantación en España y Andalucía, en Sevilla); Navantia (pública, de construcción naval); GDELS-Santa Bárbara (sistemas terrestres, especialmente vehículos blindados y munición, filial española de la estadounidense General Dynamics); Tecnobit (ciberseguridad y comunicaciones encriptadas); además de otras compañías importantes como Grupo Oesía, Hisdesat, Expal, Sener, GMV, Sicnova-Meltio e ITP Aero, entre otras. El consorcio Tess Defence, participado por Santa Bárbara, Indra, Escribano y Sapa, se encarga del desarrollo y construcción del blindado 8x8 Dragón.

Industria de defensa en córdoba

En Córdoba, la implantación de la BLET -cuyo vallado, perimetración y urbanización acabaron en julio de este 2025, y que debe estar operativa desde 2028- ha servido de eje sobre el que se vertebrarán muchas de estas industrias de defensa y empresas de seguridad.

El esfuerzo de las instituciones es y seguirá siendo muy grande. Sólo el Ayuntamiento de Córdoba ha aportado ya 25 millones de euros para la BLET, aunque la inversión total de todas las instituciones superará los 535 millones de euros hasta su puesta en funcionamiento. Son cifras que muestran el potencial de la industria que puede acoplarse a su alrededor. La primera empresa en implantarse ha sido Escribano M&E, en el parque científico tecnológico de Rabanales 21, donde desarrollará el sistema Silam de lanzamiento de cohetes en movilidad, además de otros sistemas de armas. Actualmente, la empresa tiene 75 trabajadores en Córdoba, plantilla que pretende duplicar antes de finalizar el año, según sus previsiones. También tiene presencia en Córdoba GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con una sede de implantación progresiva en Rabanales 21. En los próximos meses, espera tener más de 20 trabajadores operativos.

Por su parte, el Grupo Oesía, multinacional de la ingeniería digital e industrial con más de 3.400 empleados, anunció en la última feria de defensa Feindef la apertura de una sede en Córdoba, al calor de la BLET, y hace escasos días la apertura de un centro en Rabanales 21, con un centenar de trabajadores de alta cualificación.

Por otro lado, hay que destacar que el consorcio Tess Defence para la fabricación del VCR 8X8 Dragón ya dispone de un grupo de trabajo con ingenieros en el Centro de Mantenimiento de Vehículos del Ejército de Tierra de El Higuerón.

Asimismo, por lo que respecta a Indra ha adquirido y puesto en marcha una planta en Las Quemadas donde fabricará un sistema de radares de uso civil y militar. Precisamente, esta multinacional tiene proyectos de expansión en Córdoba de la mano de su filial Deuser, en un futuro en sus terrenos en el Polígono de San Carlos.

Un sector clave en Andalucía

A nivel andaluz, la industria de defensa y aeroespacial es un sector absolutamente consolidado y con un papel clave para la economía de la región. Según un informe de 2025 de la auditora PwC para el consorcio de empresas Tedae, esta industria genera el 10% del nuevo empleo en Andalucía, más de 25.000 puestos de trabajo, siendo nuestra comunidad autónoma la segunda con mayor peso de la industria de defensa, por delante del País Vasco o Cataluña, y solo a la zaga de Madrid. Entre el sector aeronáutico, naval y el resto de la defensa, generan más del 31% del PIB industrial andaluz.La compañía con mayor importancia en la región es Navantia, gracias a sus astilleros en San Fernando, Puerto Real y Sevilla. Tiene más de 2.000 trabajadores que construyen y mantienen buques militares, siendo un contratista fundamental y estratégico de la Armada española. También fabrica barcos para otros países. Por su parte, Airbus, fabricante de aeronaves, dispone de unas importantes instalaciones en Sevilla, donde ha desarrollado parte del Airbus A400M, un avión de transporte esencial para la OTAN. Dispone de más de 1.500 empleados.

Además, Indra fabrica tecnologías de la información, radares y simuladores de vuelo entre Sevilla y Huelva, además de en Córdoba. Misma situación de GDELS-Santa Bárbara, con los vehículos blindados y la artillería, ya que, además de sus nuevas instalaciones en Rabanales 21, dispone de una importante fábrica en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Sener fabrica componentes aeroespaciales en Sevilla y Tecnobit, del Grupo Oesía, comunicaciones y otras tecnologías de alto valor estratégico. Muchas otras empresas más pequeñas tienen también presencia en Andalucía.

Como hemos visto hasta ahora, la inversión pública es una semilla fundamental para que crezcan y prosperen las empresas del sector industrial de la defensa y la seguridad. Precisamente, es objetivo de este estudio el analizar la arquitectura básica del gasto público en el sector, profundizando en las distintas instituciones y sus planes proyectados.

Ministerios de Defensa e Industria

El papel del Ministerio de Defensa es clave. En primer lugar, por ser eje de las contrataciones al sector privado de programas de armamento, de fabricación de blindados, aviones o barcos, entre otros sistemas. Además, se encarga de pagar el sueldo de los soldados, de mantener las instalaciones de defensa y seguridad y, en definitiva, ser el actor protagonista para garantizar la paz y la seguridad de España.

En el proceso de expansión del gasto en defensa para cumplir con los acuerdos de la OTAN, y en ese contexto geopolítico complejo y con inseguridad creciente en el que se mueve España, el Gobierno acaba de aprobar el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que pretende invertir, solo en este 2025, un total de 10.471 millones de euros adicionales para políticas de defensa, en un esfuerzo catalogado de «importante» por el Ministerio para mantener a España por encima del 2% del PIB ya en este 2025.

Este reforzamiento del gasto público tiene como meta derivada, según el documento publicado por el propio Consejo de Ministros, el «impulsar la innovación y la reindustrialización en torno las tecnologías civiles y militares, con beneficios asociados para las empresas y el empleo». El plan del Ejecutivo central tiene cinco pilares decisivos, de mayor a menor inversión total. Lidera el esfuerzo la mejora de sueldos y retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, con la incorporación de nuevos efectivos. En segundo lugar, está la fabricación y adquisición de «nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad», con especial énfasis en las telecomunicaciones cifradas y la seguridad digital a través de la IA. Solo en el «escudo digital» reforzado, el Gobierno invertirá más de 3.000 millones de euros. Una tercera pata del plan se centrará en fabricar y comprar equipos de defensa. Hablamos, entre otros equipos, de aviones, blindados, fragatas, submarinos o vehículos especiales para las misiones internacionales, con cerca de 2.000 millones de gasto. El cuarto pilar está relacionado con la utilización de capacidades duales de las Fuerzas Armadas en situaciones como las vividas en la dana de Valencia o los dramáticos incendios del pasado verano. Este cuarto pilar acumula 1.750 millones de euros para disponer de nuevas flotas de helicópteros de rescate o de aviones cisterna, entre otros. Finalmente, el quinto pilar del plan, con un 3,14% de la inversión, está dedicado exclusivamente a los 3.000 efectivos de las 16 misiones de España en el extranjero.

Para los más de 30.000 millones de euros de inversión en defensa que pretende desarrollar España, un aspecto esencial son los Programas Especiales de Armamentos (PEAS). Tal y como explica el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en un informe del mes de junio, el PEAS incorpora a los actores del sector industrial y, especialmente, al Ministerio de Industria y Turismo (MITU), al esfuerzo de defensa.

El sistema, en resumen, permite la entrega de material y equipo, así como el I+D+i necesario, con un «calendario acorde a las necesidades», explica el informe. El Ministerio de Industria (MITU) concede préstamos a las empresas contrastadas por Defensa incorporando el coste del proyecto, el periodo de entrega y el calendario de financiación. De los 10.471 millones de euros previstos por el Gobierno como incremento en 2025, «se estima que unos 4.500 millones de euros serán créditos del MITU a las empresas del sector industrial», asegura el Ceseden.

PERTE de Defensa

Dentro de los planes especiales de financiación con fondos europeos, derivados del gasto extraordinario de la UE para potenciar la economía europea tras la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, se encuentra el Perte Aeroespacial. Elaborado con el calendario 2022-2025, ha sido y sigue siendo esencial para entender los desarrollos de la industria de seguridad española con la mencionada semilla del sector público.

El Perte Aeroespacial tenía previsto movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones. Una parte significativa del Perte de Defensa ayuda a fortalecer la seguridad y la ciberseguridad. La automatización y la robótica, dos esferas sin las que no se entenderá la Base Logística del Ejército en Córdoba, han tenido en el Perte un desarrollo sensible con el objetivo de fabricar vehículos autónomos, drones de defensa y tecnología satelital y de comunicaciones.

La colaboración público-privada ha sido otro eje del Perte, estableciendo alianzas estratégicas entre empresas del sector público y el Ministerio de Defensa que ya están dando resultados en la multiplicación del impacto de las inversiones, acelerando asimismo la adopción de nuevas tecnologías en las compañías y mejorando la formación de sus empleados y de los soldados españoles. Empresas implantadas en Andalucía como Navantia, Airbus, Indra, Santa Bárbara o Expal se han beneficiado de las inversiones del Perte, con efectos directos en la modernización de buques, el desarrollo de sistemas autónomos de defensa y la ciberseguridad de los equipos, entre otros.

La contratación pública de Defensa

En este crecimiento exponencial de la inversión en defensa, no solo cabe hablar de los instrumentos habilitados por Defensa o Industria, o del Perte con refuerzo europeo. Otra pata no menor es la contratación pública del Ministerio de Defensa, de la que informa públicamente la Dirección General de Asuntos Económicos (Digeneco). Según explica el propio Ministerio, desde finales del año 2022 se definió el nuevo «concepto estratégico de la función de compras» de Defensa, integrado dentro de la también novedosa y avanzada «política general y objetivos estratégicos de la función de compras en el Ministerio de Defensa».

La misión de esta nueva filosofía se lleva al terreno práctico como la satisfacción de las peticiones «de manera puntual y eficiente». El método: tramitar y formalizar contratos públicos para obtener obras, suministros y servicios «orientados a conseguir la mejor relación calidad-precio».

Las cifras anuales, publicadas por Defensa, están actualizadas al último ejercicio completo, 2024. Incluyendo todo tipo de expedientes, hay 7.469 millones de euros ya adjudicados a través de esta vía, de los que más de la mitad corresponden a anualidades de 2025 e incluso más avanzadas en el tiempo. Es decir, son compras efectuadas en 2024 con cargo a anualidades futuras, lo que demuestra el grado de eficiencia y la robustez de una estrategia con menos de un lustro de vida. Desglosadas dentro de la estructura del Ministerio, de mayor a menor importancia se encuentran el órgano central (4.120 millones de euros), el Ejército de Tierra (1.235 millones); el Ejército del Aire y el Espacio (1.008 millones); la Armada (951 millones) y el Estado Mayor (155 millones). Por tipología de contratos, otro vector interesante de análisis, las adquisiciones son fundamentalmente de suministros (4.908,1 millones de euros), seguidos de los servicios (1.183,5 millones de euros), compras mixtas (1.051,4 millones de euros), obras (325,7 millones de euros) y concesión de servicios (200.000 euros).

Ayudas europeas

Además de las estatales, la Unión Europea tiene sus propias herramientas para el apoyo e inversión en la industria de defensa, potenciadas desde el inicio, en 2022, de la guerra de Ucrania, país al que la UE apoya decididamente.

Por ejemplo, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), dirigido específicamente en apoyo de Ucrania para su asistencia militar, dedicó 28.000 millones de euros en 2023, y otros 21.000 millones estimados en 2024, según recoge un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Además, en marzo de 2024, la Comisión Europea aprobó el Programa Europeo de la Industria de Defensa (PEID 2025-2027), un programa «puente» que permitirá el desarrollo de la industria de seguridad del continente hasta el próximo marco financiero plurianual. Su presupuesto es de 8.000 millones de euros. El PEID desarrollará subvenciones y contratos de cooperación industrial con empresas europeas de defensa, apuntando además a la colaboración transnacional. Las áreas prioritarias de inversión de este vehículo de la Unión Europea son: ciberseguridad; drones y vehículos autónomos; capacidades aeroespaciales, así como defensa convencional, tanto terrestre como aérea y naval.

La apuesta de la OTAN: el plan DIANA

España, como país integrante de la OTAN, también tiene acceso a las capacidades expansivas de la Alianza Atlántica, que en 2023 lanzó la primera convocatoria de un innovador programa, conocido por sus siglas en inglés: DIANA (’Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic’), cuya idea arrancó en realidad dos años antes.

Tras unos inicios sólidos, DIANA avanza como acelerador de la innovación en defensa de la OTAN. Su objetivo es identificar tecnologías duales, es decir, de uso tanto civil como militar, escalando las tecnologías que presentan ‘startups’ innovadoras y que pueden fortalecer la seguridad colectiva de la Alianza.

Los proyectos funcionan del siguiente modo: DIANA abre una convocatoria competitiva a inicios de cada año y las preseleccionadas se asignan a los centros de aceleración dentro de la red. En España, se trata del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), con sede en León, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid.

El programa DIANA, de hecho, puede ser un elemento decisivo en la BLET de Córdoba, que se postula como parte del proceso de aceleradoras de la innovación en seguridad y defensa, gracias a la industria que va situándose en la ciudad y la provincia y postulando como accesoria a las necesidades de desarrollo y modernización de la base conforme esta se construya y asiente dentro del ecosistema de la defensa de España.

En todo caso, un vez las ‘startups’ y proyectos innovadores entran en las incubadoras de DIANA, tienen seis meses para desarrollar sus proyectos y conocer a los usuarios finales de los Gobiernos y la Defensa de la OTAN. En la fase 2, DIANA, una vez seleccionados los proyectos más capaces y con base para su realización práctica, añade financiación adicional y apoyo especializado. Se diseñan los objetivos comerciales, se planifica un programa de recaudación de fondos y se le asigna metas y vías de adopción.

Polos de desarrollo en Andalucía

La fuerte inversión pública que sirve de espoleta del avance de la industria de la defensa en Andalucía no sólo abarca la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, aunque esta es la infraestructura más importante en desarrollo en el sur del país. Según cifras facilitadas el pasado mes de julio por el general de brigada Enrique Ruiz Alonso, jefe de la Oficina de apoyo al proyecto de la BLET, y el teniente general Luis Cebrián, director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, en una jornada de la Oficina del Inversor celebrada en Sevilla, la inversión que supondrá la Base Logística hasta que esté completamente operativa es de 535 millones de euros. Sólo la urbanización de los terrenos, ya finalizada, ha costado 25 millones, a los que se sumará la construcción de los edificios, que se iniciará próximamente, con un presupuesto de 390 millones de euros. La colaboración institucional tanto del Ayuntamiento (25 millones de euros) como de la Junta de Andalucía (otros 100 millones) ha sido total.

No obstante, además de la BLET, hay varios proyectos en desarrollo en nuestra región que cuentan con una serie de inversiones públicas con el objetivo de reforzar las capacidades militares y que tendrán un fuerte impacto positivo en las empresas del sector industrial.

El Cetedex de Jaén

Así, hay que nombrar en primer lugar el Cetedex, un Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se construirá hasta 2029 en Jaén. Allí se desarrollarán sistemas de defensa antidrones, mediante tecnología que los detecte, neutralice y destruya. Habrá zonas de vuelo e instalaciones de sensores. La IA aplicada a diversas áreas, como el análisis de grandes cantidades de datos o la implementación de sistemas de mantenimiento predictivos, tendrán en el Cetedex un lugar clave para su mejora. Y esto hará que las instalaciones jiennenses tengan un punto de conexión clarísimo con la BLET de Córdoba, puesto que el mantenimiento predictivo, el ‘big data’ y la IA serán muy importantes en el desarrollo de la Base Logística cordobesa.

En este sentido, Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, avanzó en 2022 que la inversión inicial para la construcción del Cetedex en Jaén ascendía a 220 millones de euros, con la meta de implementar una «política industrial que atraerá a empresas y que posicionará a Jaén y España» en la innovación vinculada a estos ámbitos.

CEUS de Huelva

Otra fuerte inversión en un centro operativo esencial es la que se ha desarrollado en Huelva para el Centro de Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Sistemas no Tripulados (CEUS). La localidad de Moguer acoge estas instalaciones, que han recibido un fuerte impulso de fondos públicos. En primer lugar, la inversión del Ejecutivo central, cofinanciada, asciende a 28 millones de euros, e incluye la adquisición de un avión-laboratorio, así como otros costes estructurales de la infraestructura.

Por su parte, la Junta de Andalucía asume una inversión inicial de 17 millones de euros, aportando además terrenos por valor de 11 millones de euros y 100.000 euros anuales de su presupuesto para asumir la cogestión del CEUS. Los fondos de la Junta cubrirán obras de construcción, soterramiento de la línea eléctrica y otros gastos inmediatos y también estructurales. Así, la inversión pública en el CEUS de Huelva se acerca ya a los 60 millones de euros, con fuerte presencia de la apuesta del Ejecutivo andaluz.

El CUAM de Sevilla

Por otro lado, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía destina este 2025 una dotación de 9 millones de euros al Centro de Innovación de Vehículos Aéreos no Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla (CUAM, por sus siglas en inglés), una infraestructura impulsada por el Gobierno andaluz junto a la Universidad de Sevilla. Esa cuantía, procedente del programa Feder Andalucía 2021-2027, se suma a la subvención de seis millones que el Ejecutivo autonómico ya transfirió a finales de 2023 a la institución académica para su puesta en marcha, por lo que el apoyo a este centro alcanzará una aportación de 15 millones de euros, financiados al completo por la Junta. Su presupuesto global asciende a 20 millones, por lo que el importe restante de cinco millones hasta completar esa aportación se prevé inyectar por la Administración autonómica en 2026.

Dicha instalación se centrará en generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para usos civiles y, en particular, para su aplicación a la movilidad aérea urbana, haciendo posible la autonomía inteligente y segura de vehículos y sistemas. Además, tal y como explica la Consejería de Economía y Empleo, «se persigue favorecer la transferencia del conocimiento que se va a generar mediante esta iniciativa a las empresas, haciendo especial énfasis en las pymes».

Navantia en Cádiz

Finalmente, aunque no menos importante, hay que destacar otra fuerte inversión pública en instalaciones de defensa de Andalucía. Se trata de los astilleros de Navantia en Puerto Real y San Fernando, que han obtenido una inversión de 105 millones de euros de la empresa pública. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitó recientemente sus instalaciones y anunció la cifra de inversión, que se desglosa en 62 millones de euros para el centro de San Fernando y otros 43 millones en los astilleros de Puerto Real.

En el caso de Navantia, una industria de largo recorrido histórico y que tiene un papel esencial en la dinamización del empleo en la Bahía de Cádiz, la Junta de Andalucía funciona como elemento tractor y generador de sinergias. Por ejemplo, hace menos de dos años, la Agencia IDEA aprobó un incentivo a Navantia para el desarrollo de un proyecto de robot de soldadura portable, por un total de 71.000 euros, en busca de la automatización robótica de los procesos productivos en el astillero.

Una muestra clara de este relevante papel de Andalucía y su Gobierno en el desarrollo de Navantia y del sector industrial de defensa en Cádiz es el Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real, un proyecto estratégico de la Junta de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. «Con una inversión prevista de más de 18 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, a través de Feder, el CFA cuenta con infraestructuras y equipamientos avanzados para que las empresas industriales accedan y aceleren la transferencia del conocimiento al mercado», explica la Junta.

Planes de empleo y formación

De otro lado, dentro de su decidida apuesta por la capacitación de personal y empresas en proyecto vinculados a la seguridad y la defensa, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Proyecto Singular BLET, dirigido a trabajadores, con prioridad para los desempleados. El Ejecutivo autonómico ha identificado 110 especialidades profesionales pensadas para la BLET en Córdoba, consensuadas con el tejido empresarial de la provincia y con las necesidades de empleabilidad de las industrias auxiliares que se asentarán.

El Gobierno andaluz comprometerá 9 millones de euros entre 2025 y 2027 para poder formar en torno a 7.000 personas en trabajos que tendrán gran proyección directa conforme la BLET entre en funcionamiento y las industrias que van asentándose a su alrededor (Indra, Santa Bárbara o Oesía, entre otras) vayan requiriendo personal especializado. El proyecto singular BLET arrancará su formación ya el próximo mes de diciembre, con cursos presenciales en la provincia de Córdoba.

Entre los perfiles laborales, muy diversos, hay soldadores, expertos en ‘big data’, directores logísticos, analistas 5.0, pintores y reparadores de carrocería o electricistas especializados en electrónica de vehículos.

El clúster de defensa

El clúster de empresas de la defensa de Andalucía es Andalucía Aerospace, que engloba no solo a empresas aeroespaciales, sino a todas las que han querido adherirse del sector de defensa y seguridad. Reconocido por la Junta de Andalucía, tiene como meta la de representar al tejido empresarial del sector, trabajando en acciones que mejoren la competitividad de las firmas. En este sentido, el clúster no es solo una buena herramienta para la búsqueda de sinergias y la defensa de la inversión o de la eficiencia. También es un motor para expandir el sector a nivel andaluz. Por ello, la Junta de Andalucía cuenta con ayudas específicas a los clústers. La última, convocada este pasado verano, está dirigida a los clústers innovadores y tecnológicos y cuenta con 31,6 millones de euros en ayudas.

Ayuntamientos y diputaciones

Por su parte, el papel de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en el refuerzo del entorno del tejido productivo del sector de la defensa y la seguridad es muy relevante y adquiere un carácter diverso.

En primer lugar, y especialmente, los ayuntamientos proporcionan suelos y espacios para la ubicación tanto de las empresas del sector secundario vinculadas a la defensa, como de los centros proyectados por los Ministerios y otros organismos de nivel nacional. Además, los consistorios locales pueden convertirse en financiadores, al menos en las primeras fases de los proyectos. De igual modo, su apuesta política, vía acuerdos de todos los grupos municipales, así como el refuerzo del papel activo de las autoridades locales y la financiación de acciones de empleabilidad, formación o incentivos a empresas, son otras teclas que las autoridades municipales pueden tocar (y de hecho tocan) para tratar de ganar un hueco en el ecosistema de la defensa.

El caso del Ayuntamiento de Córdoba

Un caso concreto es el del papel del Ayuntamiento de Córdoba para conseguir la Base Logística del Ejército de Tierra, en primer lugar, y, posteriormente, su apuesta firme para que empresas privadas del sector se asienten en la ciudad. Para la planificación, construcción y desarrollo de la BLET fue necesaria la apuesta decidida del gobierno local y su alcalde, José María Bellido. El Ayuntamiento de Córdoba ha invertido 25 millones de euros en la urbanización de los terrenos, finalizada hace pocas semanas. Terrenos que ofreció al Ministerio de Defensa, y para los que hubo que realizar una innovación del plan parcial de La Rinconada (Plan Parcial de Ordenación (I)-6 Parque Industrial La Rinconada). Esta modificación fue aprobada de manera unánime por todos los grupos políticos del Ayuntamiento y permite no solo la instalación de la base militar, sino también el desarrollo del parque empresarial adherido, de fuerte carácter logístico, con hasta 55 hectáreas potenciales y en el que está previsto que se instalen varias empresas de potente músculo vinculadas a la defensa y la seguridad.

De igual modo, el Consistorio de Córdoba ha participado en varias de las últimas ferias nacionales de defensa (Feindef), organizadas en Madrid, y donde se dio a conocer la instalación de compañías como Escribano, Santa Bárbara o Grupo Oesía. El rol de las autoridades municipales, como puede verse en este caso, no solo es el de financiar, ofrecer suelo o comprometerse políticamente. También es el de facilitador de sinergias entre organismos públicos, empresas privadas, clústers, compañías de formación y la mano de obras especializada.

Mención específica requiere el Imdeec, que, a través de ayudas especializadas, creación de viveros de empresas como el de Tecnocórdoba y eventos especializados de la mano de compañías del sector de defensa, ha apoyado decididamente esas sinergias tan relevantes. La Oficina del Inversor con la CECO, a escala autonómica pero con un importante papel de las autoridades locales, es otro de los polos de vertebración política municipal y de la patronal empresarial. La última, celebrada en julio en Sevilla, estuvo dedicada en exclusiva a las potencialidades de la BLET como proyecto tractor para empresas e inversores.

Diputación de Córdoba

El papel de la Diputación de Córdoba ha sido, también, muy relevante. Además, su importancia está en pleno desarrollo, puesto que la institución presidida por Salvador Fuentes ha entrado de lleno en el proyecto de la mano de la Formación Profesional Dual. Esta FP, organizada por la Junta de Andalucía, tiene en la institución provincial un aliado decidido. A través del Plan Director de Innovación Tecnológica Dual promovido por la Diputación y la Junta, se reunieron en septiembre representantes de las administraciones, de 47 empresas adscritas y de los 20 centros docentes que impartirán las formaciones, que comenzarán en diciembre, vinculadas a 41 grupos de investigación.

Todo el trabajo de análisis primario de los colectivos mencionados ha sido realizado por la Diputación, que ha servido de puntal esencial para impartir los cursos de FP Dual que serán la base sobre la que muchos trabajadores puedan incorporarse a empresas vinculadas a la BLET. «Y con esas necesidades que tiene la Defensa, (desde la Diputación) hemos localizado 24 subgrupos, subgrupos de tareas industriales que coinciden con ellos y que pueden desarrollar y agrandar la base tecnológica de nuestra provincia de Córdoba muy seriamente, con fondos europeos y fondos de la Junta de Andalucía. 47 empresas que después serán más, que son capaces de posicionarse dentro de un mercado muy potente como es el de la Defensa», manifestó Salvador Fuentes durante su intervención, en septiembre, en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA.

Tras la gestión, la implantación

Como se puede observar en este pormenorizado análisis de la gestión pública, la política industrial y las inversiones, la financiación de los distintos organismos y empresas públicas está ya en marcha. Desde la cesión de suelos y la urbanización de los ayuntamientos a la inestimable colaboración de las diputaciones provinciales, las ayudas andaluzas, el motor del Ministerio de Defensa, las compras de armamentos, el papel de Industria, las partidas ordinarias y extraordinarias del Gobierno central y el no menos importante papel de los fondos y partidas europeas.

En el caso que nos compete, la Base Logística del Ejército de Tierra, es más que interesante comprobar que empresas como Escribano, Indra, Santa Bárbara o Grupo Oesía ya están en pleno proceso de instalación y expansión de su presencia en Córdoba, estrechamente vinculadas a la futura proyección de la BLET.

Los esfuerzos de las autoridades públicas para apostar por la industria de la defensa, a nivel nacional, están fuertemente espoleados por la geopolítica internacional, el crecimiento de las inversiones en defensa al calor de los objetivos de la OTAN, las necesidades de la Unión Europea y la propia dinámica expansiva de las empresas de seguridad.

No obstante, el proceso debe seguir avanzando, como muestra la propia dinámica de las empresas implantadas en Andalucía. La creación reciente del clúster sectorial es un ejemplo de esas cadenas de suministro y de talento regionales que deben seguir reforzándose y mejorando para que el ecosistema de la defensa en Andalucía se convierta, de verdad, en una red sólida sobre la que se cimente y aumente su ya destacado peso en el empleo y el PIB industrial.

La BLET, como el Cetedex de Jaén, el CEUS de Huelva o el CUAM de Sevilla, se convierten en nuevos espacios irradiadores sobre los que deben asentarse las industrias principales y las empresas auxiliares hasta crear verdaderos polos de innovación industrial en defensa y seguridad. Polos que deben unirse a Navantia o Airbus hasta hacer del sector industrial de defensa un espacio económico clave y tractor de la innovación y el conocimiento. La formación de talento, vinculada a esos cursos de FP Dual de la Junta, puede y debe ser otra rama específica de enorme crecimiento que ayude a generar los puestos de trabajo especializados que requieren las compañías.

Finalmente, las herramientas de seguimiento, con mediciones constantes en el PIB, el empleo, los contratos o los pedidos, deben servir de indicador de que, efectivamente, la política industrial de defensa avanza y va llegando a las estaciones intermedias que todo proceso generador precisa hasta lograr los objetivos finales. Porque, en definitiva, la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba tiene todos los ingredientes, algunos ya en juego, para ser el gran generador de empleo de calidad en el sector industrial que demanda la provincia de Córdoba.