El PSOE exige al alcalde un plan de control de vertidos contaminantes al río y arroyos de Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha urgido este miércoles al gobierno local de Bellido a que ponga "punto y final a la falta de control sobre vertidos" en las cuencas de arroyos y ríos de Córdoba, y ponga en marcha un plan de inspección para cumplir la legalidad y sancione a los infractores. Los socialistas hacen esta denuncia después de que el TSJA haya condenado al Ayuntamiento de Córdoba al pago de una sanción de más de 8.000 euros por el vertido realizado en la parcelación de la Campiñuela Baja al arroyo Pedroche. "Esta resolución vuelve a poner de manifiesto la falta de control del gobierno de Bellido sobre los vertidos contaminantes en la ciudad y el coste que esa dejadez tiene para todos los cordobeses”, dijo Dobladez. Además, la sentancia se suma a otras tantas que han condenado a la administración local por los vertidos causados en distintos puntos de la ciudad, como las Jaras o Trassierra, que han sido denunciados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Todas las multas

En este sentido, el Ayuntamiento tuvo que pagar otra multa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de 5.293,80 euros por vertidos de aguas residuales sin autorización desde la urbanización Las Jaras al arroyo de Don Lucas; además de otra en junio de 2024 por 10.001 euros, correspondiente a vertidos de aguas residuales procedentes de Trassierra al arroyo del Molino, una infracción por la que el Consistorio ya había sido sancionado anteriormente.

El concejal socialista también se ha referido a otras multas impuestas en los últimos años, como la de octubre de 2023 (más de 5.000 euros) por vertidos en el arroyo Pedroches, así como las referidas a la contaminación en el arroyo Molino, los Baños de Popea y el cauce del Guadalquivir a su paso por la capital. “Es una dinámica normalizada en los últimos años”, ha lamentado Dobladez.

Sanciones

Por todo ello, Dobladez ha insistido en la necesidad de adoptar un plan municipal de inspección de vertidos y de iniciar procedimientos sancionadores contra quienes los provocan, “porque, además de ser una obligación legal de las administraciones públicas, es imprescindible para frenar el daño que estamos causando a nuestro medio ambiente y a los enclaves naturales vinculados al agua”, recordó.

El edil ha recordado que la normativa atribuye a los ayuntamientos la competencia en la regulación de los vertidos residuales procedentes de viviendas, por lo que es responsabilidad del Consistorio velar por el cumplimiento de la ley y adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los cauces públicos. “El alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado. La ciudad necesita un plan de control riguroso, con inspecciones periódicas, coordinación con Emacsa y colaboración con la CHG, para garantizar que no se repiten episodios como este”, concluyó.