Los sindicatos piden más plantilla y recursos para luchar contra el acoso escolar en Córdoba

Sandra se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar en su colegio. Esta niña de 14 años no es la única que ha llegado a este punto, pero su caso tiene al país consternado desde hace días y preguntándose cómo ha podido pasar. La prevención temprana es clave para evitar llegar a tragedias, pero requiere recursos, personal suficiente y especializado para atender los posibles casos, además de contar con los protocolos existentes y con la implicación de familias y de toda la sociedad.

Los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF y la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) coinciden en que los docentes hacen un gran esfuerzo, pero no pueden afrontar solos y sin suficientes recursos (sobre todo humanos) un problema tan complejo como el acoso o el riesgo de suicidio, que es una realidad, además, transversal.

Falta de personal

Para Asadipre falta personal especializado en salud mental en los centros educativos y es necesario hacer un refuerzo en la orientación y atención psicológica, con especialistas en salud mental infantil y juvenil. Su presidente, Rafael Luque, admite que «carecemos de personal especializado que pueda abordar estas situaciones con la profundidad y la inmediatez que requieren», por lo que piden ese refuerzo, además de una mayor formación para el profesorado, con herramientas prácticas para detectar y actuar ante señales de alarma.

El secretario general del sindicato de Enseñanza de CCOO, José Enrique Guerra, lo achaca a la falta de personal porque «cuando se produce un recorte en plantilla, también se produce un recorte en la atención a esas necesidades. Cuantos menos trabajadores haya, menos fuerza se puede hacer», sugiere. Pide un aumento de las plantillas y reducciones horarias para las personas que se encargan de los planes de convivencia y coeducación y poder formarse sin que les cueste trabajar fuera del horario laboral. «Tenemos buena voluntad, pero es necesaria una formación real de los profesionales, efectiva y que permita mejorar nuestras capacidades», agrega.

CSIF advierte de «la alarmante» situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el alumnado y profesorado ante el acoso escolar. Según el último informe elaborado por la organización a partir de un estudio a docentes en Córdoba, el 59% ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar en sus centros educativos, pero solo poco más de un 5% se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia. «La burocracia de los protocolos actuales, los insuficientes recursos personales y de especialistas están generando una situación límite en los centros», denuncia el responsable del Sector de Educación de este sindicato enCórdoba, Antonio Pachón. Asimismo, asegura que el 89% de los docentes reclaman con urgencia el refuerzo de los departamentos y equipos de orientación, en los que se integren perfiles específicos como enfermeras, médicos, psicólogos clínicos y educadores.

Los protocolos

Los sindicatos coinciden en pedir una revisión y una simplificación de los protocolos para hacerlos más ágiles y centrados en la intervención y menos en la burocracia porque actualmente «es excesivamente complejo». Para Rafael Luque «un protocolo que tarda semanas en desarrollarse pierde efectividad. Lo importante es proteger al alumnado y aplicar medidas reales desde el primer momento». Luque explica que cuando se activa oficialmente el protocolo, «la carga burocrática que conlleva es enorme» y la enumera: actas, entrevistas, declaraciones con familias, informes, documentos… «Hablamos de decenas de horas de trabajo que recaen sobre los equipos directivos y de orientación, lo que retrasa la verdadera intervención» y por eso piden su revisión y simplificación.

La encuesta realizada por CSIF, por ejemplo, revela que un 53% del profesorado considera que los protocolos actuales resultan poco operativos en situaciones reales.

El secretario provincial de Enseñanza de UGT, Juan Carlos Varo, asegura que lo que pasó en Sevilla «es un síntoma de cómo está el sistema educativo ahora mismo de colapsado» y asegura que el profesorado «está cargadísimo de burocracia, absolutamente desbordado, y eso hace que en muchas ocasiones, por desgracia, ocurra que no se implementen los protocolos de acoso como todos desearíamos». Para UGT «no es que los protocolos que hay no funcionen, sino que la carga burocrática que conllevan es tan fuerte que muchas veces no se llega a tiempo porque los profesores están cargados de trabajo».

Es por ello que pide como medida urgente «desburocratizar la profesión para que el docente pueda encargarse del alumnado», además de una contratación más amplia de profesorado, que haría que la atención al alumnado fuese más personalizada y «estas cosas no pasarían».

Para Rafael Luque en los colegios públicos de Andalucía «trabajamos con gran sensibilidad ante cualquier indicio de acoso o sufrimiento emocional de un alumno» y afirma que «la inmensa mayoría de los centros activan de inmediato los protocolos establecidos en cuanto se tiene la más mínima sospecha». Sin embargo, «creemos que el sistema necesita revisar sus mecanismos para que estos protocolos sean más ágiles, más humanos y menos burocráticos».

Para Asadipre, se ha avanzado en los últimos años en sensibilización, en detección temprana y en la creación de climas de convivencia positiva, aunque observan un aumento en el número de protocolos abiertos, pero explican que «eso no significa necesariamente que haya más acoso, sino que hay más concienciación y más disposición a actuar ante cualquier indicio». Lo que sí preocupa, agrega Rafael Luque, es el incremento de conflictos derivados del uso de las redes sociales y la exposición digital, que «escapan muchas veces del ámbito del centro pero repercuten directamente en la convivencia escolar».

En definitiva, los sindicatos y asociaciones coinciden en que es necesario un refuerzo del personal, también del especializado, más formación y acompañamiento y la simplificación y revisión de los protocolos de acoso y prevención del suicidio, de modo que sean más eficaces, ágiles y centrados en la intervención.

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