Acoso escolar en Córdoba: «Nos falta ser más valientes y romper el silencio»

La Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar (MIA) es la única que atiende la realidad del bullying en la provincia e intenta dar respuesta y apoyo a las familias con menores afectados por este tipo de maltrato psicológico, verbal o físico. Su presidenta, Pilar Bascón, afirma que, al igual que en el resto de España, el acoso escolar en Córdoba «va en aumento y es necesario reconocerlo como una lacra social».

Para ella, existe «miedo y silencio», y considera que «se protege al acosador y se señala a la víctima» y, además, asegura que falta conocimiento y orientación sobre qué hacer ante un caso, tanto en familias como en docentes. Para Bascón, que afirma que muchas familias acuden a la asociación para pedir consejos, «sienten miedo y desconfianza hacia el sistema educativo y judicial» al momento de dar el paso y accionar. «Nos falta ser más valientes y romper ese silencio existente», expresa.

La asociación detecta más peticiones de ayuda al principio de curso, con un gran aumento de llamadas, normalmente por protocolos que se cerraron al final del curso anterior.

Detectar el acoso

Detectar que un hijo o alumno está sufriendo de acoso a veces es claro y evidente, pero otras el cambio es pequeño y casi no se puede apreciar. Para MIA las señales de alerta se presentan «cuando el niño no quiere ir al colegio, llega con el material escolar roto, se encierra más en su cuarto, lo que antes le gustaba ya no le gusta, es muy común dolores de cabeza o estómago sin motivo aparente y para salir del colegio o su cara refleja tristeza».

Según los datos de una encuesta realizada por CSIF a los docentes, entre las formas de acoso más detectadas por el profesorado destacan la exclusión social o aislamiento (64%), el acoso físico o verbal (62%), el ciberacoso (25%) y el acoso por orientación o identidad sexual (7%).

Bascón asegura que lo primero que deben hacer los adultos es «no ignorar lo que detectamos. Siempre apoyarlos y nunca pedirles que ignoren a los acosadores», sino acudir a su tutor e inmediatamente a su pediatra, porque los juegan un papel muy importante para las familias ya que conocen al menor desde pequeño, así como tratarlo psicológicamente para ayudarle. Es importante, además, «no callar y aguantar una situación que puede llegar incluso al suicidio». También destaca la figura del observador, el alumno que conoce la situación y por temor a represalias no comunica lo que está ocurriendo.

María Fernanda López Durán, maestra de Educación Infantil del colegio Doña María Coronel, de Aguilar de la Frontera y socia de MIA, afirma que los docentes «tenemos la responsabilidad y la obligación de actuar» y de formarse y conocer los protocolos existentes. Pero, eso sí, es necesario un aumento de la plantilla de los centros escolares «con un docente con horario disponible para investigar los posibles problemas», así como recuperar la hora de tutoría «para establecer un diálogo con los alumnos, conocerlos, saber sus preocupaciones y poder detectar cambios en su comportamiento o actitud que puedan ser indicios de problemas». Para ella, también sería importante que un psicólogo externo pudiese evaluar si realmente está ocurriendo un maltrato y qué dimensión tiene. «Somos muchos docentes los que queremos cambiar esta realidad, pero necesitamos las herramientas para conseguirlo», afirma.

Para López Durán es necesario fijar la mirada en la prevención, «trabajando desde Infantil de tres años la importancia del diálogo para expresar cómo se sienten y trabajar la empatía, la educación emocional y que conozcan las consecuencias de sus actos en los demás, reforzar los vínculos de amistad entre los alumnos y que los observadores se posicionen siempre defendiendo a la víctima, no callando».

Para la asociación MIA el protocolo de Educación «no funciona eficazmente, no por el documento en sí, sino por cómo se aplica. Es muy largo y conlleva mucha burocracia. Muchísimos docentes desconocen el protocolo y la responsabilidad que tienen si no actúan ante un supuesto caso de acoso escolar explican y critican que con los protocolos actuales «los centros actúan como juez y árbitro», lo que distorsiona los resultados y nunca podrá ajustarse a la realidad, asegura su presidenta.

En este sentido, piden a la administración más transparencia, alterar el orden del protocolo dando prioridad a las medidas de seguridad y urgencia, acortar el tiempo de actuación, activar programas de sensibilización al alumnado desde cursos inferiores, incorporar la figura de un psicólogo 24/7 ante la apertura de un protocolo y, además, que los docentes y centros educativos «que miren hacia otro lado» sean sancionados por la administración.

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