El PP crea una oficina 'antiokupación' y pone en marcha una web para asesorar a los afectados en Córdoba

El Partido Popular anunció este jueves la creación de una oficina antiokupación en Córdoba y la puesta en marcha de una página web para la defensa y asesoramiento de las personas que sufren este problema. El concejal de Seguridad, Jesús Coca, avanzó estas dos novedades este jueves en el debate de una moción de Vox en la que se exigía al Gobierno agilizar los desahucios y perseguir la llamada "inquiocupación" en Córdoba. El edil informó de que al frente de esta nueva oficina municipal estará un intendente de la Policía Local y contará con una dotación económica (que no se ha especificado) y con medios humanos y materiales. "Este Ayuntamiento da soluciones ante los problemas", aseguró Coca para avanzar que además se ha suscrito un convenio con el Colegio de Abogados que asesorará a las víctimas de la ocupación y pondrá los medios legales para atajar el problema. La web, de momento, se está actualizando, por lo que no está operativa al 100%.

La noticia generó reacciones dispares entre la oposición. La izquierda la acogió con recelo por el hecho de que el PP refrende con ella el discurso de Vox sobre la llamada inquiocupación y exigió la puesta en marcha de la Oficina de la Vivienda para responder al verdadero problema de fondo que es, según ellos, la falta de vivienda; y con el aplauso de Vox: "Bendito sea el señor, hoy estamos de enhorabuena", afirmó Paula Badanelli tras conocer la puesta en marcha de la oficina a la que da un voto de confianza. "Un poquito más de este PP por el bien de todos", añadió.

Lo aprobado en la moción

Con la moción que se aprobó este jueves, el Pleno se compromete a condenar de manera rotunda "la inquiocupación" y toda forma de ocupación ilegal de viviendas, por suponer "una vulneración del derecho constitucional a la propiedad privada y una amenaza al orden legal y a la seguridad ciudadana". Asimismo, insta al Gobierno de la Nación a modificar con urgencia la legislación vigente para agilizar los procedimientos judiciales de desahucio por impago o fraude contractual; permitir el desalojo inmediato en casos de evidentes contratos simulados o inexistencia de título legítimo y perseguir a las mafias de la ocupación y a quienes promuevan, amparen o se lucren con estas prácticas.

Además se comprometen a la creación de un servicio de asesoramiento a afectados por la ocupación y la inquiocupación y un portal de transparencia específico que proporcionará conceptos básicos relacionados con la ocupación ilegal (vivienda, allanamiento, usurpación), los procesos judiciales disponibles, los requisitos de representación legal, y las actuaciones de las diferentes áreas de gobierno en esta materia.

Asimismo, se insta  a las administraciones competentes a promover las medidas necesarias para evitar la inscripción o aceptación en la bolsa de solicitantes de viviendas VPO a personas condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles y la promoción de  beneficios fiscales para los propietarios de viviendas que hayan sidoocupadas ilegalmente.

Por último, se pide reforzar la colaboración con Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil para identificar e intervenir ante viviendas ocupadas ilegalmente, priorizando aquellas vinculadas a actividades delictivas o mafias organizadas.