Análisis
Una quincena de medidas están en marcha para facilitar el acceso a la vivienda
Las administraciones, sobre todo el Gobierno y la Junta, cuentan con ayudas directas para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler
Vista de varios barrios de la ciudad de Córdoba repletos de viviendas y alguna que otra grúa. / A. J. GONZÁLEZ
La situación económica, la sanidad y la vivienda conforman el trío de preocupaciones principales que tienen los españoles, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sobre el tercero, la vivienda y su difícil acceso para según qué escalas de la población, se han escrito ríos de tinta y se seguirán escribiendo. El alza del precio de los pisos, ya sea para comprar o alquilar, no cesa, a lo que suma en muchos territorios, incluida Córdoba, una falta de disponibilidad evidente. Las administraciones, todas, cuentan con planes de vivienda en marcha y otros que llegarán en un futuro próximo que buscan, principalmente, favorecer el acceso a una casa y potenciar la nueva construcción, especialmente la protegida, la social. Dentro de esos planes existen ayudas directas que se conceden, tanto a particulares como a empresas, para que comprar o alquilar un piso no esté solo al alcance de unos pocos, teniendo en cuenta que se trata de un derecho básico. Diario CÓRDOBA ha hecho un listado con todas esas ayudas y las claves que las caracterizan.
Gobierno central
El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 tiene un apartado específico de programas de ayudas. Cerca de una decena de subvenciones directas encaminadas a promover la compra o el alquiler sobre todo en colectivos más desfavorecidos. El Gobierno cuenta con la subsidiación de préstamos convenidos, una ayuda estatal que reduce la cuota mensual de un préstamo hipotecario de vivienda protegida, pagando el Ministerio de Vivienda una parte del mismo directamente a la entidad financiera. También hay un programa de ayudas al alquiler donde se cubre o el 40% de la renta a pagar, el 50% en caso de mayores de 65 años y ayudas del 30% del pago en el tramo comprendido entre 601 y 900 euros en determinados ámbitos a definir por las comunidades autónomas (en todos, siempre, teniendo en cuenta un límite de ingresos). Otra de las ayudas está destinada a personas vulnerables, como víctimas de violencia de género u objeto de desahucio, entre otros (hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de la solución habitacional que se encuentre). La última ayuda que puede considerarse directa es la que facilita el disfrute de una vivienda digna y adecuada a jóvenes de menos de 35 años, ya sea en régimen de alquiler o mediante una ayuda directa a la adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Escaparate de una inmobiliaria. / A. J. GONZÁLEZ
A las ayudas del Estado hay que añadir otros programas de fomento, por ejemplo, del parque de viviendas en alquiler. Aquí se busca, a través de subvenciones a promotores (públicos y privados), construir o rehabilitar viviendas que deberán destinarse a este régimen de comercialización. Hay otro programa similar pero cuyo destino principal se centra en personas mayores o con discapacidad.
Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía también tiene en marcha desde hace años media decena de programas que busca favorecer el acceso a la vivienda. El principal es el programa Garantía Vivienda Andalucía, con el que el Gobierno andaluz concede garantías a personas de hasta 40 años para financiar la adquisición de la primera vivienda con convenios firmados con distintas entidades financieras.
En el caso del alquiler, la Junta cuenta con un buen paquete de ayudas, como el bono alquiler joven (250 euros mensuales, otorgados durante un periodo de 24 meses consecutivos); un complemento de pensión, en su modalidad no contributiva, a jubilados o personas con invalidez reconocida (cumpliendo una serie de requisitos); una ayuda a personas vulnerables (víctimas de violencia de género o desahuciadas de su vivienda habitual) y desgravaciones fiscales para personas inquilinas y propietarias. Sobre este último, en ciertos casos, se puede deducir hasta un 15% del dinero que se destina al alquiler con un límite máximo de 600 euros anuales en el caso de inquilinos, y en el caso de los propietarios están exentos de pagar el IVA, aunque deben declarar los beneficios obtenidos por el alquiler.
Construcción de vivienda en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ
Ayuntamiento
Más allá de potenciar la construcción de VPO, el Ayuntamiento tiene activas, desde sus Servicios Sociales, ayudas al alquiler. La cuantía máxima de cada ayuda, con carácter general, es de 6.000 euros, que se pagan directamente al arrendador, mediante pagos fraccionados de periodicidad mensual.
Diputación
La Diputación no tiene planes de ayudas directas a entregar a quien se compra o alquila un piso, pero sí está interviniendo directamente en la promoción de vivienda protegida dirigiendo parte de sus inversiones a establecer un parque público de VPO en régimen de alquiler a precios asequibles. Por otro lado, la empresa provincial de suelo y vivienda (Grupo Cinco) se establece como una herramienta de apoyo a los municipios en la gestión de proyectos de vivienda pública cuya inversión sea asumida por los ayuntamientos y cofinanciada a través de convocatorias públicas de ayudas. Por ejemplo, en este último caso, se trabaja ya con Lucena, Baena, Montoro, Villanueva del Duque, Pedroche o Zuheros para que la Diputación gestione de forma directa e indirecta la promoción de cerca de un centenar de VPO, con una inversión de casi 12 millones de euros.
Ayudas destinadas a la rehabilitación
Dentro de los programas de ayudas directas que conceden las administraciones, las que están destinadas a la rehabilitación de vivienda también son numerosas. El Gobierno central tiene tres programas activos en este sentido. Uno regula las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencia colectiva, otro está destinado a financiar obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad universal tanto en edificios de viviendas de tipología residencial como en viviendas unifamiliares y el último tiene que ver con financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales, así como obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de edificios y viviendas que sustituyan a otros que previamente se han demolido en la misma zona. La Junta, por su parte, cuenta con el plan Eco Vivienda, que cuenta con seis programas distintos. En concreto, uno tiene que ver con rehabilitación a nivel de barrio, otro de apoyo a oficinas de rehabilitación, otro más a nivel edificio y un cuarto relacionado con la eficiencia energética. A estos se unen otros dos, uno de ayuda a la elaboración del libro del edificio para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación y un último para ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, también lleva varios años impulsando subvenciones de este tipo. Hasta siete programas distintos tiene Vimcorsa en este sentido, destinados no solo a viviendas, sino también a edificios de otro tipo. En concreto, Vimcorsa cuenta con ayudas para rehabilitar edificios y viviendas no protegidos por el PGOU, otros sí protegidos y con cierto valor patrimonial, rehabilitación de espacios en edificios de carácter histórico, adaptación de viviendas a personas con discapacidad, la instalación de ascensores, ayudas para obras de emergencia y otras para realizar las inspecciones técnicas.
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