Tribunales
Un acusado se enfrenta a 16 años de prisión por abusar de su hija y de dos sobrinos en Córdoba
El Ministerio Fiscal afirma que el procesado, supuestamente, realizó tocamientos a las víctimas cuando estaban en la cama y dormida una de ellas

Un cartel anuncia el acceso a la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará el próximo julio a un acusado de, presuntamente, someter a abusos sexuales a su hija y a dos sobrinos cuando estos eran menores de edad en Córdoba. De esta forma, el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal indica que los hechos habrían ocurrido durante años, cuando las víctimas se encontraban en la cama o dormida una de ellas.
De acuerdo con el relato de la acusación pública, en un primer caso, el procesado se introdujo en varias ocasiones en la cama de la perjudicada cuando la niña se hallaba descansando. En esa situación, le habría realizado tocamientos por debajo de la ropa en los pechos y llegó a introducirle el dedo en la vagina.
Respecto a la segunda víctima, detalla que el procesado, de nuevo, se introducía en la cama con ella y le habría tocado la zona vaginal. En el último caso, estaba dormido y, "sin mediar consentimiento, aprovechó el acusado para tocarle sus genitales", precisa.
Atendiendo a estos hechos, el fiscal califica lo ocurrido como dos delitos continuados de abusos sexuales y un delito de abusos sexuales, con la circunstancia agravante de parentesco. Así, en relación al presunto delito cometido sobre su hija, solicita que se impongan al encartado 10 años de prisión y que se le prohíba comunicar o acercarse a ella, en un radio inferior a 300 metros, durante 20 años.
En el caso de uno de sus sobrinos, el fiscal reclama que se prive de libertad al encartado durante tres años, al atribuirle un segundo delito continuado de abusos sexuales. Asimismo, solicita que se le prohíba comunicarse o acercarse a la perjudicada durante un periodo de 13 años.
En último lugar, por el presunto delito de abusos sexuales, reclama tres años de prisión para el procesado y, de nuevo, la prohibición de comunicar o acercarse a la víctima y a su domicilio, en un radio inferior a 300 metros, durante 11 años.
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