‘Inquiokupación’ en Córdoba: «Esto es de locos»

«Estoy con tratamiento médico, me han hecho vulnerable. Yo vivía relativamente normal y siempre he ido atendiéndolo todo», afirma Rafael, afectado por la inquiokupación en Córdoba, entre el desconcierto y la desesperación. Su historia es similar a la de otras familias que ofrecen su testimonio. Prefieren no publicar su nombre real, porque temen ser denunciados por parte de las personas que viven en sus inmuebles sin pagarle el alquiler. «Tú no tienes derechos y ellos los tienen todos», asegura Manuela (en este caso, sí es su nombre), que ha logrado recuperar su vivienda hace algunas semanas.

Rafael continúa la lucha. Su esposa y él compraron sus pisos cuando eran solteros y, una vez formada la familia, decidieron mantenerlos como ahorro para pagar los estudios de sus hijos. «Hasta ahora, no he tenido problema, pero de un tiempo a esta parte han dejado de pagar en los dos. Como las leyes están como están, piensan que están en su derecho de no pagar. El problema es que sigo teniendo que abonar dos hipotecas, comunidades, IBI... Estoy trabajando, pero no me da. Mis hijos están en edad de estudiar. He ido a hablar con el banco y, como no es primera vivienda, no podemos acogernos al código de buenas prácticas. Son 1.500 euros. Cuando empiezas a pegarle bocados a la nómina, ¿de dónde?. Tampoco puedo venderlos, porque están dentro», detalla.

En su opinión, «no hay derecho a que de la noche a la mañana te busquen una ruina». Reivindica que «el Gobierno dé facilidades para la vivienda, pero no a costa de los desgraciados que nos levantamos a las seis de la mañana para trabajar». La familia se plantea vender su propia casa para salir adelante, pero Rafael se pregunta «¿dónde nos vamos a vivir?». También cuestiona de qué serviría denunciar, con el coste económico que conlleva. «No pagan porque tienen la ley de su parte. Esto es de locos», lamenta.

Ante este escenario, afectados por la inquiokupación impulsaron en octubre del año pasado la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), de ámbito nacional. Su secretaria, Virginia Robles, afirma que se han inscrito un millar de perjudicados y cada día reciben una veintena de llamadas nuevas. De acuerdo con sus estimaciones, 80.000 familias sufren impagos de alquileres u ocupaciones en España.

"La 'inquiokupación' está en auge. Tonto es el que paga porque, al final, están protegidos"

Virginia Robles

— Secretaria de Aprovij

El colectivo exige la derogación del decreto 11/2020, publicado durante la pandemia para, entre otras medidas, frenar los desahucios. Además, critica que se considere vulnerable a quienes ingresan menos de 1.800 euros mensuales. Así, la Ley por el derecho a la Vivienda otorga ese perfil a los inquilinos que destinan más del 30% de los ingresos al pago de la renta y suministros, y perciben hasta 1.800 euros al mes. Sin embargo, el sueldo medio en España es de 1.712 euros (con 14 pagas) y en Córdoba, de 1.333 euros.

Después de cuatro años sin cobrar el alquiler, Virginia recuperó su vivienda en 2024 gracias a que pudo demostrar ante los Servicios Sociales que su inquilina trabajaba a jornada completa. También subarrendaba su plaza de garaje. «Se separan ficticiamente, trabajan en B... Hay mucho vulnerable fraudulento. Otras personas sí lo son, pero que las ayude el Gobierno, yo no tengo que ser la solución», defiende.

En los últimos tiempos se han producido algunos avances para frenar la ocupación y considera que «el problema más grave ahora es la inquiokupación. Está en auge. Tonto es el que paga porque, al final, están protegidos».

La Junta de Andalucía detecta una ocupación irregular de vivienda cada semana en Córdoba

El piso, «todo roto»

El segundo problema aparece al regresar al inmueble y encontrar «todo roto y, a veces, con síndromes de Diógenes», detalla Virginia Robles. Manuela confirma esa idea. Cerca de su jubilación, adquirió una vivienda en un municipio malagueño con la ayuda de la herencia de sus padres. Sus inquilinos, una pareja joven, le ocultaron que tenían hijos y entiende, además, que aportaron nóminas falsas. Cuando les anunció que tenían que marcharse, dejaron de pagar. Cruce de denuncias, viajes a Málaga, gastos en abogado y «ellos, vulnerables, no pagan nada», señala. Tras 16 meses, una jueza le dio la razón. «Estaba sin dormir, sin vida propia, agotadísima mentalmente. Es una indignación. El sacrificio que has hecho y los que vivían allí felizmente eran ellos», recuerda. Al marcharse, «dejaron el piso para empezar otra vez de cero», señala también con tristeza.

Otra afectada, Gema, reside fuera de Andalucía, pero tiene una inquiokupa en Córdoba. Está «alucinando», porque «me ha escrito diciéndome que quiere que la desahucie», explica. Después de varios años de alquiler, le ha comunicado el vencimiento del contrato y se ha negado a pagar y a marcharse. Su inquilina tiene problemas con los vecinos y la luz pinchada, pero, pese a denunciarlo, la compañía eléctrica no ha actuado. También apunta que trabaja en negro y cobra el desempleo. Gema sufre ahora ansiedad. «Compré esa casa a un precio muy alto y la alquilaba hasta poder venderla. Dependo completamente del alquiler para pagar la hipoteca y ni siquiera lo cubría. Hay muchísima gente con este problema en España. No le veo ninguna solución», reconoce a este periódico.

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