Hurtado vuelve a pedir la declaración de Córdoba como zona tensionada para bajar el precio del alquiler

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado de nuevo al alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido, que exija a Juanma Moreno la aplicación en Andalucía de la Ley de Vivienda y declarar todo el municipio de Córdoba como zona tensionada. La aplicación de esta ley puede topar los precios de alquiler con los de referencia, lo que supondría --según Hurtado-- una rebaja del alquiler que podría llegar hasta el 20%. Córdoba ha tenido un crecimiento acumulado 2015-2022 de un 23% según un Informe del Banco de España.

Hurtado señala que la Ley de Vivienda está frenando los precios de alquiler en aquellas comunidades autónomas donde se está aplicando, como Cataluña, y por no aplicarse la Ley de Vivienda en Andalucía, y, por tanto, en Córdoba, persiste, sin embargo, la subida de los precios de alquiler sin contención alguna, opina el portavoz del PSOE.

Pocas viviendas de alquiler

Además, lamenta que en todo el municipio de Córdoba no se estén aplicando los precios de referencia como precios máximos de alquiler, por voluntad del presidente de la Junta de no intervenir el mercado de alquiler de vivienda. En Córdoba, señala Hurtado, el porcentaje de viviendas en alquiler es muy bajo, el 11% del total, 14.000 viviendas aproximadamente, de las cuales unas 4.500 viviendas son públicas, 1.000 municipales y 3.300 autonómicas, y 3.350 viviendas son de uso turístico.

Los distritos donde el porcentaje de alquiler es más alto son en Poniente Sur, Centro, Norte-Centro y Norte-Sierra. Para el socialista, la aplicación de los precios de referencia de la Ley de Vivienda junto al aumento del parque público de viviendas en alquiler debiese ser un revulsivo para cambiar la dinámica persistente de los alquileres, y ninguna de estas dos medidas son asumidas por los Gobiernos del PP, ni en Andalucía, ni en Córdoba.

Para el portavoz, la política de vivienda del PP con el nuevo decreto andaluz aprobado va a ofrecer viviendas de VPO a precios nunca por debajo de los 200.000 euros, lo que posibilita el negocio inmobiliario, pero imposibilita que el 90% de los demandantes puedan acceder a una vivienda. Para Hurtado, el negocio inmobiliario se contrapone al derecho de tener una vivienda digna como marca nuestra Constitución. Asimismo, critica que en Andalucía el Gobierno autonómico haya reducido los años de calificación de las viviendas de VPO, lo que ha encarecido sus precios de venta y ha aumentado la renta para adquirir VPO.