El próximo curso habrá menos alumnos pero con más necesidades especiales

Menos alumnos, pero con más necesidades especiales. Esa es la estampa que se dibuja de cara al próximo curso en vísperas del inicio del proceso de escolarización, que como cada año dará comienzo el próximo 1 de marzo. Los datos de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas de que la caída de natalidad seguirá haciendo mella en Córdoba, ya que los niños nacidos en 2022 (un total 5.578), que en 2025 cumplen 3 años y se incorporarán a la segunda etapa de Educación Infantil mantienen la curva descendente. Hace diez años, nacieron 7.512, casi 2.000 más, y en 2021 nacieron 5.799, unos 200 más.

Esta tendencia, que ha llevado a la Junta a reducir año a año la oferta de plazas de nuevo ingreso, contrasta con el aumento constante de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que engloba a escolares con altas capacidades intelectuales, dificultades específicas de aprendizaje y al que precisa actuaciones de carácter compensatorio. Según datos de la Delegación de Educación de Córdoba, en el curso 2018-19 había 11.243 alumnos en esta situación, una cifra que ha crecido en cinco cursos un 50%, hasta alcanzar en 2024 los 16.964. De ese total, que engloba todo tipo de perfiles, el alumnado con necesidades especiales más graves también ha ido en aumento, pasando de 5.423 en 2019 a 7.678 en 2024, casi un 42% más.

Ese incremento puede deberse a varias causas, entre ellas, la mayor atención que se presta a la infancia y el diagnóstico cada vez más precoz, si bien no se ha realizado hasta el momento un estudio específico que lo explique. No obstante, requiere una atención específica que reclaman cada vez con más fuerza tanto los padres como los centros y los sindicatos. La Junta de Andalucía, consciente de esta situación, destacaba la semana pasada el incremento de especialistas de Atención al Lenguaje (AL) y de Pedagogía Terapéutica (PT), un 16% más que hace seis años, una cifra que a las partes afectadas les parece insuficiente ya que no crece al mismo ritmo que el volumen de alumnado afectado.

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Centros, padres y sindicatos reclaman

El sindicato CSIF, el de mayor representación en la educación cordobesa, considera que «es el momento de que la Consejería sea valiente y baje la ratio de alumnos por aula, que lleva 30 años sin actualizarse». Antonio Pachón, responsable de CSIF Educación en Córdoba, asegura que «aunque la media de la Junta es de 17 alumnos por aula, lo cierto es que hay centros de la capital y de la provincia muy tensionados, con más de 25 niños por clase en Primaria, lo que unido al exceso de burocracia que se exige al profesorado y el incremento del alumnado con necesidades especiales impide garantizar una atención de calidad». Por eso, reclaman que la ratio se baje a 20 alumnos en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato. Respecto a la plantilla, critican que «la Junta maquilla los números y salvo en FP, donde la contratación ha aumentado de forma proporcional, en el resto no responde a las necesidades reales de los centros».

También se quejan del continuo recorte de unidades de la pública, con «la pérdida de 241 unidades de Infantil y Primaria en Córdoba en cinco años, 53 en el último curso» a diferencia de la concertada «donde el convenio de cuatro años les permite mantener las unidades aunque pierdan alumnado».

En la misma línea, el presidente de la asociación de directores de centros públicos (Asadipre), Rafael Luque, pide un incremento de los recursos humanos especializados. «Necesitamos más especialistas en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica e Integración Social, ya que la actual dotación resulta insuficiente para atender de forma individualizada y eficaz a todo el alumnado que lo requiere». Según Asadipre, la caída de la natalidad está afectando a todas las zonas de Córdoba, «pero especialmente en las zonas con población más envejecida, en el Centro y a algunos barrios periféricos». Los directores de colegios públicos exigen a la Consejería de Educación que «adopte medidas para evitar el cierre de unidades, como la bajada de la ratio».

Plataforma Niñ@s del Sur

De la Plataforma Niñ@s del Sur, rechazan rotundamente el cierre preventivo de líneas y clases y defienden la bajada de la ratio. Además, se preguntan "qué sentido tiene que se fomenten jornadas de puertas abiertas, que la escolarización empiece en marzo y la certificación de matrícula se cierre la primera semana de junio si a finales de enero hay una previsión de líneas por centro que ya establece las plazas que no se deben sobrepasar". Apuntan que si bien la bajada de la natalidad es un hecho "no es menos cierto que durante el curso y en septiembre se incorpora mucho alumnado, lo que hace que la ratio ya ajustada de junio se supere". Por eso, consideran que "esta densidad se mejoraría si no se cerraran líneas en los colegios donde ocurre esto y se sabe a ciencia cierta que va a volver a ocurrir".

Denuncian además que se cierren líneas en junio con ratios de más de 25 niños, algo que califican como "un atropello" y que tienen intención de "denunciar". Asimismo, solicitan más recursos para las aulas específicas y el alumnado con necesidades especiales, "recursos económicos pero sobre todo humanos". Por último, instan al nuevo delegado, Diego Copé, a reunirse con la plataforma como le han solicitado.

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En cuanto a la educación concertada, la presidenta de Escuelas Católicas, Belén Guerrero coincide en que en los últimos años se ha producido un fuerte incremento de alumnado con necesidades especiales y una caída de alumnado que es más patente en sus colegios de la zona Centro, «por la proliferación de viviendas turísticas, hoteles y porque la gente joven se está instalando en barrios de las afueras». En esta situación, reclaman a la Junta «la equiparación de la escuela concertada con la pública para hacer frente a los gastos de funcionamiento, que las sustituciones no se demoren 10 días y la mejora de las condiciones para la prejubilación de sus docentes, que a partir del 1 de abril no podrán prejubilarse con 62 años y la mitad de la jornada como hasta ahora». También piden a la Junta «que cumpla la promesa electoral de concertar el Bachillerato y la FP».

Escuelas Católicas afirma que en los últimos años han perdido una o dos unidades y que «hay algunos centros que están en peligro por falta de alumnado, al igual que en la pública».

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres Fapa Ágora reitera que el principal objetivo de cara al próximo curso es que «no se eliminen unidades de la escuela pública», para lo que piden a la administración andaluza que espere a junio para decidir sobre esta medida con datos reales de solicitudes «en lugar de hacer una previsión antes de que empiece la escolarización como se viene haciendo, lo que hace que se supriman líneas enteras en algunos centros antes de conocer la demanda real». En este sentido, advierten que hay colegios y barrios de Córdoba «especialmente amenazados por el cierre de unidades, que contrasta con lo que ocurre en la escuela concertada, donde no se cierran unidades pese a la bajada generalizada de la natalidad».

Lucía Rodríguez ha resaltado el rechazo a la «supresión preventiva de líneas escolares» al tiempo que ha reclamado «la bajada de ratio para garantizar la calidad de la educación pública». En cuanto al alumnado con necesidades especiales, coincide en que las cifras van en aumento «pero no hay recursos suficientes en los centros ni para la atención y seguimiento de ese número creciente de alumnado ni para llevar a cabo la evaluación y diagnóstico en los centros, que están desbordados».

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