Los usuarios del comedor social de los Trinitarios de Córdoba aumentaron casi un 36% en 2024

Los usuarios del comedor social de los Trinitarios de Córdoba han aumentado en el último año casi un 36%, según los datos facilitados por Prolibertas Córdoba con motivo de la celebración del Día de San Juan Bautista de la Concepción. En el balance dado a conocer por Eduardo García, delegado de la entidad en Córdoba, el citado comedor atendió durante el pasado año a 1.451 personas, frente a las 1.068 de 2023. Esta cifra, indicó García, está incluso por encima de la que se registró en el año de la pandemia. Por otro lado, ha destacado la necesidad de financiación que tiene la organización al reducirse los recursos que recibe de la Junta de Andalucía tras la reforma de las asignaciones procedentes del IRPF.

A la hora de analizar el número de almuerzos servidos por la entidad promovida por los Trinitarios, sus responsables indican que han ascendido a 32.539. De todas las personas atendidas, García explica que 839 han acudido al centro por primera vez, lo que representa ya el 57% del total. Este dato supone una situación preocupante para los gestores de una entidad cuyo objeto de trabajo son las personas y colectivos más vulnerables. Además, ha apuntado que es una tendencia que también se observa en otros lugares del país.

Perfil de los usuarios

La mayoría de las personas atendidas son, según los datos facilitados este viernes, jóvenes migrantes extutelados, adultos extranjeros que han comenzado recientemente su proceso migratorio y pasan un periodo de tiempo en la ciudad, personas de origen latinoamericano, generalmente con cargas familiares, usuarios con patologías psiquiátricas para los que los recursos existentes “no son respuesta”, personas sin hogar, mayores de 60 años y aquellas cuyos recursos económicos no le permiten tener autonomía. De todas las personas atendidas en el comedor, el 74% fueron hombres y el 26%, mujeres.

Las dificultades de la Casa Libertad

Otro de los frentes de trabajo que tiene abiertos Prolibertas es el centro de día, bautizado con el nombre de Casa Libertad, sobre el que ha asegurado Antonio Jiménez, director general de la entidad, que corre peligro su continuidad al haber perdido la subvención que recibía de la Junta de Andalucía, con fondos procedentes del IRPF, por el cambio de la normativa al respecto. El mantenimiento de esta actividad anualmente está estimado por la organización responsable en unos 200.000 euros. En este centro de día fueron atendidas durante el año pasado un total de 1.002 personas, de las que 405 eran españolas y 597 extranjeras. También en este servicio se ha registrado un incremento de usuarios respecto al año anterior, que ha sido cifrado en un 13%. En este centro se atienden tanto necesidades básicas (alimento e higiene) como de atención social para personas en situación de sinhogarismo, migrantes, personas con enfermedades mentales, con adicciones y con patología dual (problemas mentales y adicciones) o desempleados de larga duración, entre otros.

Los responsables de la organización han querido resaltar que estas acciones las acometen ésta y otras organizaciones no gubernamentales porque las administraciones no lo hacen, por ello llaman a la colaboración de instituciones públicas y privadas para poder mantener la misma y poder abordar los retos de futuro. Entre estos últimos figura la que contar definitivamente con el edificio donde se ubican actualmente, que es del Ayuntamiento, y con el que están negociando desde 2020 para su cesión. Una vez conseguido este logro, apuntan, se podrán acometer labores de mejora y adecuación.

Prolibertas también desarrolla en la ciudad otras actividades como el programa de empleo, del que se han beneficiado 273 personas, o el de inserción social para personas privadas de libertad, donde han sido atendidos 21 usuarios. El tercer programa destacado ha sido el de la vivienda para la inclusión social y la autonomía personal. En este aspecto han insistido en señalar que el precio de la vivienda se está convirtiendo en un auténtico problema social, pues personas que tienen unos ingresos muy limitados tienen vetado contar con un techo propio o de alquiler.