El Ayuntamiento de Córdoba deja en manos de los jueces las reclamaciones por la recogida neumática

El Ayuntamiento de Córdoba va a fiar la decisión sobre las, de momento, 60 demandas de familias y comunidades de vecinos que le reclaman los costes por la instalación del sistema de recogida neumática de basura que tuvieron que instalar en sus edificios de nueva construcción (en la zona de Poniente) y que no ha llegado a funcionar nunca porque el Consistorio lo descartó en 2023. De hecho, en el caso de estas primeras reclamaciones (se espera que el número siga creciendo en las próximas semanas), el Consistorio ha dejado agotar el plazo de 6 meses que tiene para contestar por la vía administrativa, entendiéndose desestimadas por silencio administrativo. 

Serán, por tanto, los juzgados quienes arbitrarán una resolución que, como avanzamos el jueves, se hará caso por caso, dado que las diferencias contempladas en estos procedimientos (tanto en las cantidades reclamadas como en el perfil de los demandantes) han llevado a descartar fórmulas para agilizar las resoluciones como el llamado pleito testigo, que permite extender la decisión judicial adoptada en un primer procedimiento a otros procesos de idéntico objeto. 

Los juzgados tendrán que decidir caso por caso sobre la recogida neumática de basura

Solución consensuada

Por otro lado, y aunque en un primer momento la Gerencia Municipal de Urbanismo expresó su deseo de alcanzar una solución consensuada con los afectados e incluso llegar a poner en funcionamiento las instalaciones ya ejecutadas (algo que ha pedido también el PSOE), finalmente ninguna de estas cosas ha ocurrido.

Fuentes municipales descartan ahora la vía de la negociación e insisten en que serán los juzgados de lo Contencioso Administrativo los que decidan si, como sostienen los demandantes, el Ayuntamiento les debe indemnizar por los costes que asumieron para instalar un sistema de recogida de la basura que no se ha puesto en marcha (para ello tendrán que demostrar que existió mala fe y temeridad en la gestión por parte del Ayuntamiento para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial); o si, por el contrario, como sostiene el Ayuntamiento, no se le puede exigir indemnizaciones a una administración que no ha recibido dinero alguno por esas instalaciones, que los propietarios de las viviendas abonaron a los promotores y cuyo coste se vio repercutido en el precio de los pisos.

Bonificaciones del IBI

Fuentes municipales entienden, además, que tampoco es viable la propuesta que han puesto encima de la mesa algunos demandantes representados por el bufete Lanvèrt. En concreto, como alternativa al pleito, unas 16 comunidades de vecinos que integran a unas 1.300 familias han propuesto al Ayuntamiento diferentes posibilidades de acuerdo como bonificaciones de IBI. Fuentes municipales consideran que eso no sería factible porque las bonificaciones fiscales están «tasadas» y no pueden aplicarse de manera discrecional por parte de la administración. 

Estimación del coste

Aunque el Ayuntamiento no ha hecho una estimación oficial del coste que podría tener para las arcas municipales el hecho de que los fallos judiciales fueran negativos para los intereses municipales, fuentes de Capitulares señalan que en el peor de los escenarios podríamos estar en una horquilla de entre 5 y 7 millones. 

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que se trata de procesos novedosos y no cuentan con jurisprudencia previa, lo que plantea interrogantes sobre el sentido de la resolución judicial, y la segunda es que, posiblemente, llegarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el que se podrán recurrir las decisiones adoptadas en primera instancia. Cecilio Valverde y Asociados, Lanvèrt, Abla y Rich (bufetes que están capitalizando estas reclamaciones) avanzan que en las próximas semanas continuarán presentando demandas por encargo de comunidades de vecinos e incluso juntas de compensación.

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