Alertan del aumento "brutal" de causas que la nueva ley acarreará a Violencia sobre la Mujer

«La situación es muy grave. Cuando se legisla, hay que hacerlo previendo estas situaciones y no generando angustia entre todas las personas que estamos encargadas de administrar Justicia. En este caso, en los órganos encargados de la instrucción (investigación) de las causas por violencia sobre la mujer y en las secciones de las audiencias encargadas de ver los recursos y las causas más graves en violencia sobre la mujer». Con estas palabras, el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba y de su sección tercera (competente en violencia machista), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, describe el escenario abierto a raíz de la publicación, el pasado 3 de enero, de la Ley orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta norma modifica la regulación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, de forma que a partir del próximo octubre asumirán, además de las violencias en el ámbito de las parejas o exparejas, las agresiones sexuales (con indepencia de la relación entre víctima y acusado), mutilaciones genitales, matrimonios forzados o acosos con connotación sexual, cuando la perjudicada sea mujer.

Sánchez Zamorano entiende que «el incremento de la carga competencial de estos órganos es brutal, de tal manera que con la infraestructura actual se va a colapsar todo si no se toman medidas urgentes, de aquí a seis o siete meses, de dotación de más medios personales». 

De hecho, la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2023 (última publicada) indica que el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba ingresó 2.203 asuntos ese año, superando en casi un 40% la carga de trabajo anual establecida como razonable (de 1.600 asuntos) por el Consejo General del Poder Judicial.

Cambios en la Audiencia

El presidente de la Audiencia (que ejerce esta responsabilidad con el mandato prorrogado desde hace ya algunos días) augura, asimismo, que «si se colapsa el órgano unipersonal, el órgano de la Audiencia que tiene encomendado el conocimiento exclusivo de ese tipo de causas sufrirá también un drástico incremento de asuntos». De esta manera, afirma que «hay que replantearse el reparto» de asuntos con la sección segunda para equilibrar el trabajo. 

Sánchez Zamorano apunta que en torno al 40% de los casos que enjuician ambas secciones penales son delitos sexuales, donde el 95% de las víctimas es mujer. «Cuando todo vaya canalizado por el juzgado de Violencia sobre la Mujer, eso vendrá a la sección tercera», que «se verá también colapsada», previene. 

Para evitarlo, deberán celebrar un pleno de magistrados y establecer criterios de reparto diferentes. Avanza, por ello, que en torno al 80% de los delitos que enjuiciará la sección tercera en el futuro serán agresiones sexuales. Los delitos económicos y otros tendrán que ser enjuiciados en la sección segunda.

El nuevo juzgado, en el aire

La ley publicada en los últimos días reorganiza la Administración de Justicia y, entre otras novedades, impulsa los tribunales de instancia, donde se integrarán los juzgados dirigidos por un solo juez, que se suprimen. También recoge la creación, junto a otros órganos, de secciones específicas para delitos sexuales y de violencia de género. 

En referencia a los cambios en materia de violencia sobre la mujer, Sánchez Zamorano afirma que el Ministerio de Justicia y el CGPJ «tienen que plantearse que, cuando dentro de nueve meses entre en vigor la ley, hay que adoptar medidas», como la creación de secciones dentro de los tribunales de instancia, «por ejemplo, en Córdoba dedicando tres jueces a este tema en la capital», mientras que en la sección tercera de la Audiencia «a lo mejor habrá que reforzar con un magistrado en comisión de servicio».

En este sentido, comenta que «todo esto hay que planificarlo de una forma mucho más concienzuda. Los tribunales de instancia llevan pergeñándose muchos años, pero ahora salen con ese añadido que nadie pensaba de ampliar las competencias en materia de violencia sobre la mujer a otros delitos», admite. 

Precisamente, Córdoba contaba con un proyecto para comarcalizar el trabajo en violencia sobre la mujer mediante la creación de un nuevo juzgado en la capital que, además, asumiría los asuntos de Montoro, Posadas y Montilla, pero «con esta nueva ley, ha quedado un poco obsoleto. Habrá que replantearlo», reconoce.

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