CSIF Córdoba recibe "centenares de quejas" de los mutualistas por la suspensión de citas y cirugías

CSIF Córdoba ha recibido "centenares de quejas" porque "las aseguradoras están anulando, denegando y retrasando citas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, algunas de ellas para enfermedades graves y se han suspendido cirugías de todo tipo y especialidades" ante la crisis generada después de que la primera licitación del concierto sanitario de Muface quedara desierta porque las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio, al no considerar suficiente la subida de la prima propuesta por el Gobierno central.

"Ya están viendo amenazados su derecho a la salud", asegura el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, acompañado por Antonio Pachón, responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, y Vidal Muñoz, responsable provincial del Sector de Administración General del Estado (AGE), en una rueda de prensa este miércoles para informar de las próximas acciones del sindicato en defensa del acceso a la sanidad de al menos 32.000 funcionarios en la provincia cordobesa, unas acciones que se desmarcan de las que están llevando a cabo otros sindicatos como CCOO o UGT, que se concentran hoy. Asimismo, denuncian que hay clínicas que, ante la incertidumbre de este conflicto, "sugieren a los mutualistas que paguen la asistencia directamente de su bolsillo". 

«Entre el 30% y 40% de plantillas pueden sobrar sin Muface, Isfas y Mugeju»

Los mutualistas cordobeses "no entienden cómo se ha llegado a la crisis que se vive actualmente, una situación de caos e inseguridad que los hace sentir desamparados por la administración pública", agrega López, que advierte de que los funcionarios "ya están sufriendo la crisis" por lo que consideran poca previsión por parte del Gobierno central en su negociación con las aseguradoras. "Desde que se inició el concierto vigente todos eran conscientes de que acabaría a 31 de diciembre y el gobierno no se puso a trabajar con tiempo en las condiciones justas", agregan. 

El 80% de los mutualistas en Córdoba son personal docente, por lo que CSIF considera "un ataque" a este colectivo y aclaran que "ser mutualista no es un privilegio, es un derecho adquirido, una condición laboral básica con la que se accede a un puesto de trabajo" y que debe estar garantizada.

Concentración en Madrid

“Los mutualistas están viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecida”, ha subrayado el responsable sindical, quien ha añadido que “desde CSIF somos los únicos que hemos asumido desde el minuto uno la responsabilidad de salir a la calle en nombre de todas las personas afectadas. No vamos a permitir que se pretenda acabar con el mutualismo administrativo por inanición ni que se utilice la salud de las funcionarias y los funcionarios como moneda de cambio por intereses económicos o políticos”.

“Estamos ante una crisis que afecta no solo a los empleados públicos, sino al conjunto de la sociedad como usuarios de la sanidad pública, de la que CSIF es firme defensor, pero la realidad es que el sistema sanitario público tiene un importante déficit de financiación y tampoco cuenta con profesionales ni estructuras suficientes para atender a todos los mutualistas que pasarían al Sistema Nacional de Salud de la noche a la mañana. La presión asistencial aumentaría considerablemente en un servicio ya de por sí muy tensionado”, ha argumentado López. 

CSIF ha registrado ya una denuncia al Defensor del Pueblo con las quejas por suspensión de cirugías y citas, que también llevarán al Congreso de los Diputados, y se concentrará el próximo 14 de diciembre a las 12.30 horas en Madrid, para lo que saldrán varios autobuses gratuitos desde Córdoba. El sindicato congregará a profesionales de toda España para reclamar un acuerdo que ponga fin a esta crisis. Las personas interesadas en acudir a esta movilización pueden apuntarse en este enlace. Se mantienen también las concentraciones convocadas para el próximo 16 de diciembre en toda España para reivindicar mejoras en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos.