A la caza de los drones ilegales: así actúa la Policía en Córdoba

No cabe duda de que uno de los mayores avances que ha experimentado la Policía en los últimos años ha sido la incorporación de los drones como herramienta. Estos pequeños dispositivos, a día de hoy, resultan fundamentales para supervisar grandes concentraciones de personas como manifestaciones o el botellón de la feria, así como para apoyar en labores de rescate o búsqueda de personas desaparecidas. Y es que estas aeronaves permiten un despliegue rápido y ofrecen un amplio rango de movilidad, no solo por las distancias que pueden recorrer, sino también porque su compacto tamaño les permite adentrarse en lugares inaccesibles para un helicóptero o una persona. Estas son las principales ventajas que destaca Sergio Palacios, jefe de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional en Córdoba. Sin embargo, estas aeronaves también suponen un riesgo para la seguridad y el patrimonio y, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, cuentan con protocolos muy definidos sobre cómo actuar en el caso de que se produzca algún vuelo ilegal.

Porque al margen de su papel como herramienta operativa, estos dispositivos han emergido como un factor que debe considerarse en términos de seguridad ciudadana. Sus vuelos representan un riesgo tanto para el patrimonio como para la salud y privacidad de las personas. Este año, la Policía Nacional ha interceptado ocho drones sobrevolando zonas no autorizadas de Córdoba, una cifra récord que obliga al cuerpo a mantenerse cada vez más alerta en este sentido.

Una rápida detección

Los incidentes con drones en Córdoba comparten patrones similares entre sí, «en la mayoría de los casos, son turistas extranjeros que despliegan la aeronave en el casco histórico o zonas cercanas buscando unas tomas aéreas de la ciudad», explica con serenidad Palacios. Su unidad cuenta con diferentes formas de identificar en cuestión de segundos aquellos aparatos que invaden un zona protegida. En el último incidente, registrado el pasado 3 de diciembre, un turista checo sobrevoló las cubiertas de la Mezquita-Catedral y fue el Cabildo quien dio la voz de alerta. «Estamos en constante comunicación con ellos. Además, contamos con agentes siempre en la zona. El dron no estuvo en el aire más de un minuto», relata Palacios.

Policía y Guardia Civil tienen radares que identifican a la nave y su piloto en segundos

Además, el cuerpo dispone de diversos sistemas para detectar la presencia de dispositivos aéreos no autorizados. El más importante de ellos es Aeroescope, una especie de radar que localiza en cuestión de segundos no solo la posición del dron, sino también la del operador.

Una vez identificadas ambas partes, ya sea mediante Aeroescope o por observación directa, los agentes de la Policía Nacional tienen varias opciones para desactivar el dispositivo. La más común, señala Palacios, es el uso de un inhibidor de frecuencias electromagnéticas que se coloca en el brazo. Este aparato permite tomar el control absoluto del dron sin autorización ni comunicación con el piloto, pudiendo detenerlo, reducir su altura, acercarlo o, directamente, aterrizarlo. «Es muy práctico y efectivo. Nos permite neutralizar cualquier amenaza de manera rápida», asegura.

Ambos cuerpos cuentan con dispositivos y protocolos para neutralizar su amenaza rápidamente.

Posteriormente, se procede a identificar al piloto, al que se le requisa el dispositivo y se le aplica la correspondiente sanción, que oscila entre los 600 y los 3.000 euros. «La mayoría de los casos involucran a turistas que actúan por desconocimiento o porque creen que un vuelo breve no tendrá consecuencias», comenta el jefe de la unidad. «También está creciendo un fenómeno de foros donde se plantean retos como volar en zonas prohibidas, como cascos históricos o aeropuertos», añade. La requisa del dron no tiene un plazo determinado. Durante ese tiempo, la Policía Nacional revisa las grabaciones realizadas. «No sabemos qué se ha hecho con el aparato: si ha chocado contra alguien, volado en una zona privada o seguido a una persona sin su consentimiento. Una vez verificamos que todo está en orden, lo devolvemos a su legítimo dueño», aclara Sergio Palacios.

Protección de la privacidad

Y es que uno de los principales peligros de este tipo de vuelos es la vulneración de los derechos de los ciudadanos. «Pensamos que lo peor que se puede hacer con un dron es dañar el patrimonio, como ya ocurrió hace un año con la torre campanario de la Mezquita-Catedral. Sin embargo, «también pueden herir a alguien, acceder a espacios privados o seguir a una persona sin que esta lo note, violando su intimidad. Hay que recordar dos cosas: primero, que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que implica medidas extraordinarias, y segundo, que estos dispositivos no son un juguete», resume el agente.

Trabajo de la Guardia Civil

Aunque las restricciones de vuelo en la provincia son menores que en la capital, también es necesario controlar el espacio aéreo y evitar que los drones accedan a zonas donde está prohibido. Es aquí donde interviene la Guardia Civil de Córdoba. Al igual que la Policía Nacional, este cuerpo garantiza la seguridad en aeropuertos e infraestructuras estratégicas, además de en eventos o grandes concentraciones de personas. En su caso, el instituto armado emplea radares que, mediante barridos constantes, identifican al piloto, la aeronave y su trayectoria en cuestión de décimas de segundo.

«La Comandancia de Córdoba cuenta con una Operadora de RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia, por sus siglas en inglés) que agrupa todos los drones disponibles para distintas funciones policiales», señalan desde el cuerpo. Con ellos se realizan labores de apoyo a unidades operativas, vigilancia y observación policial, además de búsqueda de personas desaparecidas. 

Cuando un dron es requisado se revisan los vídeos de su cámara antes de devolverlo al dueño

Una de las principales tareas se lleva a cabo durante la campaña de recogida de la aceituna, cuando los equipos sobrevuelan olivares con el objetivo de prevenir robos. Los drones de la Guardia Civil están equipados con ópticas de largo alcance y cámaras térmicas, lo que amplía significativamente sus funcionalidades. «De este modo, su utilización permite observar grandes superficies desde la distancia, reduciendo el tiempo y personal necesario y aportando mayor seguridad», aseguran.

La Benemérita recuerda que sobrevolar una finca, «siempre que no se vulnere la normativa de protección de datos y el vuelo se ajuste a las reglas del espacio aéreo», no es una infracción. Sin embargo, sí lo es «captar imágenes de personas o matrículas de vehículos y almacenarlas», ya que esto «implica un tratamiento de datos personales sujeto a la normativa vigente». Además, puntualizan que «aunque seamos propietarios de una finca, rural o urbana, no lo somos del espacio aéreo que hay sobre ella».

Y es que, Policía y Guardia Civil trabajan para que nuestra seguridad y patrimonio estén protegidos de aeronaves que son de todo menos un juguete.

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