La autorización de pozos cae un 75% por las limitaciones para los agricultores

Las autorizaciones concedidas por la delegación territorial de Industria, Energía y Minas para la realización de pozos en Córdoba han caído en picado durante 2024, al contabilizarse 407 permisos frente a los 1.639 del año pasado, lo que se traduce en una reducción anual del 75%. De este modo, el sector primario, que es la principal actividad económica donde se demandan estas captaciones de agua en la provincia, apunta al endurecimiento de los requisitos para la ejecución de pozos, la escasa rentabilidad de la inversión y las últimas lluvias como factores que pueden motivan un menor interés por parte de los productores en contar con estos recursos en sus fincas.

El secretario general de UPA, Miguel Cobos, opina que «el motivo principal» para no construir pozos es la escasa cantidad de agua que se puede extraer, hasta 7.000 metros cúbicos, lo que representa «muy poca capacidad de riego». «Hay mucha burocracia y mucho coste para, al final, no poder regar nada más que 2,81 hectáreas de cultivos leñosos», precisa. Así, detalla que el olivar es el menos exigente, pero otras plantaciones demandan más agua, por lo que la superficie de riego incluso se reduce en estos casos.

Aumentan un 90% las denuncias por captar agua sin licencia urbanística

Sobre el escenario actual, el secretario general de UPA explica que «los acuíferos están sobreexplotados, no se recargan y no se autorizan mayores dotaciones». Sin embargo, los pozos que sí se permiten, los de hasta 7.000 metros cúbicos, tienen diferentes limitaciones. A modo de ejemplo, comenta que si un productor realiza una captación en una parcela pequeña no puede regar la colindante, aunque sea de su propiedad y a pesar de que le sobre agua. Además, la normativa obliga a guardar una distancia mínima entre los pozos.

Asaja y UPA relacionan la evolución con el endurecimiento de los requisitos, la escasa rentabilidad de la inversión y las lluvias

Otra clave para entender la caída de las autorizaciones es, a su juicio, el clima. En este sentido, detalla que 2023 «fue muy seco y hubo muy poca dotación de agua incluso en los regadíos, con 600 metros cúbicos por hectárea, pero este año ha sido de 3.000 o 3.500 metros cúbicos por hectárea, y también ha sido más lluvioso».

Córdoba tiene 118.000 hectáreas de regadío, lo que representa el 18% de su superficie agraria útil, pese a disponer de más del 40% de la capacidad de embalse de la cuenca del Guadalquivir. Se trata de un porcentaje bajo si se compara con Jaén, donde cerca del 50% de la superficie agraria útil es de regadío; Sevilla, que tiene el 37%; y Granada, con un 25%.

«Hay que permitir que el agricultor haga pequeñas infraestructuras con balsas para almacenar agua»

Miguel Cobos

— Secretario general de UPA

«Es injusto», subraya Miguel Cobos, haciendo hincapié en que «siempre hemos demandado más superficie, ampliar zonas existentes y poner otras nuevas». De igual modo, esta organización reivindica el desarrollo de infraestructuras para evitar inundaciones y almacenar agua; que se facilite a los agricultores la instalación de balsas pequeñas para recoger agua en otoño; y modernizar los regadíos.

Más requisitos y tasas

Por su parte, José Antonio Pérez, técnico de Asaja, apunta a dos cambios en la tramitación de las autorizaciones para los pozos de agua que podrían incidir en el descenso de los proyectos.

Este profesional explica que el último plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir ha aumentado la distancia mínima entre captaciones, que se fija en función de diferentes variables, lo que «dificulta aún más legalizar o comunicarlo».

«Si facilitaran pozos o balsas, se podría poner en riego más superficie y poner en valor fincas»

José Antonio Pérez

— Técnico de Asaja

Recuerda que, ante la imposibilidad de acceder a una concesión de riego, porque ya están cerradas, los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos «son la única opción», ya que la ley permite este aprovechamiento de las aguas subterráneas que pasan por una finca agrícola. No obstante, afirma que para solicitar la autorización antes era suficiente con la presentación de un proyecto, pero en la actualidad hay que aportar, asimismo, una declaración de impacto ambiental. Además, la tasa ha crecido de manera muy importante, rozando los 3.000 euros.

Asaja coincide en reivindicar que se faciliten herramientas como las balsas de aguas pluviales para paliar el impacto de la sequía en las explotaciones agrarias. En este sentido, José Antonio Pérez afirma que «si facilitaran hacer pozos o las balsas de aguas pluviales, se podría poner en riego más superficie y poner en valor muchas fincas. El agua es fundamental para el desarrollo agrario».

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