Ayuntamiento de Córdoba
El Pleno de Córdoba pide al Gobierno modificar la ley que obliga a adaptar la tasa de basura para impedir más subidas
Reclaman la eliminación de la obligación de repercutir el coste de la recogida de residuos a los ciudadanos
Complejo medioambiental de Sadeco Juan Revilla Álvarez. / A.J. GONZÁLEZ
El Pleno de Córdoba ha retomado este lunes su actividad con total normalidad, después de haberse pospuesto el jueves cuando el alcalde suspendió la sesión tras las protestas de los vecinos de Villarrubia. Con el mismo orden del día, la Corporación municipal ha aprobado y debatido lo que quedó pendiente de la semana pasada, cuando en apenas tres minutos que duró la cita solo se pudo acordar un punto de gestión.
Así, el Pleno ha dado el visto bueno hoy con el apoyo de todos los grupos municipales a excepción de Vox a una enmienda con la que se pide al Gobierno central que modifique la ley que afecta a la tasa de basura para evitar nuevas subidas, como las que ha experimentado la prestación patrimonial para la recogida de residuos en la capital cordobesa (un incremento del 35% y del 10% en los años 2024 y 2025). La semana pasada, el PP ha visto cómo el resto de grupos políticos ha tumbado en la Diputación de Córdoba su intención de incrementar un 4,8% la tasa de Epremasa, después de que ya se subiera un 40% en 2024.
Frente común del municipalismo
La moción buscaba forjar un frente común del municipalismo contra la ley, a pesar de que políticamente esté siendo un arma arrojadiza en todos los ayuntamientos de España. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, reconoció hace unos días que nadie quiere asumir el desgaste político que está conllevando la subida en todos los municipios sean del color que sean, y admitió que si el gobierno es del PP protesta por el incremento la izquierda y a la inversa.
El PP ha basado esta moción en la declaración institucional relativa a la aplicación de la nueva tasa de basuras que acordó recientemente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en la que se exigía al Ejecutivo de Pedro Sánchez la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece, por trasposición de una directriz de la Unión Europea, la obligación por parte de las administraciones locales de repercutir el coste de la recogida de basura a los ciudadanos.
El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, acusó al equipo de gobierno de querer manipular y emplear la FEMP como escudo para sus intereses, e incluso de haber promovido un primer texto de la moción que incluía artículos que no se aprobaron en la declaración institucional. El texto fue corregido --el PP ha desmentido haber actuado de mala fe y asegura que se ha tratado de un error humano-- y la moción enmendada ha sido apoyada por la mayoría del Pleno y con el único voto en contra de Vox, que rechazan las políticas ambientales "de la agenda 2030".
Estudio y regulación más clara
En la moción acordada este jueves en Córdoba se propone realizar un estudio pormenorizado del impacto que supone la aplicación de la ley y que permita definir el coste por servicio. Además, se requiere que de manera prioritaria y urgente se impulse la reforma de dicha ley creando una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local y que, respetando la autonomía local, garantice la consecución de los objetivos de la directiva europea.
El alaclde de Córdoba, en el pleno de hoy. / A.J. GONZÁLEZ
Al igual que hizo a finales de octubre la FEMP, el Pleno comparte la tesis de que la ley es complicada de entender y de aplicar, y que no respeta la autonomía local. Por ello, los grupos políticos presentes en la federación (todos excepto Vox) reclamaron la creación de un grupo de trabajo que llegue a conclusiones que permitan que los ayuntamientos decidan cómo afrontar el pago de esos servicios de reciclaje de residuos.
Guía práctica de la FAMP
La complejidad de la norma ha llevado al alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, a encargar la elaboración de una guía práctica que ayude a los ayuntamientos andaluces a modificar la tasa y en algunos casos crear una nueva prestación antes de la fecha límite del 10 de abril de 2025. La guía, elaborada por el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, puede consultarse en la web de la FAMP.
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