Un acusado de estafar 1,3 millones a un banco en una obra dice que "jamás entré en temas financieros"

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha iniciado este lunes el juicio a un acusado de, supuestamente, percibir créditos injustificados por casi 1,3 millones de euros cuando trabajaba como gerente de una unión temporal de empresas que tenía por objeto la construcción de un módulo nuevo en el campus universitario de Rabanales.

Los hechos ocurrieron, supuestamente, en 2008, cuando comenzó la última crisis de la construcción. El procesado, que era gerente de una constructora y, a su vez, gerente de la UTE constituida junto a otra sociedad, ha manifestado ante el tribunal que "jamás entré en temas financieros, porque no era mi cometido".

Sin embargo, el ministerio fiscal reclama que se le impongan seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito continuado de estafa. En su escrito de conclusiones provisionales, le acusa de utilizar el contrato de confirming suscrito con una entidad financiera como medio de pago a proveedores para presentar seis créditos inexistentes que su empresa simuló tener contra la UTE.

"Había que buscar el céntimo"

El importe de estos créditos rozó los 1,3 millones de euros y solo se ha acreditado uno por alrededor de 268.000 euros. Estos importes fueron abonados en cuentas bancarias de la empresa a la que representaba y el ministerio público sostiene que no respondían a la provisión de suministros de material o a la prestación de servicios.

De hecho, uno de los testigos que ha declarado en esta primera sesión, el entonces delegado de la segunda constructora socia en la UTE, ha mantenido que, como socios, no eran proveedores de la misma, aclarando que "nosotros gestionábamos, no construíamos". También ha subrayado que tenían vetado el uso del confirming, ya que este era un instrumento comercial por el que el banco adelantaba el pago a los proveedores (a cambio de una comisión) y posteriormente la entidad financiera realizaba el cargo en la cuenta de la UTE.

El ministerio público apunta que, después de percibir los créditos referidos, la empresa del acusado abonó a la UTE diversas cantidades de dinero, pero "no en concepto de devolución de créditos inexistentes indebidamente cobrados vía confirming, sino en concepto de aportaciones a título particular". Se da la circunstancia, además, de que el banco ha reclamado el cobro de esos créditos abonados a la otra socia, por lo que se le ha generado un perjuicio económico. Tanto esta segunda empresa como la entidad financiera ejercen acusaciones particulares en el procedimiento.

El acusado ha señalado hoy que no conocía la clave necesaria para realizar el confirming (una operación online), trasladando esta responsabilidad al responsable del área financiera de la empresa. Además, ha explicado que el comité de gerencia, de forma mancomunada (con la representación de las dos sociedades de la UTE), autorizaba los pagos.

En esta línea, ha enmarcado los movimientos económicos del proyecto en las necesidades de la obra -"era un toma y daca", ha expuesto- y sobre la disposición de los créditos ha detallado que "el contable nos decía que había superávit y se podía retirar al 50%" como anticipo de financiación. Según ha afirmado, es por ello que su empresa, que era más pequeña que la socia, tomó ese dinero al necesitarlo. En aquellos momentos "había que buscar el céntimo", ha precisado, para agregar que la constructora quebró finalmente.

Operaciones no autorizadas

En cambio, el delegado de la constructora socia en la UTE ha afirmado ante el tribunal que el procesado "sí tenía competencia en la gestión de pagos" y que, según le han referido, solo él como gerente disponía de la clave para realizar confirming. Este testigo ha mantenido que ambas empresas percibían sus honorarios vía pagaré.

De este modo, ha indicado que se desarrollaron operaciones sin autorización del comité de gerencia de la UTE, recordando que las alarmas saltaron cuando dejaron de recibir información contable de esta unión de empresas, una situación a la que se añadieron los avisos del banco, que les informó de que vencían los créditos correspondientes a su socio "y que no tienen sentido". "No teníamos apunte contable, no está autrizado y no lo devuelves", ha resumido sobre la actuación del acusado.