Urbanismo acordará la devolución de 2,2 millones de euros en avales y garantías por la anulación de la recogida neumática

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar, la semana que viene, la devolución de 2,2 millones de euros en conceptos de avales y garantías que fueron depositados en cumplimiento del plan de recogida neumática de basura, que más tarde fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Urbanismo acuerda así la devolución de oficio de unos avales y garantías que fueron depositados por distintas juntas de compensación para ejecutar el plan de recogida neumática, sin llegar a construir en las promociones las infraestructuras necesarias.

La mayor parte de ese dinero se corresponde con avales, en concreto, casi 1,3 millones de euros divididos entre los 735.533,23 euros depositados por la junta de compensación del plan parcial O-1 (Arruzafa) y los 546.913,24 de la del O-5 (Camino de Turruñuelos). En metálico se devolverán casi 961.000 euros depositados por las juntas de compensación del plan parcial de San Rafael de la Albaida Norte y las dos cantidades de 21.542 y 862.081,37 del PP-O7 (Nuevo Zoco).

Urbanismo devuelve más de 650.000 euros tras la anulación del plan de recogida neumática de basura

Actuaciones de oficio

Las devoluciones de dichos avales y garantías (algunas ya han sido efectivas) no son indemnizaciones por no haber ejecutado el plan, sino actuaciones de oficio que ejecuta la GMU. El dinero se devuelve, como es obvio, porque las labores para las que debía dedicarse, como era habilitar espacios para esa primera parte del sistema de recogida no se va a poner en marcha al anularse el plan que lo recogía. Es decir, que no tienen nada que ver con las reclamaciones patrimoniales que han puesto ya varias comunidades de propietarios que sí pagaron un precio más elevado por sus pisos al tener sus urbanizaciones los contenedores y los cuartos construidos.

Estado de las reclamaciones

En cuanto a las reclamaciones, tres de los despachos que llevan los casos (Abla, Cecilio Valverde y Lanvèrt) han informado a este periódico que todavía no han tenido respuesta de la reclamación. En el caso de Abla, además, confirman que ya están empezando a preparar las demandas, lo que llevará el tema a los tribunales. Todos los despachos consultados señalaron en su día que el objetivo era llegar a un acuerdo con la administración y evitar así judicializar el asunto. Si el acuerdo no se alcanza, se abre la vía judicial recurriendo al contencioso-administrativo. Una vez registradas las reclamaciones, la administración tenía seis meses para contestar.