Radiografía

Un informe de APDHA destaca la escasa oferta de programas de empleo y de vivivenda social para las personas presas en Córdoba

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía plantea que el aumento del acceso a los recursos sociales de la población reclusa incrementaría sus opciones de reinserción y evitaría la reincidencia

En el estudio, financiado por el IPBS de la Diputación, han participado 80 personas privadas de libertad o que ya habían cumplido la pena, junto a asociaciones con programas sociales en la prisión

El delegado en Córdoba de APDHA, Carlos Arce, durante la presentación del informe, este miércoles.

El delegado en Córdoba de APDHA, Carlos Arce, durante la presentación del informe, este miércoles. / CÓRDOBA

Paula Lara

Paula Lara

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este miércoles el informe Radiografía del acceso a los servicios sociales en el ámbito penitenciario en la provincia de Córdoba, siendo una de sus conclusiones la escasa oferta de programas de empleo, de prestaciones económicas y de vivienda social de los que disponen las personas presas en Córdoba. "El escaso acceso a los recursos sociales de las personas presas en Córdoba reduce sus opciones de reinserción y de evitar la reincidencia", ha afirmado el delegado en Córdoba de APDHA, Carlos Arce Jiménez.

Según esta radiografía, financiada por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, en el acceso a los servicios sociales existe un gran desfase entre los programas ofertados y los demandados por las personas internas. Así, mientras el recurso más ofertado es el de deshabituación del consumo de drogas (37%), este es tan solo demandado por el 19% de las personas presas consultadas. Estas reclaman prioritariamente programas de empleo (27%), siendo su oferta "claramente insuficiente" (13%), y prestaciones económicas (38%), quedándose corta igualmente la oferta (29%). "Algo totalmente entendible teniendo en cuenta que la mayoría provienen de entornos empobrecidos y tienen cargas familiares", ha asegurado Carlos Arce.

Además, ha continuado Arce, "aunque pueda parecer razonable a primera vista que no existan grandes oportunidades de acceso a la vivienda social para personas privadas de libertad (tan solo una oferta del 5% y exclusivamente una de las entidades consultadas tenía un programa de este perfil), el contar con una solución habitacional adecuada fuera de prisión es esencial para poder acceder a la libertad provisional o a los permisos penitenciarios, lo que dificulta la progresión de grado y la rehabilitación".

El delgado de APDHA en Córdoba, Carlos Arce, durante la rueda de prensa de este miércoles.

El delgado de APDHA en Córdoba, Carlos Arce, durante la rueda de prensa de este miércoles. / CÓRDOBA

Programas de salud mental

Otro aspecto que llama la atención en la radiografía es el referente a "la escasez extrema" de programas de salud mental en prisión (9%) y la menor demanda aún por parte de los internos (1%), "a pesar de la altísima incidencia de estas patologías entre las personas presas" y ha hecho referencia a que hay estudios que indican que alrededor del 90% de la población penitenciaria española ha tenido algún problema de salud mental durante su vida.

"Todo este panorama no es inocuo, y está conectado con las altísimas tasas de reincidencia que se detectan en el estudio: el 54% de las personas encuestadas era reincidente (34%, multireincidente, es decir, que habían cumplido 3 o más condenas de prisión)", ha asegurado Carlos Arce.

Propuestas

Para aliviar esta situación APDHA propone, entre otras, las siguientes medidas: sustituir las penas privativas de libertad de corta duración por sanciones alternativas, adecuar los programas sociales ofertados a las verdaderas necesidades de la población penitenciaria (reforzar los recursos en materia de vivienda social, ampliar los puestos de trabajo penitenciario, incrementar los programas de formación laboral y priorizar la atención de la salud mental en prisión), la coordinación entre los equipos de tratamiento de Instituciones Peni­tenciarias, los servicios sociales públicos no peniten­ciarios y las entidades de la sociedad civil y promover campañas contra la desinformación acerca de la criminalidad y de sensibilización de la ciudadanía respecto a la legitimidad y, por último, la necesidad de invertir fondos públicos en un sistema penal y penitenciario que priorice la reparación de la víctima y la rehabilitación del infractor.

Delitos relacionados con la exclusión social

Del estudio se desprende también que uno de los principales problemas para que "los poderes públicos hagan una apuesta real" en esta dirección es la perspectiva social distorsionada sobre la realidad criminológica de España: es uno de los países más seguros del mundo (48,8 delitos por cada 100 mil habitantes en 2022, frente a los 79,5 del Reino Unido o los 60,7 de Alemania), y dentro de esa baja tasa de criminalidad el peso de los delitos más graves es testimonial; asesinatos, homicidios y violaciones apenas representaron el 1,5% del total en el citado año 2022". Sin embargo, ha explicado Arce, "la desinformación que propagan determinados discursos mediáticos y políticos fomentan una sensación de inseguridad en la población que no se corresponde con la realidad, lo que favorece un populismo punitivo que aboga por un constante endurecimiento de las penas y de las condiciones de vida en la cárcel". Del estudio de campo del informe se desprende que la mayoría de la población penitenciaria de la provincia de Córdoba ha cometido el tipo de delitos tradicionalmente relacionados con los contextos de exclusión social: contra el patrimonio (29%) o contra la salud pública (24%).

"Las encuestas realizadas desmienten la teórica laxitud y permisividad del sistema penitenciario español", ha asegurado Arce. El 43% de las personas encuestadas cumplían o habían cumplido penas privativas de libertad de larga duración (superiores a 6 años), a pesar de la señalada escasa incidencia de la criminalidad más grave. Otra muestra de la dureza del sistema es el alto porcentaje (46%) de participantes en el estudio que se encontraban en los regímenes penitenciarios más duros (1º y 2º grado), donde está más restringido el acceso a los recursos que facilitan la rehabilitación y la preparación para la vida en libertad (programas formativos, trabajo penitenciario, permisos…). 

La prisión, "un espacio masculinizado"

Otro de los aspectos que destaca esta radiografía es la confirmación de la prisión como "un espacio masculinizado": el 95% de las personas que se pudieron localizar para participar en el trabajo de campo, y el 100% de los usuarios de los programas penitenciarios de las asociaciones contactadas, eran hombres. "Representan una mayoría tan aplastante en la población carcelaria hace que los de por sí escasos recursos sociales existentes en prisión se dirijan prioritariamente a los hombres, generando un factor extra de exclusión para las mujeres presas", ha informado Arce.

En el informe han participado un total de 80 personas que se encontraban cumpliendo pena de prisión o que ya la habían cumplido, junto con las asociaciones que realizan programas sociales en la cárcel de Córdoba como Cáritas, Prolibertas o Ariadna.

"Un entorno inhóspito"

Con relación a los últimos incidentes ocurridos en la prisión de Córdoba, relacionados con agresiones, Carlos Arce ha afirmado que "la cárcel es un entorno inhóspito y difícil en el que no se generan las óptimas condiciones entre presos y funcionarios y eso lleva a que haya explosiones de conflictos que no se resuelven de la forma más adecuada. Es un síntoma del que sistema no funciona"