Figueroa y Santuario, dos modelos de gestión de las zonas privadas de uso público

El Ayuntamiento de Córdoba aprobará el lunes en la junta de gobierno local el convenio tipo por el que asumirá la gestión de las llamadas zonas privadas de uso público que están repartidas por una docena de barios de la ciudad y afectan a unos 50.000 cordobeses. Aprobado ese convenio tipo, las comunidades de vecinos, mancomunidades o asociaciones de vecinos podrán suscribir el documento adaptándolo a la realidad de cada barrio y a las necesidades de la zona. 

La fórmula jurídica diseñada por el Ayuntamiento después de años de reclamaciones se inspira en lo que funciona en otras ciudades como Logroño o San Sebastián, cuyas ordenaciones urbanísticas también contemplan ese tipo de zonas que a pesar de poder ser transitadas y utilizadas por todos, dependen en cuanto a mantenimiento y limpieza de las comunidades de vecinos y no de la administración local.  

Un convenio, varias fórmulas

Las comunidades de vecinos que deseen que sea el Ayuntamiento quien a partir de la firma del convenio se haga cargo del mantenimiento del pavimento, la iluminación, el podado de los árboles o el arreglo del césped, la limpieza viaria o la recogida de papeleras tendrá que trabajar con el departamento de Patrimonio del Ayuntamiento un convenio concreto adaptado a cada realidad. Quienes hayan privatizado su espacio (convirtiéndolo por ejemplo en un aparcamiento de uso exclusivo para los vecinos) no podrá beneficiarse de esta fórmula. Por contra, la única contraprestación vecinal será la que marca el PGOU, esto es, la ordenación de su zona que consistirá en dibujar en el planeamiento los bloques, aceras o zonas verdes que haya, es decir, esencialmente pintar lo que existe. Dicha ordenación se tendrá que ver con la Gerencia de Urbanismo. El convenio tendrá una duración de 4 años prorrogables y su firma no supondrá la cesión del espacio, que seguirá siendo propiedad de las comunidades. 

Dos modelos

Grosso modo, hay dos modelos generales:el que impulsan los vecinos del Parque Figueroa, que persiguen que sea el Ayuntamiento el que asuma al 100% la gestión de esos espacios; y el modelo del Santuario, cuyos vecinos pretenden mantener la gestión de los jardines y ceder el resto de competencias al Ayuntamiento. En este segundo caso, las comunidades tendrán que negociar con la administración una contraprestación por esos servicios que darán ellos, que podría ser una rebaja en el orden fiscal del IBI o de la tasa de Sadeco, por poner algún ejemplo. 

Modelo Figueroa

Francisco Muñoz, portavoz de la asociación del Parque Figueroa, cree que el convenio va a «facilitar muchísimo» el día a día de los vecinos al pasar a ser «una parte más de la ciudad» con los mismos servicios municipales. Con 20.000 metros cuadrados de zonas verdes, el Figueroa ha sufrido los problemas y los gastos que le han dado los árboles y el césped de su propiedad pero ubicados en la vía pública. «Hasta para poder talar un pino que se metía en las viviendas tuvimos que ir al pleno», recuerda este portavoz vecinal que expresa su «alegría y agradecimiento» por el paso dado por el equipo de gobierno, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación Al-Zahara con el hallazgo de esta fórmula jurídica. 

Entre las ventajas de la nueva situación, Muñoz destaca una que será buena para el resto de la ciudad --y para el medio ambiente-- y es el hecho de que esos jardines dejarán de regarse con agua potable, como ocurre ahora mismo. Los vecinos esperan dar utilidad a una importante inversión que hicieron en los años 90 con la instalación de una red de tuberías de polietileno, 64 bocas de riego y un aljibe que podrían conectarse por fin con la red de Emacsa.

La asociación del Parque Figueroa se ha ofrecido a negociar con el Ayuntamiento directamente. «Creemos que es más fácil que uno negocie con la administración y que no lo tengan que hacer por separado las 108 comunidades de vecinos que hay aquí, pero se irá viendo», resume el portavoz. 

Modelo Santuario

Con más reticencias han acogido la noticia en la Asociación del Santuario ya que no han participado directamente en la elaboración del convenio, ni lo conocían de manera previa a la presentación a los medios de comunicación. Su presidente, Rafael Carmona, recuerda además que el 16 de enero del 2020 presentaron un borrador de convenio que hicieron con arquitectos y abogados de mano de la GMU, que luego aprobó el Pleno y «que se metió en un cajón y hasta hoy». En el Santuario hay 56 bloques de pisos (852 viviendas) que, en principio, están satisfechos con la gestión que ellos mismos están haciendo de los jardines. Por eso, el modelo que ellos quieren cerrar con el Ayuntamiento pasa por establecer una compensación por ese gasto que podría llegar vía rebaja del IBI, destinando un porcentaje de ese dinero (cada piso paga una media de 150 euros de IBI al año, es decir, unos 127.800 euros) a las zonas comunes.

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