Despedidas y juergas: el PP tirará de ordenanza para regular la convivencia en espacios públicos

La Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba se ha fijado como objetivo de 2024 la redacción y aprobación de una ordenanza que por primera vez en Córdoba regule la convivencia ciudadana en los espacios publicos. La nueva norma, que tienen desde hace más tiempo ciudades como Sevilla o Granada, persigue como filosofía básica preservar los espacios públicos como un exponente de convivencia y civismo, en los que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de trabajo y de esparcimiento, con respeto a la dignidad y a los derechos de los otros.

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El equipo de gobierno ya había expresado en alguna ocasión su deseo de poner orden en espacios vinculados sobre todo al casco histórico, para controlar actividades diversas que abarcan desde las despedidas de solteros hasta la celebración eventos culturales o lúdicos. Además los vecinos del distrito Centro también le habían pedido al Ayuntamiento más control en este tipo de actividades. De momento, más allá de estas manifestaciones públicas no se había dado ningún paso formal, hasta la inclusión en el plan normativo de 2024 (el documento que recoge la previsión de modificación o creación de ordenanzas que se fija el gobierno local anualmente) de esta ordenanza. El plan normativo, eso sí, es una declaración de intenciones que en ocasiones se queda en eso: intenciones.

Más ambición

Desde el Consejo del Movimiento Ciudadano, la reivindicación es mucho más ambiciosa porque se pide la regulación en una sola ordenanza de todo lo concerniente a la vía pública. "En la actualidad hay al menos diez ordenanzas que hablan de la vía pública y que abordan cuestiones como la limpieza, instalaciones o veladores; necesitamos una que armonizaría todas esas cuestiones", defiende Juan Andrés de Gracia.

Hacer frente a nuevas situaciones

Recogiendo el espíritu de normas como la de la capital hispalese, que data del año 2006, la ordenanza quiere ser una herramienta efectiva para hacer frente a las nuevas situaciones y circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla y que, al igual que en cualquier otra gran ciudad europea, se están produciendo últimamente en la ciudad de Córdoba. La normativa tendrá, eso sí, que mantener el difícil equilibrio entre el derecho de las personas a expresarse libremente en los espacios públicos y a ser respetados en su liberta y los deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como al mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas.

En la ordenanza de Sevilla, por ejemplo, se prohíbe cualquier actuación sobre los bienes protegidos y exige a los organizadores de actos en los espacios públicos que garanticen la seguridad de las personas y los bienes, pudiendo exigir el Ayuntamiento hasta una fianza o una póliza de seguro para responder de los daños que puedan causarse en estos eventos.

¿Podría afectar a ensayos cofrades o actos de índole política o sindical?

¿Podría afectar esta normativo, por ejemplo, a ensayos cofrades o actos de índole política o sindical? La ordenanza de Sevilla deja fuera a activdades de índole político, social, religioso, sindical o docente, como ocurre en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, por lo que es poco probable que aquí se cambie esa filosofía.

Lo que sí se regula en la ordenanza son las infracciones contra la dignidad de las personas quedando prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, o burlas. Además en esta ordenanza se incluye la degradación visual del entorno urbano como elemento castigable (pintadas y graffities), así como las actividades pirotécnicas y los fuegos, las actividades contra el mobiliario e instalaciones urbanas y de deterioro del espacio urbano o la mendicidad. Las multas de esta ordenanza van desde los 700 a los 3.000 euros.

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