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REPORTAJE

Anfane logra la dación en pago y un alquiler social vitalicio para la pareja de octogenarios estafados

La entidad celebra que la familia se quede en su casa y sin deuda aunque advierten que seguirán trabajando para que se haga justicia con esta familia

Manuel y María en una imagen de archivo del año pasado.

Manuel y María en una imagen de archivo del año pasado. / Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) ha conseguido un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para librar a la pareja de octogenarios cordobeses estafados de la amenaza del desalojo. La salida consistirá en la aceptación de la dación en pago de la deuda que se les atribuye por las cargas hipotecarias asociadas a la vivienda que compraron en 2009. Tras la firma del acuerdo, prevista para la semana próxima, Manuel y María, de 87 y 83 años, podrán vivir sin la presión del desahucio, a cambio de un alquiler social vitalicio que les permitirá residir en el domicilio los años que le queden de vida.

Para la asociación es "un logro haber conseguido que esta familia pueda permanecer en su casa", ya que recuerdan que cuando el caso llegó a sus manos, la ejecución hipotecaria estaba en marcha y la Sareb no tenía obligación de sentarse a negociar una solución, ya que estaba claro que no habían cobrado el dinero que se les adeudaba. Pese a todo y después de revisar una cantidad ingente de documentación desde marzo hasta ahora, han conseguido una salida no prevista para personas con los ingresos de esta familia, que podrá además vivir con un alquiler social de ciento y pico euros sin fecha límite y no por los siete años que marca la ley. Pese a todo, Cidres advierte que la asociación seguirá trabajando en el caso "porque es indignante la forma en que han estafado a estas personas".

Esta salida, sin embargo, no borra la indignación del hijo del matrimonio, José Manuel, que asegura que «es la que hay y la aceptamos para que mis padres descansen, pero no deja de ser una injusticia porque permitirá que dos golfos se vayan de rositas después de haber estafado a una familia». 

Manuel, guardia civil jubilado, igual que su hijo, y María, ama de casa y madre de dos hijos, adquirieron el inmueble en el que residen sin hipoteca. Pagaron 147.000 euros a los promotores de la vivienda ante notario, con dos cheques nominales fruto de los ahorros de toda una vida. Ese día, supieron que el piso tenía una carga hipotecaria de más de 100.000 euros que los promotores se comprometieron a pagar con el dinero que iban a recibir de ellos, pero que nunca abonaron. La buena fe y el desconocimiento les hicieron confiar en que la deuda había sido saldada, hasta que se enteraron de la ejecución hipotecaria que se les venía encima. Condenados los autores por apropiación indebida, la orden de lanzamiento contra ellos siguió adelante sin que los culpables, que se declararon insolventes, llegaran a pagar por los delitos cometidos.

«Yo sé que esto es lo único que se puede hacer», explica José Manuel, «pero no hay derecho a que ocurran estas cosas, mi madre dice que ella no quiere piso, que donde vaya no se va a poder llevar nada, pero le queda la pena de que lo que iba a ser para sus hijos y sus nietos se lo hayan llevado esos golfos».

Manuel cumplió hace dos semanas 87 años, pero no está bien de salud y aún no han podido celebrarlo en familia. «Está entrando y saliendo del hospital porque está muy delicado», explica su hijo, que en 2021, viendo la situación de estrés y ansiedad en la que vivía su padre, incapaz de entender las cartas que ponían fecha al desahucio de la casa que habían comprado, acabó por redactar una carta en la que le aseguraba que el problema se había resuelto y que todo estaba en orden. «Desde ese día, mi padre desconectó y dejó de sufrir»., sentencia.

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