La Fiscalía de Córdoba investiga como trata un caso de vientre de alquiler de una inmigrante

La Fiscalía de Córdoba investiga un caso de vientre de alquiler como un presunto delito de trata de personas. Todo comenzó a raíz de una denuncia, interpuesta en el año 2022, que tiene como víctima a una mujer presuntamente captada para una gestación subrogada, según ha precisado el fiscal Antonio Romero en la presentación de la memoria del ministerio público este miércoles.

Una pareja de un pueblo de la provincia ofreció 20.000 euros a la víctima, que contactó previamente con ellos, al encontrarse en una situación de dificultad económica, a través de redes sociales. El plan era que una vez que quedara embarazada, permaneciera en España y, a los nueve meses, les hiciera entrega del bebé.

Relaciones sexuales forzadas

Al llegar al país, la mujer fue recogida en el aeropuerto por la pareja y trasladada a su vivienda particular. La víctima manifestó su preferencia con que la inseminación fuera de forma artificial, pero le manifestaron que resultaba muy costoso y que debía mantener relaciones sexuales con el varón. En un principio, aceptó, pero posteriormente se usó la violencia y la intimidación para efectuarlas, según detalla la memoria.

El Ministerio Público ha confirmado que hay varias personas investigadas por estos hechos. Al parecer, como ha señalado Romero, la mujer fue traída a España mediante el engaño para alquilar su vientre. La comisión de los hechos coincide, perfectamente, con lo que la ley considera como un delito de trata de seres humanos: intimidación, violencia, engaño. Sin embargo, la finalidad no es la habitual de explotación sexual o laboral.

España considera que los vientres de alquiler son violencia reproductiva

En fase de instrucción

El procedimiento se encuentra en fase de instrucción. A nivel judicial, uno de los problemas de este asunto es que "la finalidad de explotación no está prevista", lo que "hace inviable su calificación jurídica" en base al delito de trata, como se indica en la memoria.

Los hechos, en estos momentos, están siendo valorados por la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado y cabe la posibilidad de que se formule una propuesta de lege ferenda (reforma de ley). Al margen, el ministerio público considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal.

Seguridad para la víctima

La investigación de este tipo de hechos, como ha apuntado Romero, entraña otra complicación en cuanto al acceso a la víctimas, tanto por la dificultad para localizarlas como por las "reticencias a declarar" que pueden surgir del "miedo". Entonces, la cooperación se tuerce.

A la espera de una posible apertura de juicio oral y mientras los hechos de este caso concreto siguen investigándose, el fiscal encargado de la sección de trata de personas y extranjería subraya la importancia de brindar seguridad a estas personas. En este aspecto, destaca la estrecha colaboración entre los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de segurida del Estado, la Fiscalía y los juzgados.