CSIF ha protagonizado este miércoles una concentración en Córdoba para denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado en 2018 por parte de la Junta de Andalucía y exigir la recuperación de las ayudas de Acción social y de la parte autonómica de las pagas extra detraídas a los empleados y empleadas públicas de sus nóminas en 2013 y 2014.
Ante la “falta de voluntad de la Junta”, el vicepresidente de CSIF, Antonio Rafael López, quien ha participado en la movilización que ha tenido lugar hoy en la delegación del Gobierno de la Junta, ha explicado que el calendario de movilizaciones tendrá continuidad el día 4 de octubre con una concentración regional ante el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Ejecutivo regional. La iniciativa responde “a la necesidad de que la Administración simplemente cumpla con lo pactado”, ha señalado. Precisamente, el lema elegido ha sido La Junta No cumple.
El Acuerdo marco de 13 de Julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público recogía tanto la recuperación de las ayudas de Acción social –que dejaron de concederse en 2011-- como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.
CSIF denuncia que todas las comunidades autónomas de España a excepción de Andalucía han recuperado las ayudas de Acción social, que fueron limitadas en su momento para la corrección del déficit público. Dichas prestaciones --que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario-- adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual, ha destacado el dirigente sindical.
Respecto a la parte autonómica de las pagas extra de los años 2013 y 2014, Andalucía es la única comunidad que ni siquiera ha hecho el intento de devolverla. “Por este motivo, desde CSIF denunciamos que la Junta de Andalucía ha convertido a sus empleadas y empleados públicos, que en Córdoba suman más de 27.000, en los únicos del territorio nacional que siguen sin poder acceder a las prestaciones de Acción social, ni han podido recuperar las pagas extra de 2013 y 2014”, ha apuntado López.