La Junta de Andalucía ha denunciado ante la Policía Nacional y ha despedido de su puesto a la directora de una residencia de ancianos de Córdoba que se quedó presuntamente con 30.000 euros de la cuenta de una interna. Así lo han confirmado fuentes de la Administración autonómica y ha adelantado ABC.
Según el relato del citado medio corroborado por la Junta, la directora del centro San Andrés de Córdoba, que pertenece a una fundación pública de la Delegación de Inclusión Social, habría operado con la cuenta de una anciana para sustraerle al menos 30.000 euros. El asilo se encuentra en el barrio de San Lorenzo.
Una segunda denuncia
Esa cantidad, sin embargo, podría ser superior. La primera denuncia tras tener indicios de la sustracción de los 30.000 euros se produjo a finales de agosto, pero después se tramitó una segunda por si se han producido más operaciones similares, cuestión que tendrán que dilucidar los invesitigadores del caso.
Al parecer, la directora del centro tendría autorización para operar con la cuenta de la afectada, dado que esta carece de los conocimientos para hacerlo por su cuenta. Gracias a eso, la responsable de centro transfirió hasta la cuenta de un familiar ciertas cantidades desde la entidad financiera original. También utilizaba una tarjeta de crédito con la que realizaba disposiciones en efectivo, siempre según el relato de ABC.
Explicaciones de la Junta
En una rueda de prensa, el delegado del Gobierno regional en la provincia, Adolfo Molina, ha explicado que "se ha presentado una denuncia en cuanto se ha tenido conocimiento por una serie de actuaciones de que parecía que estaba habiendo unas transferencias de una residente a cuenta de un familiar de la directora".
Según ha detallado, "en cuanto que eso se ha detectado, el día 24 de agosto, se puso la denuncia el día 25 en la Policía Nacional", a la vez que "se procedió a despedir a la directora y la Policía Nacional inició sus pesquisas", ha apuntado Molina.
Además, ha señalado que "la persona que presuntamente ha hecho estas acciones no ha desmentido, ni ha alegado nada en su defensa", al tiempo que "se inició una investigación para ver si había otros residentes en los que hubiese podido haber alguna anomalía", de modo que "el 14 de septiembre se ponen otra vez en conocimiento de la Policía nuevos datos que se tenían en la investigación interna con los residentes".
Celeridad y colaboración
Al respecto, el delegado ha resaltado "la celeridad en cuanto a denunciar a la Policía", de modo que "ya se ha dado traslado a la autoridad judicial y hay tribunal designado para el caso", a lo que ha agregado que "habrá que esclarecer todo lo ocurrido".
Ante todo, el delegado de la Junta ha ensalzado "no sólo la colaboración que se tiene, sino que se ha actuado en cuanto que se ha tenido conocimiento y se ha denunciado a esta persona y estos hechos en la Policía".
La segunda denuncia, ha indicado, se ha puesto tras "detectarse algunas otras anomalías, no tanto de sustracción económica", sino sobre "el número de residentes por los que se estaba funcionando", dado que "había algún dato que no concordaba", de forma que "esta persona presuntamente no estaba actuando como debe", ha advertido Molina, quien ha remarcado que se ha acudido a la Policía y se ha despedido "de inmediato".
