El pasado miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un real decreto que regula ayudas para 130 víctimas de la talidomida de todo el país, después de muchos años en los que las personas afectadas por este medicamento reclamaran una reparación ante los daños que sufren. En España miles de personas nacieron entre 1950 y 1985 con malformaciones en sus extremidades inferiores o superiores, y también con problemas en los órganos, debido a que sus madres tomaron talidomida en el embarazo. Ese fármaco, de origen alemán, se recetaba en esa época para combatir los vómitos y las náuseas durante la gestación, pero con el tiempo se conocieron las graves consecuencias que habían causado a los bebés de las mujeres que lo tomaron.
Hasta en 50 países se comercializó la talidomida y España es uno de los pocos en los que las víctimas no han recibido hasta el momento compensación económica alguna, algo que este real decreto pretende resolver, aunque sólo en parte, ya que el Gobierno central reconoce únicamente a 130 víctimas, pero las asociaciones que engloban a los afectados señalan que son muchísimas más.
La situación en Córdoba
En Córdoba se desconoce el número exacto de personas que podrían recibir estas ayudas, ya que algunos han preferido no hacerlo público. Uno de ellos está previsto que sea Francisco González, de 65 años. Francisco recibió en su día un certificado positivo del Instituto de Salud Carlos III, organismo que realizó estudios a numerosas personas para determinar si cumplían los requisitos para recibir ayudas por parte del Estado.
Ahora, este cordobés tiene que remitir determinada documentación que viene recogida en el real decreto y esperar a que se haga efectiva la resolución positiva y recibir a continuación la indemnización. Prefiere no decir la cantidad que se supone recibirá por respeto a tantas personas que, salvo que las reclamaciones que están preparando las asociaciones de víctimas prosperen, se quedan fuera de las ayudas del real decreto.
Para él, la aprobación de estas compensaciones económicas por parte del Estado después de tantos años le supone una "sensación agridulce", por el hecho de excluir a tantos afectados, que como añade, paradójicamente cuentan con un certificado de discapacidad que acredita que esa condición se debe a la talidomida y también forman parte de un registro que hace unos años abrió la Junta para contabilizar a las víctimas de este medicamento en Andalucía. “Existe incluso un real decreto que permite la jubilación anticipada a los 56 años a las personas afectadas por la talidomida”, expone este vecino de Alcaracejos, “aunque en mi caso yo estuve trabajando hasta los 60”.
Muchas víctimas se quedan fuera
Francisco entiende que sería de "justicia" que todas las víctimas pudieran recibir ayuda, ya que "está demostrado que los afectados por este medicamento presentamos un envejecimiento precoz y sufrimos graves secuelas en su salud, lo que nos hace necesitar cuidados que requieren un gasto superior a personas sin estos problemas". Otro aspecto que espera pudiera resolverse es que estas ayudas estén exentas fiscalmente, ya que sino las víctimas tendrían que pagar alrededor de la mitad de la indemnización a Hacienda.
El otro frente que hay abierto es la demanda que las asociaciones de pacientes tienen contra la farmacéutica que comercializó la talidomida, ya que si bien en otros países hay víctimas que recibieron indemnizaciones de esta compañía, en España no se ha dado este caso.
Francisco Aguilar, de Puente Genil, no será indemnizado
El caso de Francisco Aguilar, de Puente Genil, de 48 años, es también el de una víctima de talidomida, pero que no ha recibido la valoración positiva del Instituto de Salud Carlos III. En la notificación que se le hizo llegar se le decía que no será beneficiario de indemnización dentro del decreto recién aprobado por el Estado español. Francisco nació, como consecuencia de que su madre tomó este medicamento durante el embarazo, con una malformación en su brazo izquierdo y tiene reconocida una discapacidad por ese motivo. Además, pasó la supervisión realizada en su día para formar parte del registro andaluz de afectados por este tratamiento, pero como tantas otras víctimas se queda fuera de esta reparación, que para las asociaciones de afectados Avite y A3T "llega tarde y se queda muy corta".
