La UCO exige a la Junta más financiación para ejecutar los acuerdos de la mesa de negociación

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo y el consejo de dirección han informado al Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria, de las conversaciones mantenidas entre las universidades públicas andaluzas, los sindicatos y la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en el marco de la Mesa de Negociación a nivel andaluz. En su informe, detalla la UCO, se ha señalado que por parte de las universidades se ha realizado una estimación de la cuantía económica que suponen los acuerdos propuestos en las mesas sectoriales del Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (Ptgas), lo que se ha trasladado a la consejería.

Tanto las universidades como los sindicatos han trasladado a la consejería la necesidad de que los acuerdos resultantes de dichas mesas sectoriales "se vean reflejados en el consiguiente incremento del límite de gasto de personal y en la financiación tanto de las universidades en el presente ejercicio económico como en el futuro modelo de financiación".

Precisamente, los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han celebrado este miércoles a las puertas del Rectorado una asamblea informativa para dar a conocer la situación actual de sus negociaciones con la Junta de Andalucía y los responsables de las universidades públicas andaluzas. En concreto, la mesa sectorial del Ptgas tiene como reclamaciones principales el abono de los atrasos del quinto tramo del complemento de calidad, la implantación de la carrera horizontal y la armonización de condiciones de trabajo en las diferentes universidades. Con respecto a la mesa del PDI, las negociaciones se centran en la convocatoria de complementos autonómicos y la adaptación a la nueva normativa.

Los sindicatos afirman que, durante las diversas reuniones realizadas desde enero de 2023, "no ha quedado claro que la Junta esté dispuesta a agilizar las negociaciones, del mismo modo que caben dudas sobre su voluntad de aumentar la financiación del capítulo I o la cota de personal". Esto, prosiguen las organizaciones, "dificulta que las universidades puedan hacerse cargo de dichas reivindicaciones, aunque algunas hayan manifestado su acuerdo con ellas, entre ellas, la propia UCO". Además, añaden, "es necesario que la cuantía económica de los acuerdos andaluces se recoja en el nuevo modelo de financiación, el cual debe reflejar una financiación directa de la Junta a su Sistema Universitario Público del 1% del PIB de nuestra comunidad autónoma".

Declaraciones

El secretario de la Sección Sindical de CCOO en la UCO, Juan Francisco Pedrazas, remarcó que "las universidades están plenamente de acuerdo con nosotros en que tenemos derecho a que se nos pague y tienen disposición a pagarnos, la que no tiene disposición a dar ese dinero es la Junta, que lleva desde 2020 sometiendo a una serie de recortes en su financiación que limitan la posibilidad del movimiento de personal por parte de las universidades". Así, Pedrazas apuntó que "las universidades no tienen problemas para hacer el pago, pero con los condicionantes que ha puesto la Junta eso supondría evitar contratación y limitaría enormemente los acuerdos de promoción interna de todo el personal, tanto docente como de administración y servicios si se tuviera que hacer efectivo sin que hubiera un aumento de financiación".

El responsable de la Sección Sindical de CSIF en la UCO, Rafael Baena, recordó que "desde 2018 hemos mantenido reuniones con los tres consejeros de Universidades que ha tenido la Junta de Andalucía, desde entonces, no se ha resuelto absolutamente nada. No entendemos que la Administración autonómica le pase la pelota a las universidades, cuando es el Gobierno andaluz el responsable de aportar el soporte económico y administrativo para solventar esta situación". Según remarcó Baena, "ya es hora de que se cumpla la ley y se lleve a cabo de una vez por todas la carrera horizontal de la plantilla y se elabore una relación de puestos de trabajo (RPT) en la que se incluya la definición de las funciones y competencias del personal".

Por su parte, el delegado de la sección sindical de UGT en la UCO, Francisco Poyato, señaló que "la situación actual del colectivo de trabajadoras y trabajadores de PDI Y Ptgas se podría resumir indicando que no se han respetado los derechos que les fueron reconocidos en las negociaciones la Mesa General de Negociación de Universidad en Andalucía de 2018". Asimismo, acusó a la Consejería de Universidades de no tener voluntad de resolver los problemas y recordó que a los PDI se les deben complementos autonómicos y a los Ptgas complementos de productividad, algo intolerable".

La consejería responde

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha asegurado que se encuentra a la espera de la respuesta de los sindicatos a las propuestas planteadas en la Mesa Sectorial del Personal Docente e Investigador (PDI) sobre la nueva convocatoria de los complementos autonómicos del profesorado universitario. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía de convocar este año, por primera vez, con carácter anual la evaluación de este complemento retributivo ligado a los méritos docentes, investigadores y de gestión de este colectivo. Del mismo modo, ha asegurado que la Administración autonómica “no tiene ningún inconveniente” en que las universidades realicen ya el pago del 50% que resta del quinto tramo a su Personal de Administración y Servicios (PAS), aunque ha recordado que “ese abono está condicionado al acuerdo que deben llegar previamente universidades y representantes sindicales sobre el desempeño profesional”.

En relación con el complemento autonómico, Herrera ha asegurado que la Junta, hace varias semanas, ya planteó a la Mesa Sectorial de PDI dos propuestas para volver a activar la evaluación de esta remuneración, pero, según ha aclarado, “todavía no se ha recibido ninguna respuesta al respecto”. La Consejería de Universidad presentó a representantes de universidades y sindicatos dos alternativas: realizar una convocatoria idéntica a la que se llevó a cabo en 2018 o bien diseñar otro modelo de retribución con modificaciones y más simplificado que, entre otras cuestiones, posibilitaría beneficiarse de este complemento a nuevas figuras de profesorado que no se contemplaron anteriormente. “Los sindicatos deben decidir, primero, con qué opción se quedan para que la Junta pueda poner en marcha la tramitación asociada a ese proceso”, ha afirmado.