El juez del segundo caso Infraestructuras reanuda la toma de declaraciones a empresarios

El juez de Instrucción número dos de Córdoba, que instruye el segundo caso Infraestructuras, reanudó esta mañana la toma de declaraciones a dos empresarios de la decena de investigados que hay en esta causa que llevó a los tribunales el concejal David Dorado. El edil elevó su denuncia a los juzgados después de que se abriese un primer caso Infraestructuras en el que él mismo terminó siendo imputado y por el que precisamente ha sido citado de nuevo a declarar como investigado el día 17 de mayo. Ese primer caso está siendo instruido por el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba y hay imputados otra decena de empresarios, además del propio Dorado, su excoordinadora general y el que era jefe de Colegios y Mantenimiento de edificios municipales.

Habría que recordar que el juez del segundo caso Infraestructuras investiga un posible amaño de contratos en el alumbrado público de la ciudad (en el primer caso la investigación se circunscribe más a obras de mantenimiento y en los colegios municipales) y en el que habría intervenido un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba. El juez tiene previsto tomar declaración a todos los investigados --el funcionario denunciado en esta segunda causa declarará el martes próximo-- y a varios testigos más hasta mediados de mayo, de modo que tanto el primer caso como el segundo caso Infraestructuras coincidirán con la campaña electoral.

Rechaza tomar declaración a Bellido como testigo

Por contra, hace unos días el juez rechazó la petición de David Dorado para que llamara a declarar como testigos al alcalde, José María Bellido, y al concejal Miguel Ángel Torrico, así como a varios funcionarios como la interventora y el jefe de los letrados del Ayuntamiento. En su auto, el juez entendía que la toma de declaración de esas personas "no era oportuna".

Recientemente, además, el Ayuntamiento de Córdoba se personó como perjudicado en esta segunda causa que se remonta varias años atrás.  El Ministerio Fiscal pidió de hecho al Ayuntamiento de Córdoba que le enviase varios contratos con tres empresas que se firmaron entre los años 2016 y 2022, además de otros contratos de alumbrado público firmados en el año 2012.