La nueva ordenanza de inspección de edificios entrará en vigor en 2024

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar este miércoles, de forma inicial, la nueva ordenanza de inspección de edificios. Como ha explicado este martes el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, Córdoba cuenta en estos momentos con una ordenanza que regula estas ITV de edificios "desfasada" y prorrogada ya en varias ocasiones. El nuevo texto primero se tuvo que adaptar a la LOUA y ahora a la Lista (la vigente ley urbanística autonómica) y a su reglamento. Según los plazos calculados por Fuentes y teniendo en cuenta todo el procedimiento por el que tiene que pasar la ordenanza, el objetivo es que se apruebe de forma definitiva a finales de este año y entre en vigor a principios de 2024.

La nueva norma se denomina Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de Edificaciones (Ocrer) y se trata de un instrumento que establece los parámetros para la conservación, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, teniendo en cuenta la realidad social y económica del momento. Los edificios de la ciudad que tengan 50 o más años están obligados a pasar por lo que se conoce como Inspección Técnica de Edificios (ITE) que analizará, a grandes rasgos, tres parámetros: su estado de conservación, la realidad que presenta en cuanto a criterios de eficiencia energética y sus condiciones básicas de accesibilidad.

Las comunidades que tengan que someter a sus edificios a la ITE tendrán que hacerlo a través de un técnico facultativo. El propio texto de la ordenanza ya recoge un formulario a rellenar con todos los parámetros que pide Urbanismo de forma, ha dicho Fuentes, que "no nos perdamos en papeles" y la ejecución de las obras, si fueran necesarias, se lleve a cabo con celeridad.

Casos y tiempos para hacer las ITE

Las edificaciones que son objeto de la Ocrer son aquellos residenciales con más de 50 años de antigüedad. Esto es una novedad con respecto a la ordenanza vigente, pues las viviendas unifamilares están exentas de tener que ejecutar la ITE correspondiente, a no ser que pidan ayudas municipales para la rehabilitación. También deberán pasar la inspección las edificaciones declaradas BIC y aquellas que estén en su entorno delimitado.

Es importante que la nueva ordenanza entre en vigor en enero del año que viene porque el texto recoge las fechas límite que tienen los propietarios para ejecutar la norma. Las edificaciones BIC y las que tengan más de 100 años tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025; las que tengan entre 75 y 100 años tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2026; las de entre 50 y 75 tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 y las de 50 años, hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir de ese momento, la ITE deberá ejecutarse dentro del año posterior a cumplir los 50 años el edificio.

Ayudas

La propia ordenanza recoge también la necesidad de establecer una serie de ayudas para poder acometer desde la contratación de un técnico que haga la inspección, hasta la redacción del proyecto de obra a ejecutar (si es necesario) pasando por los propios trabajos. Urbanismo ya estableció un convenio con los colegios de Arquitectos y Aparejadores para canalizar a través de las organizaciones profesionales la inspección de los edificios. Esos profesionales contarán con un formulario recogido en la norma donde se podrá determinar desde el estado en el que se encuentra el edificio hasta los trabajos que hay que ejecutar en el mismo.

En cuanto a las ayudas, según ha incidido Fuentes, el objetivo es consignar en los presupuestos del año que viene un mínimo de medio millón de euros. En años anteriores se han llegado a poner en marcha subvenciones con este objetivo, sin que finalmente se hayan llegado ni a solicitar. Por esto mismo, el presidente de Urbanismo ha detallado que se harán campañas informativas para explicar a los ciudadanos que estas inspecciones son de obligado cumplimiento.

En cualquier caso, Fuentes ha insistido en que la ordenanza no recoge un régimen sancionador y que se trata de un texto "amable". Eso sí, a los propietarios se les dejará claro cuáles pueden ser las consecuencias derivadas del incumplimiento de los deberes de conservación y Urbanismo podrá contemplar ejecuciones subsidiarias y/o forzosas en casos que las requieran.