Una mujer de Córdoba se enfrenta a tres años de prisión y a una multa de 90.000 euros, penas solicitadas por la Fiscalía, como presunta autora de un delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social.
La acusada, que es juzgada por la Audiencia Provincial de Córdoba, siguió cobrando una pensión de jubilación derivada de incapacidad permanente absoluta que correspondía a una persona fallecida, con la que mantenía algún tipo de relación personal.
La mujer ahora acusada figuraba como persona autorizada en la cuenta bancaria de la persona fallecida y, tras su muerte, siguió cobrando dicha pensión sin notificar a la Seguridad Social dicho fallecimiento.
La dirección provincial de la Seguridad Social en Córdoba reclama a la mujer el importe de las mensualidades de las que se benefició. A las penas solicitadas, el Ministerio Fiscal suma la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas por 8 años.
