La fiscal de Medio Ambiente en Córdoba, María Eugenia Bautista, analiza las principales causas que llegan a sus manos relativas a la materia. La más acuciante, y esto lo repite en más de una ocasión, son las construcciones ilegales.
¿Cuál es el nivel de carga de trabajo de la Fiscalía de Medio Ambiente?
Nosotros tramitamos diligencias de investigación e intervenimos en los procedimientos penales. Las diligencias se incoan a partir de una denuncia y tienen una presencia, relacionada con el conjunto de la Fiscalía, muy elevada. El año pasado tramitamos 105 diligencias de investigación y las denuncias suelen llegar de particulares, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las gerencias de urbanismo de los diferentes ayuntamientos, de la inspección de Ordenación del Territorio y de las asociaciones ecologistas. Estas últimas son las que impulsan a atender supuestos que, probablemente, se nos pasarían si no fuese por su trabajo. La justicia va lenta a veces, sobre todo, en este tipo de procedimientos que son muy técnicos que se suelen demorar en el tiempo. No obstante, se ha establecido un plazo máximo a la instrucción y se ha agilizado mucho. Pero tenemos otro problema, y es que este plazo de instrucción no nos permite, una vez pasado el plazo, seguir investigando. Muchas investigaciones se van a ver frustradas por esta norma. El proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regulaba el plazo de un modo tan estricto.
¿La evolución de estos asuntos ha ido al alza?
El año pasado hubo algunas diligencias menos que el año anterior, pero sí que observamos un aumento importante de las diligencias de ordenación del territorio, las relativas al urbanismo. Y estamos observando un fenómeno que hacía años que no se observaba, se ha vuelto a parcelar. En los años anteriores observábamos construcciones individuales en parcelas concretas, pero ahora hay un incremento notable del fenómeno parcelatorio y eso es un problema. Lo más grave en el urbanismo es la parcelación. Después de la parcelación llegan las construcciones, luego los pozos ciegos, la extracción de agua de acuíferos y todo el impacto que eso supone para el ecosistema. Nos causa una gran frustración porque, a pesar de todos los esfuerzos, esto no termina. A los ciudadanos no les está llegando el mensaje de que es un delito, que está prohibido y que no se va a regularizar su situación. Con la publicación de la ley Lista las autoridades administrativas podrán regularizar algunas de las construcciones que ya existen, pero no las que se están haciendo ahora. Y dentro de las que ya se han hecho no se podrán regularizar las inundables, las de extremo peligro de incendio, las próximas a Medina Azahara o las que están en el área de seguridad del aeropuerto, todo eso será irreconducible y los ciudadanos deben de saberlo.
¿Que la Lista permita adelantar servicios básicos no supone que, en un futuro, se pueda regularizar la situación urbanística de esas parcelas o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Creo que no tiene nada que ver. Existe una figura, el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), donde se proporcionan servicios básicos, aunque son los propietarios los que tienen que procurárselos, y eso no implica regularizar. El acceso a servicios básicos es la gran demanda, a la gente le importa más eso que el hecho de que pueda regularizarse su vivienda.
¿Está repartida la culpabilidad entre quien se hace una parcela a sabiendas de que eso es ilegal y la administración que no atajó ni ataja el problema?
Las responsabilidades son compartidas. El ciudadano sabe perfectamente, cuando realiza una construcción en un suelo no urbanizable, que no puede hacerlo. El origen de estos delitos está, precisamente y según un propósito confesado del legislador, en la pasividad administrativa. Por esto llegamos a que estas conductas, que también podrían ser sancionadas en el ámbito administrativo, lleguen a las fiscalías. Las fiscalías, tradicionalmente, atendían los delitos más clásicos: robo, asesinato, estafas… Y nos hemos encontrado con que el ámbito de actuación nuestro se ha ampliado. Por una parte, hablamos del principio de intervención mínima porque el derecho penal es el mínimo social ético, es decir, solo las conductas más graves sobre los bienes jurídicos seleccionados por el legislador son delito, todo lo demás debe sancionarse en el ámbito administrativo. Sin embargo, ante la pasividad administrativa, el legislador decide que deben intervenir las fiscalías. Nos encontramos con un derecho penal de doble corriente, por una parte, el bien jurídico contra el que se atenta es más clásico y, por otro lado, todo lo relacionado con los bienes colectivos, que no son de nadie. Cuando el particular construye donde no debe está afectando a un bien jurídico que no es suyo, que es de la colectividad, es de todos. Todo el mundo tiene derecho a una ciudad, a un medio ambiente sano.
Entonces, ¿la solución es el derribo de las parcelas ilegales?
Claro. Los ciudadanos tienen que saber que las construcciones y edificaciones que están realizando en suelo no urbanizable están abocadas a la demolición. Hubo una corriente jurisprudencial en la Audiencia Provincial de Córdoba según la cual, cuando un territorio ya estaba muy degradado, la conducta no era antijurídica y se absolvía a los ciudadanos que construían. Sin embargo, la Fiscalía de Córdoba recurrió en casación y el Supremo dictó dos sentencias. Una, de marzo de 2020, en la que establecía que cada construcción que se realizaba degradaba aún más el territorio y que no podían escudarse en la existencia de otro tipo de construcciones en los alrededores, que seguía siendo delito, puesto que, si no, no tendría fin la realización de construcciones ilegales. Y otra sentencia, de finales de ese año, donde se estableció el criterio contra el que se tenía en Córdoba y que decía que, aunque se condenase por el delito, no procedía la demolición porque estaba todo construido. El Supremo sistematizó una serie de criterios en los que claramente dice que no hay un derecho a la igualdad en la ilegalidad. Los ciudadanos sostienen que, si está todo construido, “¿por qué yo?” y es cierto, a nivel de sentimientos se comprende. Pero desde el punto de vista jurídico, el que haya habido impunidad en algunos casos, porque haya caducado la acción administrativa o no haya llegado a tiempo el asunto a la Fiscalía, no significa que su conducta no sea antijurídica y punible. Otra cuestión que se alega mucho es el derecho a la vivienda y el Supremo dice que el derecho a la vivienda se articula por los cauces legales, sería lo mismo, entonces, decir que el derecho a la vivienda también habría que respetarlo cuando se ocupa ilegalmente una vivienda. Esa cuestión está clara y los tribunales van a empezar a demoler las edificaciones.
Imagino que el Ayuntamiento también debería actuar en el mismo sentido.
Tiene que quedar claro que el urbanismo no se puede dirigir desde la Fiscalía, los ayuntamientos deben comprometerse con el restablecimiento de la legalidad. La demolición no tiene que venir solo de nosotros. El restablecimiento de la legalidad sería una importante llamada de atención a los ciudadanos, porque de otro modo, con la falta de condena, se está produciendo un efecto llamada que está en la base de que los ciudadanos piensen que antes o después su situación va a consolidarse de una u otra manera. No podemos olvidar, además, que existen zonas de riesgos inundables, se ha construido en todas partes, en la zona de seguridad del aeropuerto, en Medina Azahara, en terreno inundable o en terreno con peligro extremo de incendio. En el caso de las parcelas inundables, por ejemplo, costará dinero a todos los ciudadanos que se pueda reparar la situación y en el caso de zonas de incendios se asume un riesgo enorme para mucha gente, quienes viven allí, quienes visitan o los bomberos que tengan que ir a sofocar un incendio. El Ayuntamiento debe exigir planes de autoprotección y tiene que hacer un plan local de prevención de riesgos de incendio forestal. No se puede olvidar que el Infoca ya ha informado en varias ocasiones de que el riesgo es extremo. La demolición de parcelaciones en la sierra tiene que ser una realidad.
"La demolición de parcelaciones en la sierra tiene que ser una realidad"
¿Cuáles son las consecuencias directas para el ciudadano cordobés de que la ciudad tenga ese nivel de construcciones ilegales?
Todas esas parcelas tienen fosas sépticas, por ejemplo, que están afectando a los acuíferos. Afecta al medio ambiente también porque la ciudad mediterránea, la regulada por la mayoría de planes urbanísticos, es una ciudad compacta. Sin embargo, las parcelaciones están surgiendo en cualquier sitio, es la conquista del oeste, nos damos prisa y ponemos la estaca y construimos nuestra vivienda. Luego, y es lógico, esos ciudadanos demandan servicios, que llegue el autobús, por ejemplo, y si llega tendremos que hacernos cargo todos. Desde el año 2012, cuando se publica el decreto para la regularización de asentamientos en suelos no urbanizables, luego derogado, se han publicado diferentes normas para intentar reconducir lo que hay en ese suelo y se ha visto que no es posible. Y es que las normas urbanísticas están pensadas para urbanizar y luego construir, no al revés. Si primero construimos y luego urbanizamos, a ver a quién le toca ser zona verde o cómo ponemos los viales. Córdoba no se merece tener una ciudad fea, el crecimiento que está teniendo en sus alrededores está generando un feísmo que esta ciudad no se merece.
Pese a que insiste en que la solución es la demolición, no es que se hayan producido muchas y cuesta pensar que vaya a ocurrir.
El cambio de la jurisprudencia por parte del Supremo es relativamente reciente. Hasta ahora, son los particulares los que aceptan una pena y ellos mismos reconducen la edificación y la tiran. Sin embargo, a pesar de que ellos están recurriendo, al final no son reconducibles. Los tribunales de Córdoba van a demoler viviendas. Va a pasar seguro.
Dejando las parcelas a un lado, ¿llegan muchos asuntos sobre incendios forestales a esta Fiscalía?
Existen varios asuntos de grandes incendios en tramitación, están en los juzgados de Instrucción y tienen una gran importancia. Córdoba es una ciudad donde hace mucho calor y el incendio es un suceso absolutamente catastrófico. Cada año observamos que hay más incendios.
¿Y se observa intencionalidad en esos incendios?
Normalmente, suelen ser por imprudencia, una barbacoa, una colilla o quema de rastrojos. Aquí también es importante que las líneas eléctricas estén limpias porque ahí se estrellan aves, arden y terminan generando un incendio.
Su Fiscalía también gestiona los delitos contra el patrimonio histórico.
Sí, no son demasiados, pero tenemos que tener en cuenta que Córdoba es una ciudad con un importantísimo patrimonio arqueológico. Los delitos que nosotros tramitamos se refieren, muchas veces, a usos de detectores de metales que producen un daño mucho más relevante de lo que se pueda pensar. Cuando se extrae una pieza de un yacimiento se pierde todo el conocimiento histórico que esa pieza puede aportar. Luego se vende por internet y es difícil saber de qué yacimiento procedía. Aquí hemos visto la extracción de piezas valiosísimas y hay toda una red de delincuencia que genera muchísimo dinero alrededor.
¿Y hay delitos de atentado directo contra el patrimonio, contra un monumento?
Hace años que no vemos uno de esos, pero en Córdoba también se producen expolios de yacimientos, muchas veces generados por la agricultura. El particular está arando su terreno y cuando salen piezas y sabe que son importantes, continúa arando. Otras veces puede que no se den cuenta de la importancia de esas piezas.
En cuanto a los vertidos, ¿qué relevancia tienen en la provincia?
Este tipo de delitos van al alza en España y además se tiene más conciencia de ellos y hay más denuncia porque tenemos más conocimiento sobre la protección del medio ambiente. Hasta el Código Penal de 1995, el único delito que había sobre medio ambiente era el ecológico y ahí estaba, por ejemplo, el tema de los vertidos. En el caso de Córdoba, se conocen los vertidos de alpechín de las olivareras, no es la práctica general, la mayor parte de las cooperativas tienen un comportamiento correcto. Sin embargo, a veces, alguna sí que vierte, sobre todo en días de lluvia. Aquí también son importantes los delitos de vertidos de aguas residuales. España está pagando multas impuestas por la UE porque no termina de ser arreglado el tema de las estaciones depuradoras.
¿Qué otros delitos lleva esta Fiscalía?
El de ruidos, por ejemplo. Aquí hemos experimentado un menor número de denuncias, no sé si porque todo funciona bien o porque los ciudadanos no conocen las posibilidades jurídicas de las que disponen para frenar este tipo de delitos. También se incluye todo lo relativo al transporte y valorización de residuos, contraviniendo normas generales y con potencialidad de causar daño. Y hay que tener en cuenta que estos delitos contra el medio ambiente son de riesgo, no hace falta haber producido el daño. Lo que hace el Código Penal es adelantar la barrera de protección porque son riesgos tan importantes que no nos podemos permitir que se produzca el daño.
Con respecto a la protección de la fauna y la flora, ¿hay ciertos delitos que sobresalgan por encima de otros?
Suelen ser en entornos rurales, relacionados con el tema de la caza. La caza con costilla, por ejemplo, que se sanciona con mayor gravedad porque afecta a la biodiversidad. Cuando se instalan estas trampas puede quedar aprisionado cualquier especie, incluso que estén en riesgo de extinción. Tampoco termina de erradicarse el uso del veneno. Aquí hacen una función muy importante los agentes de Medio Ambiente. También es frecuente que nos lleguen denuncias por quitar los nidos de vencejos, golondrinas y aviones y eso puede llegar a ser delito.
¿Llegan muchas denuncias sobre delitos de maltrato animal?
Hay una nueva regulación en ciernes sobre el delito de maltrato animal, que regula las lesiones graves del animal, la muerte, el maltrato cruel en espectáculo públicos y el abandono. El problema que existe es la ausencia de la figura de un veterinario forense, muchas conductas terminan en la impunidad porque el juez no sabe si estamos ante este tipo de maltrato. Hay una iniciativa para crear diferentes mecanismos a fin de que pueda existir inmediatamente esa valoración forense y llegar al procedimiento con eficacia. La UCO ha ofrecido sus instalaciones para ello y ya hace necropsias y periciales. En este caso, los delitos que más se dan suelen ser de abandono.
