"Este parón es la punta del iceberg de lo mal que está la Justicia"

Acaba de firmar el documento que valida los servicios mínimos de la próxima semana cuando se recoloca en su sillón para responder a las preguntas. José Antonio Guerra, secretario coordinador de Justicia en Córdoba, responde con calma, pese a que una huelga sin precedentes amenaza con colapsar los tribunales. Finalizó su primer mandato superando una pandemia y, tras su renovación, el año pasado, se encuentra ante un frente abierto entre los letrados de Justicia, colectivo al que pertenece y del que es superior, y el Ministerio de Justicia, al que representa en la provincia.

En 2022 fue renovado en su cargo por cinco años más. Se podría decir que esta ya es su casa. 

Sí. El plazo máximo son 10 años en el cargo. Empecé en 2017 y en 2022 me han renovado por cinco años más. Es un cargo de libre designación por el Ministerio de Justicia y soy la máxima representación del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia aquí en la provincia de Córdoba.

Durante su cargo, ha enfrentado situaciones complejas como la pandemia y, ahora, esta huelga.

Sí, durante estos años me ha tocado pasar la pandemia, que fueron momentos bastante tensos y críticos. Y ahora lamentablemente, desde el 24 de enero, la huelga de los compañeros, de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en toda España. Huelga indefinida que nunca había vivido en mis 33 años de ejercicio. Lo que sí quería destacar, y ahora se está dando a conocer la función de los letrados de la Administración de Justicia, es que es un cuerpo muy desconocido en general.

¿Puede ser ese desconocimiento uno de los problemas? El colectivo reivindica su importancia.

A raíz del Libro Blanco de la Justicia y después con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se estableció además ya el cargo de secretario coordinador provincial y se dotó a los letrados de la Administración de Justicia -entonces, secretarios judiciales- de la jefatura de todos los servicios comunes. Se les dio también nuevas funciones en la tramitación de los procedimientos y la jefatura de los funcionarios. Somos los directores de la oficina judicial y después tuvo desarrollo legislativo con la reforma de 2009, en el que se otorgaron nuevas funciones, las que ahora vienen a reivindicar mis compañeros, con otra posterior en 2015. Todas esas atribuciones durante estos años es lo que reivindican. Que no es un aumento salarial, sino adecuación salarial a las nuevas funciones. Después también, entre otras cosas, se quiere una reforma del reglamento orgánico, que no negocien las condiciones laborales de los letrados de la Administración de Justicia los sindicatos generalistas... 

¿Cómo lleva este tipo de situaciones, tanto la pandemia en su momento como la huelga ahora?

No te esperas encontrarte tantos problemas, pero sí es verdad que es un cargo problemático, porque tienes que lidiar o que tratar tanto con los profesionales de la Administración de Justicia, con los funcionarios, con los jueces, con el Ministerio Fiscal... Ymirar por que la Justicia funcione en la provincia de Córdoba. Ese es el fin último. Después, se complican las situaciones cuando se presenta una pandemia. Todo fue muy acelerado. Fueron momentos críticos. Y ahora con esto igual. Intentar que se cumplan las cuestiones esenciales y se puedan cubrir en los diferentes juzgados de la provincia. 

En esencia, tanto el covid-19 como la huelga han supuesto un parón de la Justicia. ¿Qué diferencia hay entre los dos casos?

La diferencia del parón de la pandemia es que estaba parado todo el mundo. Ahora mismo hay mucha gente que está parada casi obligatoriamente porque está interrumpido el trámite. Ahora es casi mucho más complicado, porque también la huelga está perjudicando la actividad a los profesionales y al ciudadano, lamentablemente. 

«Es una huelga indefinida que nunca había vivido en mis 33 años de ejercicio»

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Al final, tiene las mismas o casi más consecuencias.

Más consecuencias, sí. Y lamentablemente el ambiente no es el ideal. El otro era un silencio forzado de todos los operadores jurídicos y, en este caso, es solamente de un cuerpo pero que está afectando al resto.

La huelga se encamina a su segundomes, ¿cómo se vive desde un puesto que media entre los letrados y el Ministerio de Justicia?

Es complicado, porque yo tengo que cumplir las instrucciones que nos dicta el Ministerio de Justicia, soy el representante en la provincia de Córdoba y tengo que hacer cumplir las instrucciones que dicta en cuanto a los servicios mínimos, en cuanto a la cobertura de las plazas... Ahora tenemos un momento de concurso de traslados, la petición de letrados al ministerio para que los juzgados estén bien dotados. Pero no es óbice para que, por otro lado, yo sí soy letrado de la Administración de Justicia, este puesto es temporal y también tengo que posicionarme con mis compañeros. Veo que sus reivindicaciones son justas, que no se le han concedido desde hace mucho tiempo y, en ese aspecto, estoy con ellos. Pero, por otro lado, tengo que tener la lealtad institucional para cumplir las instrucciones del ministerio.

Se han mantenido unas cuatro reuniones sin éxito entre el comité de huelga y el ministerio. ¿Aqué cree que se debe que las negociaciones estén encalladas?

En principio, creo que el nudo gordiano del problema es que el ministerio dijo en abril que sí, y admitió una serie de condiciones que se le habían planteado en huelgas de días que hubo previamente, respecto a la reforma de nuestro reglamento y nuestra posibilidad de negociación directa, no a través de intermediarios. Se dijo también sí a la mejora de grupos de población. Y, por otro lado, la adecuación salarial a lo reclamado desde el año 2009 a diferentes gobiernos y con las funciones de 2015. El Consejo General del Poder Judicial dijo que era un contrasentido lo que se percibía por parte de los LAJ y que se debería adecuar a la carrera judicial. No cobrar lo mismo, pero en un porcentaje que se había ido agrandando con respecto a la carrera judicial o fiscal. Creo que eso están dispuestos a negociarlo. Es una cuestión en la que no puedo entrar porque es cuestión del comité de huelga y de las asociaciones que han convocado. 

No por el número de actuaciones suspendidas, sino por su repercusión social, ¿cuáles son las jurisdicciones más damnificadas?

Fundamentalmente la Social, que aquí está teniendo un seguimiento alto y es una materia de incapaces, de prestaciones... Ya de por sí estaban retrasados los juicios. Ahora, si se suspenden, se vuelven a retrasar. Hace bastante pupa, bastante perjuicio. Si es algo fundamental, se celebra como servicio mínimo. Pero también hay algunas cuestiones que no están establecidas como servicios mínimos y que están causando un perjuicio. También los de Familia, donde hay menores. La admisión de demandas de los juzgados de Familia está paralizada. No solamente las suspensiones de juicios, sino también las suspensiones de ejecuciones, la entrega de cantidades... Incluso se están suspendiendo diligencias de lanzamiento. 

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El hilo entre el derecho a la huelga y la responsabilidad social de un cargo como el de los letrados es fino. El debate está ahí, ¿no?

Efectivamente. Está el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la huelga, pero, en realidad, los letrados de la Administración de Justicia no tienen excluido el derecho a la huelga, como puede ser en otros colectivos. En principio, están ejerciendo un derecho legítimo y de una manera legal, respaldado por una convocatoria que no ha sido recurrida ni nada por parte de la Administración.

«Si no se consigue nada, también por parte del colectivo mío va a haber herida... Grande»

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¿Teme un colapso de los tribunales tras la huelga?

Sí, sí, sí, claro. Lo temo y, además, ya lo estamos viendo. Ahora mismo los datos de suspensiones indican que cada vez se están produciendo menos pero porque ha habido menos señalamientos. Al principio, en la primera semana hubo un gran número de suspensiones, porque no se preveía la huelga. Ahora, conforme va avanzando, como están paralizadas las demandas, pues no hay señalamientos. Claro, todo eso que está paralizado cuando salga... A parte de la paralización de todos los expedientes, me preocupa el daño a las personas que están detrás y el ambiente con el resto de operadores. Se está creando un mal ambiente. Incluso también con los compañeros, si la huelga se desconvocara y no se consigue nada, también por parte del colectivo mío va a haber herida... Grande. 

La tensión parece que es casi inevitable.

Incluso si los compañeros consiguen los objetivos, va a haber que cicatrizar las heridas con los otros colectivos. 

¿Cómo se solucionaría ese posible colapso?

A lo mejor habría que establecer algunos plantes de actuación para desatascar. Pero entre todos. Tendría que ser por parte del ministerio, de la comunidad autónoma... Un acuerdo, no sé. En primer lugar, analizar los sitios. No está teniendo la misma repercusión en todos. Habrá que ver en aquellas jurisdicciones, aquellos compañeros que llevan más tiempo de huelga, tendrá que haber un plan de actuación concreto. No se puede generalizar a todos. Después de la pandemia, la Junta de Andalucía estableció unos planes. Desde la secretaria de coordinación le planteamos aquellos órganos que necesitaban, fue un plan de autorefuerzo. Se intentó paliar con eso, pero fue sobre todo para los funcionarios.

Entre los daños colaterales del parón, está la ciudadanía. ¿Considera que los ciudadanos están indefensos?

La manera de no causar indefensión es que el conflicto se solucione. Es verdad que, al final, el ciudadano es el último eslabón y el que paga los platos rotos. Pero en esta huelga y en todas, desgraciadamente. Están llegando quejas, pero, por otro lado, está el derecho a la huelga. 

¿Puede resentirse la relación de la Justicia con la ciudadanía?

Es que este parón es la punta del iceberg de lo mal que está la Administración de Justicia. Es la hermana pobre. Siempre se habla de sanidad y educación, es importante y hay que dotarlas económicamente, pero la Administración de Justicia ha estado siempre abandonada porque no se le ha tenido en cuenta. No se le ha dado la importancia que tiene para la seguridad jurídica de las personas o como motor económico. Si hay una buena Justicia, va a haber más seguridad jurídica, las empresas van a tener una respuesta, los trabajadores también... Pero como tenemos una Administración de Justicia que no da esa respuesta rápida, no se soluciona y no se mejora la actividad económica y el motor económico que tiene la Administración de Justicia. Eso, unido a que, en España, se acude mucho a los tribunales y se colapsan. 

¿Se aventura a dar un plazo de cese del parón y una solución?

Ayer (9 de marzo) hubo una manifestación multitudinaria en Madrid y no sé si eso va a ablandar el corazón del ministerio y las negociaciones. Los compañeros míos, con que se les diera algo... A lo mejor todo no lo van a conseguir, pero lo que me dicen a mí es que no ofrecen nada, solo desconvocar. Habrá que escuchar también al ministerio. Creo que no hay nada convocado, de reunión.

¿Desgaste o acuerdo?

Yo no me esperaba siete semanas de huelga y el ministerio creo que tampoco. Ahora hay altibajos de seguimiento. Hay gente que dice que para adelante, aunque se dosifiquen los días.

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