Ana, usuaria de ayuda a domicilio en Córdoba: «Me siento indefensa, esto es violencia institucional»

Ana González está viviendo "un calvario físico y mental" desde hace meses. En los últimos días, apenas coge el teléfono porque se siente incapaz de hablar sin romper a llorar. Aquejada por un síndrome postpolio, esta cordobesa de 54 años vive postrada en una cama y necesita ayuda para cualquier actividad, desde asearse a comer. Pese a tener reconocida un 72% de discapacidad, solo tiene asignadas dos horas de ayuda a domicilio a la semana, que se reparten en una hora los martes y otra los viernes. El resto de los días se supone que ella y su marido, que actualmente tiene un contrato de tres meses «porque necesitamos pagar la luz, el agua y la compra», explica Ana, y es además quien se encarga de todo lo necesario para ambos, deben apañarse solos, ya que no tienen ingresos suficientes para contratar a nadie ni ayuda familiar que les asista. 

Para colmo, las dos horas de ayuda a domicilio que tiene asignadas tampoco les ofrecen ninguna garantía. «En un mes me han mandado hasta cinco personas distintas a casa», explica Ana rota, «yo no puedo levantarme a abrir la puerta, así que la tengo que dejar abierta sin saber quién entrará a mi casa». Asegura que no tiene queja de las auxiliares, que «hacen lo que pueden». En su opinión, ellas «no tienen la culpa de la mala gestión de un servicio que es un derecho para las personas dependientes". Sin embargo, denuncia indignada, «te sientes indefensa, para mí esto es violencia institucional». Ana mide 1,82 metros y una sola persona tiene dificultad para levantarla, «pero me dijeron que si venían dos, me quedaba con una hora de servicio». 

Testimonio entre lágrimas

Entre lágrimas, comenta que decidió hacer público su caso desesperada después del último episodio. "Yo no tendría que exponer mis tripas en público para que se me atienda y pienso en lo que estarán pasando tantos mayores que no saben dónde acudir y tienen que callarse y aguantar con lo que le den", lamenta, "yo no pido caridad ni limosna, solo que me traten como a una persona".

"La empresa ha estado llamándome cada dos por tres para cambiar a la persona que venía o la hora y ese viernes me habían dicho que vendría otra auxiliar a sustituir a una sustituta, pero no vino nadie», afirma, «llamé ocho veces esa mañana a la empresa y nadie contestó el teléfono por lo que mi marido me encontró a la vuelta sin asear, sin cambiar el pañal y sin comer». Firme en la defensa de sus derechos, no ha dejado de presentar reclamaciones por escrito ante la Junta y también al Ayuntamiento, la última dirigida directamente al alcalde, «pero nadie responde nada y sientes que a nadie le importa lo que te pase».

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Respuesta a las quejas

Este periódico remitió las quejas de Ana tanto al Ayuntamiento como gestor del servicio, como a la empresa adjudicataria y a la Junta de Andalucía, que lo financia. La empresa no ha contestado, el Consistorio respondió que, tras comunicar la incidencia, la empresa le comunicó que había despedido a la auxiliar por no acudir a su puesto de trabajo y que no tenía explicación para que nadie hubiera atendido el teléfono, mientras que la Junta de Andalucía asegura que la usuaria recibe la prestación prescrita en su resolución, por lo que esas dos horas son lo que le corresponde aunque le recomiendan que solicite una revisión de grado. En cuanto a los problemas de horario y ausencias del servicio, señalan que «se han derivado a los Servicios Sociales Comunitarios para que traten la cuestión con la empresa prestadora del servicio y se realice el seguimiento oportuno». También señalan que «si los Servicios Sociales Comunitarios valoran que su situación es de urgencia social, podrían iniciar una tramitación preferente del procedimiento de revisión». 

Los sindicatos tachan de "desastre" el servicio que se presta

Fuentes del sindicato CTA de ayuda a domicilio coinciden con Ana en que «el servicio que se presta es un desastre a nivel organizativo, con muchos cambios de horario y de usuarios», lo que achacan a la mala gestión de la adjudicataria y, sobre todo, «a la dejación de funciones del Ayuntamiento de Córdoba, que no está vigilando cómo se presta un servicio que es su responsabilidad y que va dirigido a personas muy vulnerables».

La sensación de maltrato que siente Ana la ha llevado a pedir a la empresa que se comunique con ella por escrito y tener así constancia de lo que le comunican. Sin embargo, la empresa ha intentado hablar con ella por teléfono y, al no contestarle, le ha hecho llegar un correo «sin asunto ni firma» informándole que el servicio le ha sido suspendido temporalmente.

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