«Cuando digo que tengo tres hijos, me dicen que no, que han tenido malas experiencias y que lo sienten», asegura P.P. «La trabajadora social y yo hemos llamado a un montón de pisos de alquiler en Córdoba y no hay manera», relata. Es el grito desesperado de una madre cordobesa de 31 años que está viviendo recogida en casa de una amiga con sus tres hijos menores porque no tiene un techo desde que dejó a su expareja, que ahora está en prisión.
Su historia de maltrato viene de lejos. Se quedó embarazada, siendo muy joven, de un hombre del que acabó separándose a los pocos meses de nacer su hijo, tras denunciarle por violencia machista. «Desde entonces, él no ha querido saber nada de su hijo, ni le pasa manutención ni nada», explica.
Al tiempo de la ruptura, inició una segunda relación que ha durado más de una década con el padre de los dos hijos menores, «con quien he vivido años de maltrato físico y mental continuado, hasta el punto de que llegó a meterme en la prostitución, para evitar que él robara, con tal de llevar dinero a casa», confiesa con los ojos encharcados. «Tenía un problema con la bebida y a mí me maltrató desde primera hora, era una tortura, pero yo pensaba que cambiaría y fue al revés, porque con el tiempo empezó a pegar y a insultar también a mis hijos y a poner a mi hijo a pedir por la calle para él», recuerda.
Ahora que ha conseguido salir de ese círculo, asegura que ve las cosas con más claridad. «Cuando estás ahí, no te das cuenta de que te estás aislando de la familia, de los amigos y aunque todo el mundo te quiere abrir los ojos, tú no ves más que por él y haces lo que te diga». Afirma que no se fue antes «porque temía que se quedara con mi hija, no quería que hiciera con ella lo que hizo conmigo, ese era mi miedo».
Hace unos meses, después de una discusión que acabó con él amenazándola con un cuchillo, cogió a sus hijos y se fue a otra ciudad durante un tiempo. Luego regresó a Córdoba y él se enteró de dónde estaban y acudió a su encuentro armado con una barra de hierro pidiéndole explicaciones por dejarlo. Fue en ese momento cuando acudió a la Policía y él fue detenido. Durante un tiempo, mientras su ex esté en prisión, contará con la protección constante de sus agentes «custodios», que contactan con ella a diario para comprobar que se encuentra bien. Asegura que no tiene ninguna queja del trato recibido por la Policía, ya que su presencia la hace sentir segura. «Él tiene una orden de alejamiento, pero yo no sé qué hará cuando salga de la cárcel, por eso quiero tener mi casa antes de que eso ocurra».
«En el 2010, me inscribí en el registro de vivienda de Vimcorsa, pero me dicen que no hay pisos y tampoco puedo alquilar un piso normal porque te piden contrato de trabajo indefinido, tres nóminas y la mayoría ni siquiera llegan a eso porque cuando digo que tengo tres hijos me dicen que lo sienten, pero que no cumplo los requisitos», lamenta.
En este momento, está cobrando la RAIS y trabajando con Sadeco, pero eso no es suficiente en el mercado libre. El Ayuntamiento de Córdoba le pagó dos semanas en un hostal, pero al acabar ese tiempo tuvo que irse de nuevo a la calle. «Necesito un techo para mis hijos en el que estemos seguros, no quiero estar de ocupa pendiente de que nos puedan echar, quiero pagar el alquiler y poder dormir tranquila», destaca, «pero no sé cómo hacerlo, estoy desesperada y no veo salida», afirma sincera.
Este periódico ha consultado a fuentes municipales para conocer qué opciones hay para estos casos de emergencia habitacional, pero de momento no ha habido respuesta.
Un caso similar resuelto con intervención del Defensor del Pueblo Andaluz
Recientemente, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz informaba en su balance anual de un caso similar resuelto en Córdoba referente a una mujer madre de dos menores y víctima de violencia de género que tras denunciar a su expareja se había quedado durmiendo en la calle. La mujer, que presentaba además una discapacidad, percibía una pensión de 490 euros y aunque estaba realizando trámites en organismos oficiales, y había intentado alquilar un piso económico por su cuenta, no lo había conseguido. En esta situación, recurrió a la defensoría, aportando los informes de los servicios sociales y el IAM, lo que llevó a abrir un expediente para mediar.
El defensor del pueblo, según el informe, se comunicó con el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal de vivienda Vimcorsa para intentar solucionar esta situación de emergencia habitacional. En respuesta, Vimcorsa informó inicialmente que la familia en cuestión no cumplía con la puntuación del baremo para la adjudicación de vivienda por la vía extraordinaria, si bien en una segunda comunicación se les trasladó que, tras aplicar el baremo de segunda ocupación, se le había adjudicado una vivienda el pasado mes de mayo, concluyendo así satisfactoriamente la intervención de la oficina.
