Los bomberos de Córdoba tienen que devolver 200.000 euros antes del 22 de febrero

Los bomberos de Córdoba a los que el Ayuntamiento de Córdoba reclama 200.000 euros tendrán que abonar las cantidades adeudadas antes del 22 de febrero. Esa es la fecha que ha puesto el Consistorio cordobés a 160 trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) de la capital cordobesa, algunos de ellos ya jubilados, que, según informes técnicos, habrían estado cobrando una cantidad calculada de forma errónea desde 2018 que ahora tendrían que devolver. Los bomberos tratan de negociar un prórroga con el Consistorio hasta que se pronuncien los juzgados.

A quién afecta y por qué

Esta situación afecta a unos 160 bomberos de la capital que han percibido entre enero de 2018 y febrero de 2022 en concepto de abonos por trabajar días festivos. un complemento por trabajar sábados, domingos y festivos en turnos de 24 horas y media. Las cantidades reclamadas oscilan entre los 13 euros y los 1.800 euros por persona (en función del tiempo que llevan trabajando).

Los bomberos que tienen que hacer frente al pago de manera inminente son aquellos que no han pedido el fraccionamiento de lo requerido al entender que no deben pagar por “un error cometido por la Administración, que es la que ha estado abonando las nóminas con los cálculos que ahora se estiman erróneos”.

En los juzgados

Los bomberos están pendientes, además, del pronunciamiento de los juzgados, ya que el sindicato CTA ha reclamado al Contencioso-Administrativo por esta cuestión y han solicitado medidas cautelares como la suspensión de las devoluciones hasta conocer el fallo. Además de este sindicato, varios bomberos han presentado otras denuncias individuales también en los tribunales.

Antes que estas demandas fue el sindicato CCOO quien presentó hace unos meses una denuncia colectiva para dirimir la apertura de un expediente de declaración de pago indebido y consecuente obligación de reintegro de cantidades e intereses generados desde 2018. El juez decretó entones la suspensión de la orden como medida cautelar hasta que archivó la causa por entender que el procedimiento administrativo denunciado no estaba aún en marcha (el Ayuntamiento solo había anunciado el requerimiento). Después también presentó demanda el sindicato SAB, pero el juez ha inadmitido el recurso.

Postura oficial

La postura del gobierno municipal siempre ha sido la misma. La última vez que el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, se pronunció sobre esta causa fue en abril del 2022, cuando explicó que el gobierno local no tenía margen de maniobra, porque había un informe de intervención en el que se reclamaban esas cantidades. El problema estaba, según dijo, en la interpretación que se había hecho de un precio por hora para toda la plantilla para esos conceptos y que se había calculado de una forma diferente al resto del personal del Ayuntamiento. 

En estos momentos, fuentes del gobierno municipal, insisten en que este asunto ya no está en sus manos y que son órdenes directas de la tesorería municipal que reclama la devolución del dinero. 

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