La legalización de Cuevas de Altázar avanza a falta de cerrar el pago

El consejo rector de la Gerencia municipal de Urbanismo ha dado este miércoles un nuevo paso en la legalización de la parcelación Cuevas de Altázar, ubicada en la zona de Villarrubia. Este órgano aprobó por unanimidad (con los votos a favor del PP, Cs, PSOE, IU, Vox y Podemos) la ratificación del texto refundido de proyecto de reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Cuevas de Altázar, que busca subsanar la calificación negativa del Registro de la Propiedad. 

Se trata, por tanto, de una de las urbanizaciones que en estos momentos se encuentran más próximas a conseguir la regularización de sus viviendas en Córdoba, aunque todavía quedan algunos flecos importantes por resolver. De hecho, el segundo punto de la propuesta que este miércoles salió adelante es hacer efectivo «en su totalidad» el pago a Urbanismo de 1.057.276 euros, que es el importe correspondiente al 10% del aprovechamiento del suelo. Esta condición ya venía recogida en el acuerdo de febrero de 2017 (cuando se aprobó el proyecto de reparcelación) y apunta que es necesario acreditar la liquidación de esta cantidad mediante un informe de la intervención de la GMU «antes de la certificación de firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad». Hasta el momento, se ha abonado en torno a un 80% o un 90% de la cantidad referida.

Salvador Fuentes afirmó, después del consejo, que «vamos a seguir adelante. Este es el camino», y también valoró que «hay mucho trabajo detrás» de este proceso, por lo que «hay que ser responsables para sacarlo adelante, porque será la primera de muchas». 

De su parte, el presidente de la junta de compensación de Cuevas de Altázar, Juan Manuel León, recuerda que en 2017 entregaron 713.312 euros a la GMU y restaban por pagar en torno a 340.000 euros, pero en estos momentos desconocen cómo está la situación. En esta línea, señala que no disponen de información sobre los propietarios que aún deben abonar su parte y destaca que «el recaudador es la Hacienda municipal». Así, destaca que el proceso «es agotador» y que no entienden los motivos por los que no avanza. 

El certificado de firmeza en vía administrativa permitiría registrar las cerca de 450 viviendas ubicadas en Cuevas de Altázar, poder hacer obras, acceder a servicios básicos (en torno a medio centenar de casas no tiene agua ni alcantarillado) y lograr la licencia de ocupación. Juan Manuel León subraya que hasta el momento han desembolsado alrededor de 1,6 millones de euros en derramas y otro millón de euros por el aprovechamiento del suelo. 

Suspendida la instalación de maquinaria

En otro orden de cosas, el consejo rector de la GMU dio el visto bueno a la suspensión de la instalación de la maquinaria de recogida neumática de basura en nuevas promociones de viviendas, para lo que será necesario depositar un aval, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclara su sentencia. Este órgano debe precisar al Ayuntamiento si tumba el plan especial o solo la propuesta de construir una central en Camino de Turruñuelos. La medida responde a la petición de la Asociación de Empresarios de la Construcción. 

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