Fontaneros y electricistas cordobeses tienen una economía sumergida de hasta un 40%

El «primo», el amiguete y el parado que hace chapuzas para completar la prestación son algunos de los responsables de que fontaneros, electricistas y mecánicos de vehículos sufran una economía sumergida que oscila entre un 10% y un 40%, de acuerdo con las estimaciones facilitadas por las patronales. El problema preocupa y ha motivado que recientemente Ludwig Wagner, el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales del Metal de Córdoba (Femeco), en la que se integran estos sectores, haya denunciado públicamente la situación, ante la que reclaman más medidas de la Administración Pública y concienciación ciudadana.

Francisco Molina: «Muchos establecimientos irregulares se sitúan en domicilios particulares o instalaciones a puerta cerrada»

La Asociación de Empresarios Instaladores de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento y Afines (Aefico) calcula que el porcentaje de actividad sin declarar a Hacienda se sitúa en torno al 40%. Su presidente, Antonio Arroyo, opina que «la economía sumergida es nuestro mayor problema. Está obligando a muchas empresas a cerrar y a despedir trabajadores». Aefico realiza denuncias ante la Inspección de Trabajo para intentar reducir la incidencia, «aunque es complejo, ya que en domicilios particulares no es posible actuar y el intrusismo se desarrolla, fundamentalmente, en ellos», admite el presidente.

Ludwig Wagner: «Para el metal, la economía sumergida o contrataciones ilegales y de manera mayoritaria no representan un problema»

También lamenta «la desidia de la Administración» y explica que reclaman, «entre otras, medidas de apoyo a las asociaciones». Antonio Arroyo cree que la economía sumergida va «cada vez a más. Estimamos que desde el inicio de la crisis ha aumentado entre un 40% y 50%», puntualiza. Las inspecciones a los proveedores («un particular no compra 20 cisternas», recuerda) y las bonificaciones fiscales para las familias que declaren reparaciones en el hogar son dos de las medidas que, a su juicio, podrían contribuir a regularizar actividad.

Electricistas

De su parte, la Asociación Profesional de Industriales Electricistas y Telecomunicaciones (Apieco) estima que la economía sin declarar se mueve entre un 20% y un 30% en el sector. Su presidente, Miguel Pastor, opina que «la gente que está trabajando lo hace sin declarar cada día menos, pero los que están parados sí recurren a esto. Es mucho más cómodo y más rentable, no pagan impuestos».

Reclaman más actuaciones de la Administración pública para evitar el problema

Miguel Pastor explica que «nuestro sector tendría que estar algo más blindado, ya que se tiene que emitir un certificado cuando se realiza una instalación o modificación de la misma, pero por desgracia aun existen algunos profesionales, por llamarlos de alguna manera, que venden este certificado a personas no cualificadas con el peligro que ello supone». Así, subraya que «los instaladores autorizados tenemos un seguro que cubre casi un millón de euros». A modo de ejemplo, apunta que «si hay un cable suelto puede originarse un incendio y si has llamado al amiguete, el seguro puede pedirte explicaciones».

Antonio Arroyo: «La economía sumergida es nuestro mayor problema. Está obligando a muchas empresas a cerrar»

El presidente de Apieco señala que la actividad irregular «supone un peligro para la seguridad de los usuarios y un lastre para la economía» que afecta a la competencia entre empresas, y destaca que en el sector «estamos intentando que desde los ministerios a los cuales compete este tema adopten una solución».

En la cochera

Otro sector que tradicionalmente ha sufrido la economía sumergida es el de los mecánicos. El presidente de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción (Atradeco), Francisco Molina, afirma que «estimamos que en cada población, al menos, el 10% de los operadores son irregulares», aunque «en años de la crisis de 2008 llegó al 25%». Estos locales no cuentan con el alta industrial como taller ni la licencia de actividad. «Muchos se sitúan en domicilios particulares o instalaciones a puerta cerrada», precisa.

En 2011, este problema obligó a la patronal a poner en marcha mecanismos de denuncia y estableció colaboración con la Junta de Andalucía, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, Atradeco demanda «una mayor acción proactiva de la Administración» para identificar de oficio las instalaciones ilegales.

Miguel Pastor: «Si hay un cable suelto, puede originarse un incendio y si has llamado al amiguete el seguro te puede pedir explicaciones»

Francisco Molina lamenta que el trabajo sin declarar «supone una clara competencia desleal». Junto a esto, subraya que las reparaciones carecen de garantías y, entre otras consecuencias, «está el riesgo medioambiental en la gestión de los residuos», indica.

Joyeros y metalúrgicos

La Asociación Provincial de Joyeros también forma parte de Femeco. Pese a ser una actividad a la que tradicionalmente se ha atribuido un peso destacado de la economía sumergida, el colectivo ha declinado valorar la situación actual.

Por otro lado, Ludwig Wagner, que preside Femeco y también la Asociación de Empresarios del Metal Mecánico, Tecnológico y Digital (Asemeco), comenta que en el caso de esta industria «la economía sumergida o contrataciones ilegales y de manera mayoritaria no representan un problema, afortunadamente. El índice de denuncias por estas consideraciones es realmente bajo».

Se buscan profesionales en Córdoba

Wagner detalla que «muchas de las empresas son fábricas que operan en mercados globales, donde este tipo de prácticas cada vez tienen menos cabida». Además, informa de que «la industria auxiliar, donde en principio podría presuponerse un mayor índice de estas actuaciones, es proveedora de estas fábricas, que destinan no pocos recursos al control del cumplimiento legal de sus proveedores».

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