Juan y Rosario: dos testimonios de desalojados de su vivienda en Córdoba

Juan Martos Cañero: «Llevo esperando desde que me desahuciaron en 2020»

Juan Martos tiene 54 años y hace dos que perdió el piso que compró en 2005. Cuando firmó la hipoteca estaba trabajando como vigilante de seguridad, luego fue conductor y más tarde se quedó en paro y acabó firmando una dación en pago por su vivienda. «En 2020 me desahuciaron y lo primero que hice fue apuntarme en el registro de vivienda para pedir un piso de alquiler», explica, «y llevo dos años apuntado y todavía estoy esperando, no me han llamado ni una vez porque, según me dicen siempre que pregunto, hay demasiada gente esperando para los pocos pisos de alquiler que hay».

Cuando se quedó en la calle, estuvo viviendo con una pareja y luego se instaló con su madre, que también vive de alquiler. «Ella tiene una paga de viudedad y yo trabajo como peón agrícola, pero no tengo ingresos fijos, así que necesitamos un alquiler bajo porque los precios normales cada vez son más altos», señala. Por eso solicitó un piso de dos habitaciones con ascensor para él y su madre. «Un piso de dos habitaciones en un barrio normal como en el que estamos ahora, la avenida de Barcelona, cuesta unos 500 euros mensuales», señala, «para pagar la renta hay que tener mucho cuidado con todo lo que gastas porque no es solo eso, sino la luz, el gas, la comunidad...»

Juan no entiende por qué las administraciones no construyen o rehabilitan edificios para disponer de más viviendas públicas de alquiler que den respuesta a personas como él y su madre. «Sabemos por las trabajadoras sociales que la lista de gente en situación igual o parecida a la nuestra es muy larga, los precios se han disparado y cada vez cuesta más trabajo llegar a fin de mes, pero apenas hay pisos de alquiler para tantísima gente y los que hay ya están ocupados, pero como el número no aumenta, no hay forma de que el resto tengamos acceso a uno». Asegura que no necesitan mucho para vivir. «Con 55 metros cuadrados nos apañaríamos los dos perfectamente», indica convencido. Para salir adelante con cierta holgura con sus ingresos actuales, debería tener una cuota de alquiler de no más de 200 euros «y eso solo es posible en una vivienda pública, todo lo demás está muy por encima», apostilla. 

Cuando firmó la dación en pago de la vivienda que le llevó a hipotecarse, un piso en el Sector Sur, se quedó sin la deuda a cambio de entregar las llaves al banco. En ese momento, no se planteó negociar un alquiler social. Sin embargo, señala, a los 40 días de irme yo habían dado una patada a la puerta del piso y según me han dicho, desde entonces está ocupado. 

Rosario Ceular: «Me echan y no puedo pagar un alquiler a precio normal»

Rosario Ceular cumplirá en el mes de marzo 79 años, pero a día de hoy no sabe dónde estará el día de su cumpleaños. De momento, el juzgado ha señalado el próximo 6 de febrero como fecha para el desalojo de su vivienda «y no sé dónde iré cuando eso ocurra». Según relata, hace unos años avaló a un hijo para la compra de un local en el que instaló un negocio que después se fue a pique.

Cuando su hijo no pudo hacer frente a los pagos, empezó un largo proceso judicial que está llegando ahora a su fin. «El banco se queda con el local y con el piso», sentencia, «yo ya tenía todo mi piso pagado desde hacía años, he vivido en el mismo sitio de la Huerta de la Reina casi toda mi vida, 55 años, en un tercero sin ascensor de unos 70 metros, es muy duro esto que está pasando». Ella nunca se imaginó que acabaría teniendo que dejar la casa en la que crió a sus hijos y todavía no se hace a la idea de que eso ocurrirá.

Nadie ha ido a ver el inmueble en el que todavía reside, pero piensa que si el banco tiene prisa por que se vaya será porque ya tiene a quién vendérselo. Hasta hace poco, vivía con otro hijo, pero este ya no está con ella porque se ha ido de alquiler solo. Su otro hijo, el que compró el local con el aval de su madre, la está ayudando a buscar un alojamiento para ella, pero asegura que es complicado por los elevados precios de los alquileres.

Hace más de tres años que está inscrita en el registro de demandantes para que le den una vivienda pública de alquiler, «pero nos dicen que hay mucha gente en lista de espera por delante de ella», señala su hijo, «no sabemos cuántos habrá, pero hemos ido renovando los datos en la inscripción y siempre que preguntamos la respuesta es la misma, que no hay nada, nunca la han llamado para ofrecerle alguna alternativa». No saben a qué administración culpar de la situación, pero creen que «debería haber pisos para estos casos, a mí me echan a la calle, pero yo no puedo pagar un alquiler normal», dice ella afectada.

Rosario Ceular cobra una pensión de viudedad de 800 euros, «pero los alquileres son caros y si tengo que pagar 450 o 500 euros por un piso además de la luz, el agua, el gas... ¿con qué vivo?», se pregunta. 

A falta de pisos de alquiler, le han ofrecido que solicite una ayuda con la que sufragar parte del gasto. «Todavía no sabemos si nos la darán o no», comenta, «lo malo es que esa ayuda no es para siempre, solo te resuelve un año o unos meses y, a veces, tienes que adelantar tú el dinero porque se cobra con mucho retraso».

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