La demanda de vivienda protegida de alquiler duplica a la de venta

La demanda de vivienda protegida de alquiler en Córdoba sigue creciendo a pesar de que la oferta de VPO, cada vez más limitada, apenas prevé pisos destinados a inquilinos. Entre enero y diciembre de 2022, el número de solicitudes activas (las que están vigentes para cualquier baremación con datos actualizados) incorporó a 1.671 nuevos demandantes, elevando la cifra de aspirantes hasta 5.152, un 7,12% más que a finales de 2021. Del total de solicitudes recopiladas, el 32% esperan turno para acceder a una vivienda protegida alquilada, un punto más que un año antes, y el 37% están en la cola del alquiler con opción a compra, duplicando entre los dos a los aspirantes a compra, que representan solo el 31%. 

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A lo largo del 2022, Vimcorsa canceló 240 peticiones por no cumplir los requisitos exigidos o porque se les adjudicó una de las escasas viviendas entregadas en las distintas modalidades. Además, 935 pasaron al capítulo de caducadas al no haber actualizado los datos en los últimos tres años. No es de extrañar que muchos hogares acaben accediendo a otra vivienda del mercado libre en la espera o aburridos de renovar los datos sin llegar a acceder al objetivo si se tiene en cuenta la limitada oferta. Y eso que está previsto que la situación empeore. 

Este año se espera que estén los 23 apartamentos de la escuela Félix Ortega

Según Juan Manuel Gómez, consultor inmobiliario que dirige el portal obranuevaencordoba.es, hay 3.153 viviendas de obra nueva en comercialización, además de 166 VPO de Arcángel San Gabriel que se entregarán este mismo mes de enero. De las 33 promociones que se espera que se entreguen en 2023, solo 4 son de protección oficial y están vendidas prácticamente todas y la escasez de suelo ya urbanizado para VPO hará que en los próximos años apenas se puedan impulsar promociones de obra nueva.

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Los expertos prevén además que los altibajos en los tipos de interés lleven a más familias a solicitar viviendas protegidas de alquiler, sobre todo, si se tiene en cuenta la caída del poder adquisitivo progresiva debido a la fuerte inflación y los niveles de renta de las personas que acuden a este servicio. Según el registro de demandantes, en Córdoba, el 72% de los hogares inscritos tienen ingresos que están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una de las promociones de protección oficial de alquiler que se espera que se entregue este año, después del verano, según el plazo de ejecución estipulado, son los 23 apartamentos para mayores que construye Vimcorsa en la antigua escuela Félix Ortega, en el barrio de San Pedro, que está actualmente en obras. El 4,1% de los aspirantes a una vivienda pública son personas con 64 años o más.

El 4,1% de los solicitantes de vivienda pública son personas mayores de 64 años

La reforma del edificio empezó a finales de agosto y tiene un plazo improrrogable de 15 meses aunque la empresa se comprometió a recortar ese periodo en tres meses. El otro edificio de viviendas protegidas destinado al alquiler es la segunda fase de Sama Naharro, cuya construcción debería empezar en febrero y que habilitará 113 alojamientos, la mitad de los cuales serán para mayores con ingresos inferiores a unos 695 euros mensuales. 

Así se accede al registro para solicitar una VPO en propiedad o de alquiler en Córdoba

Un colectivo muy interesado en alquilar viviendas protegidas son los jóvenes, ya que casi el 30% de las solicitudes de Córdoba las presentan menores de 35 años. Salvo que sus ingresos les permitan acceder al mercado libre o a la compra de una VPO, tienen difícil la emancipación. Vimpyca proyecta 16 apartamentos en el solar del ábside de Santa Marina, aunque el proyecto aún no ha echado a andar. 

También está sobre la mesa la construcción de 60 VPO de venta y 50 apartamentos de alquiler en la antigua prisión de Fátima que podrían destinarse a jóvenes aunque ese proyecto se planteó en enero del 2022 y desde entonces no ha avanzado nada pese a aparecer en las cuentas de Vimcorsa, entre otras cosas, porque el terreno está pendiente de urbanización, que debe impulsar el Gobierno.

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