CASO INFRAESTRUCTURAS

El Tribunal de Cuentas investigará al Ayuntamiento de Córdoba por posible responsabilidad contable en el caso Infraestructuras

La Fiscalía del organismo remite a su sala de enjuiciamiento la denuncia elevada por el diputado del PSOE Antonio Hurtado, aunque archiva lo concerniente al posible fraccionamiento de contratos al estar ya judicializado

Sede de la Delegación de Infraestructuras.

Sede de la Delegación de Infraestructuras. / A. J. GONZÁLEZ

Irina Marzo

Irina Marzo

El Tribunal de Cuentas investigará por posible alcance y responsabilidad contable al Ayuntamiento de Córdoba por el caso Infraestructuras. El diputado del PSOE y candidato a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, elevó una denuncia al tribunal que ahora responde enviando a su sección de enjuiciamiento parte de los documentos aportados por el socialista. Cabe recordar que este tribunal es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.

En concreto, Hurtado puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas cuatro contratos menores adjudicados en 2020 en la delegación que dirigía David Dorado y de los que la Intervención General de Fondos alertó por posibles irregularidades. Se trataba de dos contratos de alumbrado (uno de ellos el de la avenida de Libia que dio origen a la denuncia original de Izquierda Unida) y otros dos de suministros a centros municipales. Todos ellos rondan los 40.000 euros y según Intervención el Ayuntamiento habría pagado 54.362,59 euros más que lo ejecutado por parte de las empresas adjudicatarias.

En su decreto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas constata, como hizo la interventora, la existencia de “diferencias entre el importe total certificado y efectivamente abonado a las empresas adjudicatarias y la valoración pericial de lo ejecutado conforme a proyecto”, lo que entiende como caracteres indiciarios de alcance, pues de ser confirmados por una posterior investigación, “se habría producido una salida indebida de fondos públicos, lo que obliga a su investigación”. 

 Así, la fiscalía pone los hechos denunciados en conocimiento de su sección de enjuiciamiento a fin de que, previa la tramitación de las correspondientes diligencias preliminares, pueda proponerse a la Comisión de Gobierno el nombramiento de delegado instructor para la práctica de las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley 7/1988.

El fraccionamiento, por vía penal

Por contra, entiende el Tribunal de Cuentas que el posible fraccionamiento de contratos que también denunció Hurtado no corresponde enjuiciarlo a la jurisdicción contable, ya que se dirimen actualmente en vía judicial penal (en concreto en los juzgados de Instrucción número 2 y número 4 de Córdoba).  

Por último, el tribunal entiende que en lo relativo a las prácticas irregulares que se puedan haber producido en otros expedientes, también denunciados de forma genérica por Antonio Hurtado, no se proporciona “ningún indicio de la existencia de alcance o malversación que determine la procedencia del ejercicio de la acción de responsabilidad contable”. 

Declaraciones de Hurtado

Antonio Hurtado considera necesario que además de los delitos penales que se pudiesen haber producido y que investigan los juzgados, también era necesario poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas todos los contratos donde se detecte por la Intervención de Fondos la posible responsabilidad contable para que “el dinero que se hayan llevado lo devuelvan hasta el último céntimo por sentencia del Tribunal de Cuentas en su Sala Jurisdiccional”.

Tras el informe de la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Hurtado opina que el Ayuntamiento de Córdoba “o bien no sabe o bien se desentiende” de este problema al no haber sido el propio gobierno local el que acuda a este organismo fiscalizador.

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