El Ayuntamiento de Córdoba aprueba remitir a la Fiscalía el nuevo contrato "irregular" de Infraestructuras

El concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha informado este lunes de que la junta de gobierno local ha aprobado, por vía de urgencia, la revisión de oficio de un contrato supuestamente "irregular" de la delegación de Infraestructuras y de facturas que había generado este contrato, así como el traslado de esta presunta irregularidad a la Fiscalía de Córdoba.

Un nuevo contrato 'fraudulento' de Infraestructuras se empezó a pagar 4 meses antes de que se firmase

Como se recordará, hace algunos días se hizo público el hallazgo de un nuevo contrato firmado por el ex concejal de esta delegación, David Dorado, y la empresa Eulen para la gestión de alarmas en colegios públicos y otros edificios que, supuestamente, no ha cumplido lo establecido en la ley de Contratación del sector público.

Antonio Álvarez ha explicado que, en el marco del trabajo realizado para esclarecer lo ocurrido, ni la delegación de Infraestructuras "ni los órganos directivos" de este área han tenido contacto con David Dorado. "Los contactos están siendo con la asesoria jurídica municipal y, a través de ella, con miembros de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal" de la Policía Nacional, ha aclarado.  

Este responsable ha insistido en que, "en principio, (el contrato) no tiene que ver con los temas judicializados en Infraestructuras. Es un tema nuevo" que ha salido a la luz "gracias al trabajo que se hace en la delegación, revisando y tomando conocimiento de las facturas que nos llegan". En esta labor, "detectamos a finales del año pasado que se estaba pagando una factura a la empresa Eulen por la gestión de alarmas en colegios públicos y edificios, que rondaban los 1.000 euros mensuales", ha señalado. 

"Nos dimos cuenta de que no había habido expediente de contratación. Sí encontramos un contrato que no había pasado por los trámites que ordena la ley de Contratación pública y los órganos de fiscalización. Había sido firmado por la empresa Eulen y el delegado en aquel momento, David Dorado", ha recordado.

Sobre la presunta irregularidad cometida, ha puntualizado que "teniendo en cuenta que el contrato era de 2020, con una vigencia de más de un año, que el importe pagado rondaba los 75.000 y que teníamos bloqueadas facturas por casi 25.000 euros, el importe de gasto que había generado era de 106.000 euros hasta el momento. Entendemos que se podría estar produciendo alguna irregularidad y que la tramitación de ese expediente no hubiera sido la adecuada", ha expuesto.

De hecho, la asesoría jurídica municipal ha emitido un informe que confirma que este contrato podría ser "irregular" por la forma en que se realizó, según ha recordado Antonio Álvarez. También ha precisado que, "en este caso, la prestación del servicio se estaba produciendo, pero detectamos que no tenía el soporte legal que debía tener la contratación".