Un nuevo contrato 'fraudulento' de Infraestructuras se empezó a pagar 4 meses antes de que se firmase

La junta de gobierno local aprobará el lunes el inicio de un expediente de revisión de un contrato de la Delegación de Infraestructuras, y lo elevará a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de una infracción penal en el marco del caso Infraestructuras después de haber detectado irregularidades en el mismo. El contrato, del que ya había dado pista esta mañana el grupo municipal de IU, fue detectado por el actual delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez (Cs), hace unos meses e informó de la existencia del mismo a la asesoría jurídica municipal, junto a otras 200 facturas en las que también se observaron irregularidades. Ahora el jefe de los letrados municipales ha recomendado al equipo de gobierno llevar el contrato al Ministerio Fiscal.

Nuevo lío en Infraestructuras: el Ayuntamiento de Córdoba estudia posibles irregularidades en 200 facturas

El contrato presuntamente fraudulento, que ha adelantado Radio Córdoba y ha confirmado este periódico, tiene firma de 29 de septiembre del 2020 y rúbrica del entonces responsable de la delegación y hoy concejal no adscrito David Dorado. Cabe recordar que Dorado está imputado por cohecho en esta causa judicial que investiga si se amañaron contratos en el Ayuntamiento y si existía una trama para beneficiarse de los mismos.

IU avanza que se ha detectado un nuevo contrato "fraudulento" en el caso Infraestructuras

En concreto, lo que se llevará la semana próxima a la Fiscalía es una licitación para el servicio de alarmas y seguridad en colegios públicos que presta la empresa Eulen. El Ayuntamiento de Córdoba habría abonado ya algunas facturas por este servicio por valor de 70.000 euros, pero tiene pendientes otras por algo más de 36.000 euros, ya que una vez que se detectó la supuesta irregularidad se decidió el bloqueo de los pagos a la empresa. El contrato, que sí se ha prestado, asciende por tanto a algo más de 106.000 euros.

Historia del contrato

Antonio Álvarez explica que poco después de hacerse cargo de la Delegación de Infraestructuras tras la salida de Dorado empezaron a detectar unas facturas periódicas de la empresa de seguridad antes citada y que oscilaban en torno a los 1.000 y los 1.300 euros. "Es entonces cuando empezamos a ver qué soporte legal tenían esas facturas, si era un contrato menor o qué era", explica el edil. Así es como descubren que hay un contrato firmado en septiembre del 2020 con efectos de inicio en la facturación de mayo de ese mismo año, es decir, que se firmó cuatro meses después de que empezara a abonarse.

El contrato, según el concejal de Cs, no tenía el formato habitual, ni expediente contractual alguno y ni siquiera había pasado por los órganos de fiscalización pertinentes. Es más tenía carácter mensual prorrogable, pero se estaba prestando desde hacía más de un año por lo que tendría que haber pasado todos los trámites de un contrato mayor. "Antes todas esas sospechas paramos las facturas y las pusimos en conocimiento de la asesoría jurídica para saber cómo debíamos proceder", afirma el concejal.

El informe que el letrado jefe ha elaborado y que se aprobará el lunes recoge que este servicio se prestaba de seguridad electrónica en los colegios desde el año 2017. Un año después volvió a sacarse a licitación y se adjudicó a una empresa por 85.000 euros (a ese contrato acudió sin éxito la empresa del actual contrato). Aquella licitación se prorrogó hasta 2020, cuando el entonces delegado de Infraestructuras propone una continuidad en el servicio de la que finalmente desiste e inicia un nuevo contrato dotado con 197.000 euros. Entonces, el servicio de Contratación municipal requirió subsanar algunos detalles de la licitación, pero Dorado y su equipo no siguen con la tramitación y acaban dejando también ese contrato. Es ahí cuando aparece el contrato que ahora se eleva a la Fiscalía y que supuestamente no pasó por ningún órgano fiscalizador ni tiene expediente administrativo ninguno.