Crespín acusa a Moreno de poner a Andalucía en cabeza de la privatización sanitaria

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha lamentado en el arranque de este 2023 que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, esté ejerciendo como “comercial de seguros sanitarios privados” por haber situado a la comunidad "entre las primeras en tasa de privatización sanitaria del país y la que más crecimiento experimentó en el pasado año 2022".

Según señala Crespín a través de una nota de prensa, “estamos claramente ante una gestión interesada y oportunista de Moreno Bonilla, un presidente que, más que salvaguardar, proteger y garantizar el acceso a la sanidad pública de los casi 9 millones de ciudadanos de nuestra comunidad, está ejerciendo de comercial de seguros sanitarios privados, porque a lo largo de estos años hemos visto cómo sus presupuestos claramente benefician a la sanidad privada”. La socialista añade que Andalucía está en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas con mayor tasa de privatización de la sanidad y el negocio de los seguros privados.

La sexta con más índice de privatización

Así, apuntó que el pasado 2022 “Moreno Bonilla colocó a nuestra comunidad como la sexta del país con mayor índice de privatización al haber aumentado un 43% el presupuesto para conciertos con clínicas privadas”, según datos de la Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), lo que tildó como “un auténtico escándalo”.

La dirigente aludió también a datos que manejan los sindicatos sanitarios que denuncian que la Junta de Andalucía “incrementó el pasado año en un 213% la partida a la sanidad privada para atender a pacientes oncológicos derivados del SAS”, o un estudio elaborado por Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía que indica que el Gobierno andaluz “aumentó el presupuesto de 2022 a la sanidad privada en 200 millones más que en 2021 hasta alcanzar los 663 millones, y sin que el Covid fuera ya una excusa”, ya que tan solo 20 pacientes de los 858.529 derivados el año pasado a clínicas privadas padecían el coronavirus.

“Ésta es la prueba del nueve que refleja que el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía tiene una finalidad: favorecer los conciertos y engordar económicamente el sector de la sanidad privada”, aseveró Crespín al precisar que el primer gobierno de Moreno Bonilla batió el récord en derivaciones a la sanidad privada, un sector que no para de crecer en Andalucía.

Según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) en 2021, Andalucía cerró con 1.750.321 asegurados con prestación de servicios sanitarios, lo que representaba 98.754 más que el año anterior, el mayor incremento de la última década, y todos los datos indican que al cierre de 2022 se superarán estos registros.

Para la socialista, “son ya muchos meses los que llevamos denunciando la quiebra y el deterioro del sistema sanitario junto a usuarios, pacientes, profesionales sanitarios y sindicatos, y prueba de ello son las listas de espera para especialidades o intervenciones quirúrgicas, los plazos para solicitar una cita con el médico de familia pese a la promesa de Moreno Bonilla de garantizarlas en 48 horas, el cierre de los consultorios y urgencias en el ámbito rural y el maltrato a los profesionales sanitarios que ejercen en nuestra tierra, y que se merecen estabilidad y sueldos dignos”.

Y lo peor, según Crespín, es que la apuesta del Gobierno del PP por la privatización avanza aún más este 2023, ya que el Presupuesto andaluz contempla una subida del 50% adicional para derivar pacientes a la sanidad privada.

“No nos extraña que los sanitarios andaluces estén hartos y cansados de su situación ante las promesas incumplidas de Moreno Bonilla para garantizar plantillas estables y contratos dignos”, censuró la socialista, que reiteró que “sólo hay un 3,7% de aumento para mejorar las plantillas de la sanidad pública en los Presupuestos frente al incremento de más del 19% en altos cargos, otro 20% más para publicidad y propaganda de la Junta”.

En este sentido, la secretaria general criticó a la Junta por “intentar engañar y tomarle el pelo a los sanitarios con sus contratos”, sobre todo a los 12.000 sanitarios de refuerzo contratados en la fase más dura de la pandemia y cuyos contratos expiraban a final de año. “La renovación que les ha prometido Moreno Bonilla a bombo y platillo es un auténtico fraude, un engaño porque las renovaciones anunciadas supondrán contratos de un año de duración solo para mil profesionales, mientras que el resto de los 11.000 tendrán contratos de un mes o dos, con un máximo de seis meses, y mucho nos tememos que serán despedidos cuando pasen las elecciones municipales”, apostilló.

14.000 Pacientes en espera quirúrgica

A su juicio, los efectos del desmantelamiento de la sanidad pública “se sienten en toda Andalucía, pero son especialmente significativos en Córdoba, que cuenta con 14.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y otros 43.000 que aguardan una cita con el especialista, de los que 7.000 llevan ya un año en cola”.

Crespín abundó que el porcentaje de los enfermos que llevan más de un año esperando a acudir a consulta “llega hasta el 40 % en el hospital de Peñarroya, con 748 de los 1.895 en cola, aunque en términos absolutos quien más tiene es el Reina Sofía, con 2.574 pacientes, y lo mismo ocurre en los centros hospitalarios de Montilla, Cabra y Pozoblanco”.

Además, recordó al presidente de la Junta las “tareas que tiene pendientes” en sanidad en la provincia “que siguen año tras año aumentando”. Entre ellas, citó los centros de salud prometidos en la capital aún sin acometer (centros de atención primaria en Alcolea, Mirabueno Naranjo, Levante Rescatado y Villarrubia), el Materno Infantil del Reina Sofía “en el cajón de los olvidos”, y el desmantelamiento de los recursos y servicios en la provincia, “como sucede en el Hospital del Valle de los Pedroches, la supresión en el servicio de ambulancia hospitalaria en comarcas claves, la falta de pediatras y matronas, como por ejemplo en Palenciana, o el fraude con el que han abierto el Hospital de Palma del Río, con una mudanza de servicios que ya existían en el centro de salud, pero sin urgencias, ni quirófanos ni camas hospitalarias”.