Córdoba estrenará en 2023 ordenanzas de movilidad, ITE y comercio ambulante

La ordenanza de movilidad regulará la irrupción, entre otros elementos, de los nuevos vehículos eléctricos (patinetes fundamentalmente) en la ciudad, que tendrán que tener un certificado para la circulación del vehículo, contratar un seguro a terceros y llevar casco. La previsión era que la ordenanza entrara en vigor en enero del 2023 (la obligatoriedad del seguro se había aplazado en cualquier caso a junio), pero sufrirá un ligero retraso para «incluir en su articulado las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE)», explica el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico.

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Las ZBE, una figura que la ley del cambio climático y transición ecológica del Gobierno obliga a perfilar a las ciudades de más de 50.000 habitantes (áreas de circulación restringida para los vehículos contaminantes que tiene el objetivo de reducir la contaminación dentro de los entornos urbanos), coincidirán en Córdoba con las actuales zonas Acire, que cubren prácticamente el casco histórico al completo. Con esta decisión, el Ayuntamiento entiende que la medida no va a suponer en el caso de la capital una restricción del tráfico, ya que por esas áreas podrán circular quienes pueden hacerlo desde hace años (residentes o propietarios de cocheras) más los coches con etiqueta ECO o la de Cero Emisiones.

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La ordenanza de movilidad era el gran reto en este mandato de la delegación que preside Miguel Ángel Torrico: la actualización de las normas circulatorias en una ciudad que ha visto cómo se incrementan exponencialmente las bicis y los patinetes eléctricos, y donde hay que seguir avanzando en potenciar el transporte urbano y la reducción de emisiones. La ordenanza regula la presencia de bicicletas en calles de preferencia peatonal y su aparcamiento; se recogen también las zonas Acire, y se mantiene la regulación de las zonas de carga y descarga, entre otros aspectos. Aunque no nace con vocación punitiva incluye infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves. En el caso de que la infracción lleve implícita una detracción de puntos, el Ayuntamiento dará traslado a la Jefatura de Tráfico competente. Las infracciones de la ordenanza de movilidad podrán ser leves, que serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros.

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Venta ambulante y puestos callejeros

La ordenanza de venta ambulante está avanzada en su tramitación y se espera que entre en vigor en 2023. El delegado de Gestión y Comercio, Antonio Álvarez, informa de que ya se remitió al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), al Consejo Social, a la asesoría jurídica y a la Dirección general de Comercio de la Junta de Andalucía. Este último organismo ha sugerido algunos cambios, que se ha incluido en la norma y de ahí el retraso en su aprobación. «Ahora llevaremos la ordenanza de nuevo a la comisión de venta ambulante para someterla a votación», añade el edil. El cambio más significativo que se introduce en el texto afecta a la regulación del comercio de temporada (caracoles vivos, castañas o higos), que no se incluirá en la ordenanza. A estos vendedores será Vía Pública la que les dé licencia de un año para otro (igual que ocurre en la venta de caracoles guisados), mientras que la ordenanza dará permisos a los ambulantes, fundamentalmente en los mercadillos, de 15 en 15 años. De hecho ese es el cambio más significativo para los ambulantes que hasta ahora deben renovar las licencias para los puestos año a año. La previsión de Antonio Álvarez es que la ordenanza de venta ambulante quede aprobada antes de que se termine el mandato en mayo del 2023. Antes, la norma tendrá que completar el proceso administrativo con sus tiempos de exposición pública, pasar de nuevo por los órganos de participación y por el Pleno.

Inspección técnica de edificios

La ordenanza de conservación, rehabilitación, evaluación y estado ruinoso de las edificaciones obligará a los propietarios de algo más de 13.000 edificios con más de medio de antigüedad de Córdoba a pasar un chequeo a su vivienda. El objetivo no es otro que garantizar el óptimo estado de conservación de las edificaciones de uso residencial de forma periódica, e incluye desde las condiciones mínimas de seguridad que deben tener los edificios, como aquellas referidas a la salubridad, accesibilidad u ornato.

Esta ordenanza está pendiente desde el año 2017 (de hecho ya está consensuada con el Consejo del Movimiento Ciudadano) y se ha ido prorrogando hasta la aprobación del reglamento de la ley de (LISTA) este mes de diciembre. Las previsiones de la Gerencia de Urbanismo pasan por aprobar la norma de manera inicial en el mes de enero o a más tardar en el mes de febrero y poder destinar medio millón de euros en el presupuesto municipal del 2023 (si se aprueba) para las ITE de personas que están en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, quiere sentarse con los colegios profesionales para abaratar al máximo los costes de las inspecciones. A partir de la aprobación de la ordenanza, habrá 4 años para inspeccionar todos los edificios. Al contrario de lo que ocurre en la que está en vigor desde el 2012, la futura ordenanza no obliga a las viviendas unifamiliares a pasar la inspección, excepto si piden ayudas, están incluidas en programas municipales, están sometidas a órdenes de ejecución o son casas vecinales con más de una familia. Con esa premisa, la estimación es que con la norma sean 3.000 bloques de los 13.000 con más de 50 años que hay en Córdoba los que deberán someterse a examen.

Feria de Mayo: casetas y normas

El gobierno local está inmerso también en la redacción de una ordenanza para regular el funcionamiento de la Feria de Mayo, de la que de momento solo hay un borrador del anteproyecto. No es posible, por tanto, que entre en vigor, como pidieron los colectivos implicados, en la feria del 2023. La norma observa multas de entre 700 y 3.500 euros según los tipos de infracción y no recoge variaciones en la tipología de casetas, algo que ha sido criticado por los miembros de la comisión de feria. Así, la norma diferencia entre casetas abiertas o públicas y comerciales que a su vez podrán ser casetas jóvenes de entre 300 y 400 metros «con un funcionamiento específico y con diseño exterior e interior de calidad», hasta un máximo de seis, y sin obligación de tener cocina; y las de restauración hasta un máximo de diez, que se destinarán a empresas de restauración previo pago de las tasas.

El documento ha sido recibido con críticas por parte del Consejo del Movimiento Ciudadano y de la Asociación de Casetas Populares porque dicen que no incluye las decisiones consensuadas en el dictamen de feria y que no es más que un mero «copia y pega» de las bases de feria, según lamentó el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia. Las críticas de estos colectivos radican en que la futura norma obvia cuestiones ya acordadas en la comisión sobre accesibilidad, medidas para evitar la reventa de casetas o ayudas para las que funcionan solo con voluntariado.

Impuestos que bajan y otros nuevos

El Ayuntamiento de Córdoba ha congelado las tasas municipales para el 2023, aunque los quioscos de prensa abonarán un 30% menos por ocupar la vía pública. Los impuestos sobre Bienes Inmuebles (rústica), Vehículos y plusvalía bajan un 1%, y el de Construcciones disminuye un 2%.

En la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz realizó el pasado septiembre una rebaja fiscal que incluye la deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF y el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación de este impuesto (la medida afectará a las rentas obtenidas en el 2022). También suprimió el impuesto sobre el Patrimonio (bonificando el 100% de la cuota) y suspendió el canon del agua (relativo a la mejora de las infraestructuras hidráulicas) para el 2023.

A nivel estatal, además de los cambios en el IVA, algunas novedades en materia fiscal serán el impuesto a las grandes fortunas; la subida del IRPF para las rentas más altas; el gravamen del uso de envases de plástico no reutilizables; el nuevo impuesto para la banca y las energéticas; un tributo mínimo para las multinacionales; las nuevas cuotas de los autónomos y la cotización adicional derivada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional de pensiones. 

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