Cuando el casero es público

El Ayuntamiento de Córdoba tiene cedidos una veintena de inmuebles a colectivos o empresas que desarrollan en ellos bien una actividad cultural o social (en estos casos de manera gratuita), bien una actividad con ánimo de lucro o empresarial (se ceden a cambio del abono de un canon), y pese a ello no existe ningún protocolo que regule esos alquileres, condiciones de uso o criterios que determinen los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos.

El ejemplo más icónico de situación irregular es la del estadio de fútbol de El Arcángel, que está cedido en precario al Córdoba CF desde su apertura en el año 1993. Como ya intentaron otros gobiernos, PP y Cs trabajan en un nuevo pliego de condiciones para sacar a licitación el estadio. Este es ya su segundo intento; del primer contrato (una cesión por 40 años por un importe global de 12,5 millones) desistieron este otoño tras la presión del club deportivo. 

Otra cesión complicada, pero que parece haber culminado con éxito, ha sido la del Alcázar a una empresa vinculada con el espectáculo para la puesta en marcha de un espectáculo nocturno.

Mucho más sencillas son las cesiones que hace el Ayuntamiento a entidades sin ánimo de lucro y un interés social, como la Fundación Prolibertas que ocupa un espacio en el antiguo cuartel de Lepanto; el Banco de Alimentos, instalado en el antiguo matadero de Puerta Nueva, también propiedad municipal; o la Cruz Blanca, que desarrolla su labor en una parte del antiguo hospital militar, también ocupado por UGT.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) pidió ya en el mandato anterior, primero, la elaboración de un inventario de todos los edificios públicos cedidos y con potencialidad para su cesión, y, segundo, «saber con qué criterios se adjudican para poder hacer una planificación de los futuros espacios», explica su presidente, Juan Andrés de Gracia, que defiende el poder dinamizador de los inmuebles en manos de la ciudadanía por encima de criterios puramente economicistas siempre que los colectivos no persigan un lucro. La finalidad de esas cesiones, a la postre, es dar vida y uso a inmuebles que, de lo contrario, pueden acabar en un estado ruinoso, como es el caso del Pósito de la Corredera, de propiedad municipal, y ofrecer una solución a colectivos que buscan sitios para desarrollar su actividad.

Hay varios ejemplos de cesiones municipales hechas a colectivos sociales y culturales que han peleado por la conquista de esos espacios abandonados en sus propios barrios. Edificios a los que se les devolvió la vida como los antiguos colegios Rey Heredia (cedido en 2015 a la Asociación Casa Ciudadana del Distrito Sur, después de haber sido ocupado en octubre de 2013 por la Acampada Dignidad, que reivindicaba su puesta en uso); el colegio Luciana Centeno (cedido en 2021 a las entidades vecinales y culturales de la Axerquía Norte) o los Azahares (cedido en 2017 al Centro Filarmónico Eduardo Lucena). 

Otro criterio diferente al del Consejo Ciudadano es el que tiene la Intervención General, que defiende que el Ayuntamiento debe de obtener algún rendimiento por la cesión de esos locales, incluso cuando se hayan cedido para usos culturales o sociales. De hecho, algunos de estos colectivos, que pagaban ya sus gastos de luz y agua, han recibido un requerimiento municipal para que abonen impuestos como el IBI. «En algunos casos incluso con recargo; y no es lógico porque es el propietario del edificio quien debe pagar el IBI. Además, ¿de dónde van a sacar el dinero estos colectivos a los que se les impide realizar actividades lucrativas en estos espacios?», pregunta De Gracia.

Otra cosa son los espacios que el Ayuntamiento cede para que un tercero monte un negocio. Por ejemplo, el espacio donde se construyó el Mercado Victoria (cedido en 2013); el bar Playa (inaugurado en 1943, se ha ido adjudicando a distintos empresarios) o el Amazónica, ubicado en el arte oeste de la antigua estación de trenes. El Consistorio decidió en abril interrumpir la concesión de ese local cedido en 2015, al considerar «irregular» la situación con contratos prorrogados y después de que se acumulase una deuda de 185.000 euros de mensualidades impagadas de alquiler (no por la empresa responsable del negocio actual sino por la que aparecía en el contrato municipal).  

Muy cerca de ese establecimiento, el Ayuntamiento posee otro muy similar (antiguo bar Fidias) que se encuentra en un estado ruinoso después de que su anterior inquilino hiciera un uso muy cuestionable del mismo. Muy parecido a este, también tenía el Consistorio los quioscos del Vial Norte, que terminó retirando para evitar que siguieran siendo pasto del vandalismo. 

No es el único conflicto que ha tenido el Ayuntamiento con inmuebles cedidos. Uno de ellos, el de la Pérgola, ha estado empantanado desde 2019 hasta junio del 2022, cuando el TSJA dio la razón a la Gerencia Municipal de Urbanismo y anuló la cesión del bello edificio a los que habían sido sus arrendatarios y querían que el Ayuntamiento prorrogase el contrato. También polémica, aunque por otros motivos, fue la cesión a la Fundación Albor de la antigua sede de Cepes por un periodo de diez años y un canon de 1 millón. Un edificio ubicado en la avenida María Montessori en el que estuvo el centro de economía social de Andalucía hasta que fue desalojado a principios de verano.

Y otro conflicto aún más reciente es el que llevará al Consistorio a sacar a licitación el bar del Balcón del Guadalquivir porque el empresario que explota la concesión no ha dado uso cultural al avión instalado junto al restaurante, pese a que era una de condición del contrato. 

Suscríbete para seguir leyendo