El camino judicial que tiene por delante David Dorado

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, deberá emitir en los próximos días un auto en el que se incluirán las diligencias de investigación efectuadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a tenor del caso Infraestructuras. Rodríguez Lainz deberá citar al edil no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, y a los 12 empresarios detenidos por la Policía Nacional el pasado lunes.

De momento, ni Dorado ni esos 12 empresarios están imputados por ningún delito, algo que tendrá que determinar el juez. Fueron arrestados, eso sí, porque la UDEF estimó que podrían ser autores de varios delitos relacionados con supuesta irregularidades en la adjudicación de contratos dentro del área municipal de Infraestructuras. En el caso de Dorado, y según informaron fuentes policiales, la UDEF (que se dedica a investigar y perseguir las actividades delictivas en materia de delincuencia económica y fiscal y que es de reciente creación en la comisaría provincial) aprecia la posible comisión de tres delitos: cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

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Será Rodríguez Lainz, tras analizar las diligencias de investigación, el encargado de imputar (o no) al exedil de Cs por dichos delitos. Puede imputarlo por los tres, por algunos o por ninguno o incluso por otros distintos. Cabe recordar que en la supuesta trama de corrupción la UDEF también investiga otras infracciones, como falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Y, además, la operación policial sigue abierta.

Dorado ya declaró ante el juez en mayo de este año, pero lo hizo en calidad de testigo. Cuando vuelva a sentarse frente a Rodríguez Lainz, la situación será bien distinta. En esta causa, que salió a la luz por una denuncia de la concejala de IU Amparo Pernichi, sí hay dos personas investigadas judicialmente. Son la que fuera coordinadora general de Infraestructuras, ya apartada de su cargo, y un técnico municipal.

Posibles consecuencias

Con el Código Penal en la mano, y si Rodríguez Lainz determinara imputar a Dorado los delitos que sospecha la Policía, las consecuencias serían las siguientes. Teniendo claro, obviamente, que debe celebrarse un juicio y determinar la culpabilidad o inocencia del edil así como del resto de investigados. En el caso de delito de cohecho (pedir, aceptar u ofrecer favores o dinero a cambio un acto relacionado con la función pública), las penas de prisión van de los dos a los seis años, dependiendo de si el cohecho es activo o pasivo y según la relación del acto con el cargo público. También conlleva multas e inhabilitación para ejercer un cargo público durante un cierto periodo de tiempo.

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Con respecto a la malversación (en este caso de dinero que es público, es decir, de todos), la pena de cárcel va de los dos a los ocho años, también dependiendo del tipo de delito y del valor de lo apropiado. De la misma forma que el cohecho, implica la inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

Por último, el delito de pertenencia a organización o grupo criminal (la Policía entiende que existe un grupo criminal para el reparto de contratos menores) está penado en el Código Penal con condenas de uno a ocho años de prisión. Aquí entran en juego varios factores, el principal, el rol que juega la persona acusada dentro de dicha organización criminal.

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